El Gobierno de Neuquén confirmó oficialmente el inicio de los narcotest sorpresivos a funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, en el marco de la aplicación de la Ley 3531, normativa que incorporó controles toxicológicos obligatorios como requisito para el ejercicio y permanencia en cargos públicos de alta responsabilidad.
La medida comenzó a ejecutarse luego de concretarse los primeros sorteos aleatorios previstos por el sistema de control, y desde el Ejecutivo informaron que las primeras pruebas ya fueron realizadas sobre los funcionarios seleccionados.
La implementación marca un paso clave en la puesta en funcionamiento de una de las iniciativas que más debate político generó en la provincia durante el último año, vinculada a los estándares de transparencia, responsabilidad institucional y control dentro de la administración pública.
De acuerdo con la reglamentación vigente, las personas alcanzadas por la ley son incorporadas a una base de datos que es remitida por el Gobierno provincial al Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), organismo encargado de realizar los sorteos.
Según lo establecido por el Decreto 234, los procedimientos se desarrollan de manera trimestral durante los meses de enero, abril, julio y octubre.
En cada instancia se selecciona un universo equivalente al 12,5% de los funcionarios alcanzados por la norma, garantizando que quienes hayan sido sorteados no vuelvan a participar en el siguiente proceso. Una vez transcurridos dos años, el sistema reinicia el ciclo incluyendo nuevamente a la totalidad de los funcionarios comprendidos.
Desde el Ejecutivo explicaron que los funcionarios sorteados reciben una notificación formal y cuentan con un plazo máximo de 24 horas para presentarse a realizar el examen toxicológico.
El objetivo de ese mecanismo es preservar el carácter sorpresivo de los controles, considerado uno de los pilares fundamentales del espíritu de la ley.
“Las personas sorteadas recibieron una notificación formal y dispusieron de un plazo perentorio de 24 horas para someterse a la toma de muestras, garantizando de esta forma que los operativos cumplan con el factor sorpresa estipulado por la normativa”, indicaron fuentes oficiales.
Asimismo, confirmaron que los primeros controles ya fueron efectivamente realizados, aunque la legislación impide divulgar identidades o resultados individuales.
El protocolo implementado consiste en un sistema de screening rápido mediante muestras de orina destinado a detectar metabolitos asociados al consumo reciente de diversas sustancias.
Entre ellas se encuentran:
Cocaína y derivados.
Cannabis o marihuana.
Opiáceos.
Anfetaminas.
Metanfetaminas.
Benzodiacepinas sin prescripción médica.
Barbitúricos sin indicación profesional.
La normativa establece además que la negativa injustificada a realizarse el examen o la ausencia dentro del plazo de 24 horas se considerará automáticamente como un resultado positivo, generando las consecuencias administrativas previstas por la ley.
La legislación alcanza a una amplia nómina de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.
Entre ellos se encuentran:
Ministros y ministras.
Secretarios y subsecretarios.
Directores provinciales.
Autoridades de organismos descentralizados y autárquicos.
El Fiscal de Estado.
El costo de cada análisis corre por cuenta del funcionario examinado y se descuenta directamente de sus haberes.
La implementación del sistema avanza de manera progresiva en los distintos poderes del Estado.
El Poder Judicial ya concretó recientemente su primer sorteo de funcionarios y magistrados para someterse a los controles.
En contraste, la Legislatura provincial continúa siendo el único poder que aún no puso en marcha plenamente el mecanismo previsto por la ley sancionada en septiembre de 2025.
La situación generó cuestionamientos políticos y un intercambio público entre la vicepresidenta primera de la Cámara, Zulma Reina, y el diputado Claudio Domínguez, respecto de las responsabilidades institucionales para reglamentar e instrumentar la norma dentro del ámbito legislativo.
La Ley 3531 establece que el Ministerio de Salud, en su carácter de autoridad de aplicación, deberá remitir anualmente un informe de cumplimiento a la Legislatura provincial.
Ese reporte deberá contener indicadores generales sobre la implementación del sistema, respetando estrictamente la confidencialidad de los funcionarios sometidos a control.
Además, la normativa prevé la publicación de una versión pública con datos estadísticos despersonalizados a través de los canales oficiales del Gobierno provincial.
Con los primeros sorteos concretados y las pruebas ya realizadas, Neuquén inició formalmente una etapa inédita de control toxicológico dentro de la función pública, una herramienta que el Gobierno presenta como parte de una política de transparencia y responsabilidad institucional en el ejercicio de los cargos públicos.
