Malvinas: Argentina endurece el frente legal ante empresas y rechaza el respaldo británico a las operaciones en las islas

La mesa política se reunió para discutir la estrategia sobre Malvinas con la participación del canciller y el ministro de Defensa (Foto: Presidencia).

La disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo, esta vez con las empresas, las sanciones económicas y la explotación de recursos naturales en el centro de la tensión diplomática.

El Gobierno argentino rechazó la guía “Doing business with the Falkland Islands”, publicada el 15 de septiembre por el Ejecutivo británico para orientar y respaldar a empresas, inversores y proveedores vinculados con actividades económicas en el archipiélago. Londres sostiene en ese documento que Argentina no tiene jurisdicción sobre las islas ni puede aplicar allí su legislación interna, y reafirma su apoyo al desarrollo de los recursos naturales por parte de los isleños. La propia guía aclara, no obstante, que expresa la posición del Gobierno británico y no constituye asesoramiento jurídico.

La Cancillería argentina respondió ratificando la aplicación de las leyes 26.659 y 26.915, que regulan desde la legislación nacional las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental y establecen sanciones para determinadas operaciones realizadas sin autorización argentina. Ese esquema fue reforzado este mes mediante el Decreto 868/2026, que convirtió al Ministerio de Relaciones Exteriores en autoridad de aplicación y fijó un procedimiento específico para investigar eventuales infracciones.

“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, sostuvo la Cancillería al responder a Londres.

El planteo británico es diferente. El Gobierno del Reino Unido sostiene que las actividades desarrolladas bajo la administración de las islas son legítimas, reivindica el principio de autodeterminación de sus habitantes y afirma que la legislación argentina no puede alcanzar a compañías o particulares que hagan negocios vinculados con el archipiélago. Londres también ofreció asistencia institucional a empresas que reciban reclamos o comunicaciones de autoridades argentinas.

Buenos Aires, en cambio, decidió ampliar la presión administrativa, judicial y diplomática sobre la cadena empresarial vinculada con esas actividades. Según informó Cancillería, ya fueron cursadas cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas de 30 países. Además, existen 60 procedimientos administrativos en marcha y tres denuncias penales que, según la información oficial difundida, alcanzan a diez empresas y a directivos relacionados con ellas.

Los 60 procedimientos coinciden con dos tandas anunciadas oficialmente por la Casa Rosada durante septiembre: primero fueron abiertos expedientes contra 45 personas humanas y jurídicas y posteriormente se incorporaron otros 15 sujetos.

El Gobierno también avanzó por la vía penal. El 7 de septiembre anunció una denuncia contra distintas compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas, entre ellas firmas relacionadas con Navitas Petroleum, y posteriormente informó que ampliaría las presentaciones para alcanzar también a directores, gerentes, administradores y representantes involucrados en las operaciones cuestionadas por Argentina.

Uno de los principales puntos de conflicto es Sea Lion, el proyecto petrolero ubicado en la denominada Cuenca Malvinas Norte. Argentina cuestiona las licencias vinculadas con Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, al considerar que fueron otorgadas sin autorización de las autoridades argentinas.

En este escenario, Cancillería también realizó gestiones ante las representaciones diplomáticas del Reino Unido e Israel, países vinculados al origen de las principales compañías involucradas en Sea Lion, para transmitir formalmente las objeciones argentinas.

La respuesta argentina incorpora además como argumento la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1976, que insta a Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales en la situación mientras permanezca pendiente el proceso de negociación.

La cuestión de soberanía continúa formando parte de la agenda de Naciones Unidas. En 2026, el Comité Especial de Descolonización volvió a aprobar sin votación una resolución que llama a ambos gobiernos a retomar negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa. Reino Unido mantiene, por su parte, una posición basada en la autodeterminación de los habitantes de las islas.

Cancillería reiteró que Argentina mantiene su disposición a reanudar negociaciones bilaterales con el Reino Unido sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, mientras anunció que continuará utilizando herramientas administrativas, diplomáticas y judiciales frente a las actividades que considere realizadas sin autorización nacional.

El nuevo cruce muestra que la disputa por Malvinas ya no se desarrolla únicamente en el terreno diplomático: el alcance de las leyes, las inversiones internacionales, los recursos hidrocarburíferos y la responsabilidad de las empresas pasan a ocupar un lugar cada vez más relevante en el conflicto entre Buenos Aires y Londres.