Neuquén debate un nuevo sistema de declaraciones juradas para los tres poderes del Estado
Legislatura
La discusión sobre la transparencia en la función pública sumó un nuevo capítulo en la Legislatura neuquina. La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) analizó una serie de proyectos que proponen reemplazar el actual régimen de declaraciones juradas patrimoniales por una normativa más amplia, moderna y con mayores herramientas de control sobre los bienes de quienes ejercen cargos públicos.
Tras un extenso intercambio de posiciones, los diputados acordaron mantener las iniciativas en estudio para incorporar modificaciones, solicitar información complementaria y avanzar en la construcción de consensos entre los distintos bloques políticos.
El debate gira en torno a la derogación de la Ley Provincial N° 5, vigente desde 1958, y su reemplazo por un nuevo esquema que alcance a funcionarios de los tres poderes del Estado, con mayores exigencias de publicidad, seguimiento patrimonial y mecanismos de fiscalización.
Tres proyectos con un mismo objetivo: reforzar la transparencia
Las propuestas en análisis fueron impulsadas por distintos espacios políticos, aunque todas comparten un objetivo común: fortalecer los estándares de ética pública y transparentar la evolución patrimonial de quienes administran recursos del Estado.
Entre las iniciativas se encuentran un proyecto presentado por el bloque Cumplir, otro impulsado por el interbloque conformado por Democracia Neuquén, Cumplir y Juntos por el Cambio-UCR, y una tercera propuesta elaborada por Unión por la Patria.
Durante la reunión se debatieron aspectos centrales como el acceso público a las declaraciones juradas, los organismos responsables de controlar la información presentada, los mecanismos para detectar inconsistencias patrimoniales y la necesidad de actualizar una legislación que lleva más de seis décadas de vigencia.
Buchiniz: “Hay que transformar los compromisos de transparencia en herramientas concretas”
Al defender una de las iniciativas, la diputada Brenda Buchiniz destacó que el proyecto busca convertir en políticas públicas efectivas los compromisos de transparencia institucional anunciados por el gobierno provincial.
La legisladora recordó que, tras los acontecimientos que derivaron en la destitución de la ex vicegobernadora, el Poder Ejecutivo impulsó medidas para exigir el cumplimiento de obligaciones que ya estaban previstas en la antigua legislación.
“La provincia necesita un régimen moderno, actualizado y efectivo para controlar la evolución patrimonial de quienes ejercen responsabilidades públicas”, sostuvo Brenda Buchiniz al fundamentar la propuesta.
La diputada remarcó además que la Ley N° 5 fue sancionada en 1958 y que las nuevas exigencias en materia de transparencia requieren instrumentos acordes a los estándares actuales de control estatal.
Gass vinculó el debate con la crisis de confianza en la política
Por su parte, el diputado César Gass consideró que la reforma representa una oportunidad para recuperar credibilidad institucional en un contexto marcado por el creciente descreimiento ciudadano hacia la dirigencia política.
El legislador sostuvo que la transparencia patrimonial debe convertirse en una política de Estado y mencionó como ejemplo reciente el caso que involucra al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, cuya situación patrimonial viene siendo objeto de debate público.
“La ciudadanía tiene derecho a conocer cuál es el patrimonio de un funcionario cuando asume y cuál es cuando deja el cargo”, afirmó César Gass.
En ese sentido, destacó que la iniciativa se inscribe en una línea de reformas orientadas a fortalecer los mecanismos de control institucional, junto con otras herramientas impulsadas en los últimos años, como la Ley de Ficha Limpia y los controles de narcotest para funcionarios.
Domínguez propuso ampliar las investigaciones patrimoniales
Uno de los planteos más profundos del debate llegó desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
El diputado Claudio Domínguez consideró que limitar el control únicamente a la presentación de declaraciones juradas puede resultar insuficiente para detectar posibles irregularidades.
Por ello propuso avanzar hacia un sistema que permita investigar la evolución patrimonial de los funcionarios y también la de su entorno familiar y societario.
“Hay que ir más a fondo y no quedarse solamente en la presentación de papeles”, planteó Claudio Domínguez.
El legislador sugirió la creación de una comisión específica de investigación que tenga facultades para realizar seguimientos patrimoniales durante y después del ejercicio de la función pública.
La propuesta apunta a detectar posibles incrementos patrimoniales injustificados que puedan producirse incluso una vez finalizado el mandato de un funcionario.
“De nada sirve hacer una ley para la tribuna si después no existen herramientas para hacerla cumplir”, advirtió Claudio Domínguez.
Asimismo, cuestionó la falta de aplicación efectiva de algunas normas ya vigentes y propuso solicitar informes sobre el grado de cumplimiento de determinadas leyes relacionadas con la transparencia y el control estatal.
Un debate que recién comienza
Con posiciones coincidentes respecto de la necesidad de modernizar el sistema, pero diferencias sobre el alcance de los controles y las herramientas de fiscalización, la comisión resolvió mantener los proyectos en análisis.
La expectativa ahora está puesta en las próximas reuniones legislativas, donde podrían incorporarse nuevas propuestas destinadas a fortalecer los mecanismos de control patrimonial y garantizar una mayor transparencia en el ejercicio de la función pública.
La discusión abre un debate de fondo sobre cómo controlar el patrimonio de quienes administran recursos del Estado y qué herramientas necesita la democracia para garantizar la confianza ciudadana en sus instituciones.
