La provincia de Neuquén puso en marcha una nueva etapa del proceso de reforma judicial orientado a modernizar el sistema de familia, con el inicio formal del trabajo legislativo y técnico para la elaboración del nuevo Código Procesal de Familia.
La comisión interpoderes encargada de redactar el nuevo instrumento comenzó este martes una ronda intensiva de reuniones en la Legislatura provincial con participación de representantes de los tres poderes del Estado, universidades, colegios profesionales, magistrados, organismos judiciales, Policía provincial y delegados regionales.
Según se informó durante la apertura, el cuerpo tendrá plazo hasta octubre para avanzar en la sanción definitiva del nuevo marco procesal.
El acto estuvo encabezado por la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres; y el titular de la comisión interpoderes, Ernesto Novoa.
“Pretendemos que este Código también sea un ejemplo”, afirmó Zulma Reina.
La dirigente destacó especialmente la metodología de trabajo implementada durante la reforma del Código Procesal Civil adversarial, proceso que el oficialismo provincial toma como modelo institucional para la nueva discusión.
En ese contexto, Reina confirmó que la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, encargada de la conducción técnica del proceso, ya remitió un anteproyecto compuesto por 314 artículos que servirá como base de análisis para el debate legislativo y judicial.
La reforma busca cubrir uno de los vacíos históricos del sistema judicial neuquino: la ausencia de un régimen procesal específico y actualizado para conflictos de familia, niñez y violencia familiar.
Por su parte, Mazieres remarcó el carácter participativo del proceso y sostuvo que el nuevo texto deberá responder a las particularidades sociales y territoriales de la provincia.
“El camino recorrido ha sido de construcción colectiva y federal”, expresó Gustavo Mazieres.
El presidente del TSJ aseguró además que el objetivo es construir “un Código Procesal de Familia bien neuquino” y ratificó el acompañamiento técnico del Poder Judicial durante todo el proceso legislativo.
A su turno, Novoa definió la instancia como “una nueva jornada institucional histórica” y la vinculó directamente con el plan impulsado por el gobernador Rolando Figueroa para modernizar el sistema procesal provincial.
“Es el último tramo de la iniciativa para modernizar los códigos procesales de la provincia”, sostuvo Ernesto Novoa.
La diputada Cielubi Obreque explicó que la comisión trabajará semanalmente y precisó que gran parte de los aportes territoriales ya fueron recopilados durante las recorridas realizadas en el interior provincial en el marco de la reforma civil y comercial.
También confirmó que colaborará técnicamente la especialista Mariel Molina de Juan.
Uno de los puntos más relevantes del debate estuvo centrado en la necesidad de adaptar el futuro Código a las realidades territoriales y sociales de Neuquén.
Desde el Ministerio Público de la Defensa, la defensora general Vanina Merlo advirtió sobre la importancia de incorporar una mirada integral vinculada a niñez, violencia y salud mental.
Además, señaló que la reforma deberá articularse con otros cambios normativos en marcha a nivel nacional, entre ellos:
La representante de UCASAL y ex jueza de familia, María Gabriela Ávila, recordó que desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial los jueces debieron resolver conflictos “pretorianamente” por falta de regulación procesal específica.
“Es una gran necesidad que tiene la provincia hace muchos años”, afirmó.
Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios, Eliana Fortbetil sostuvo que el nuevo esquema no debe limitarse a definiciones declarativas y pidió contemplar la capacidad operativa de cada localidad neuquina.
El debate expuso además la creciente complejidad social que atraviesa el sistema judicial de familia, especialmente en contextos vinculados a violencia, niñez y conflictos intrafamiliares.
En ese sentido, representantes de la Policía provincial remarcaron el impacto cotidiano que tienen este tipo de situaciones sobre el trabajo operativo de las fuerzas de seguridad.
“Un 33% de todas las denuncias recibidas son por violencia familiar”, advirtió Pablo Carballal, de la dirección de Planeamiento policial.
La cifra encendió alertas dentro del debate y reforzó la necesidad de contar con herramientas procesales más ágiles, especializadas y adaptadas a la realidad neuquina.
Del encuentro participaron además diputados de distintos bloques políticos, representantes académicos de la UNCo, integrantes del Colegio de Abogados, funcionarios del Poder Ejecutivo y autoridades judiciales.
La reforma del Código Procesal de Familia aparece así como uno de los movimientos institucionales más importantes que actualmente atraviesa Neuquén, en un escenario donde la modernización judicial comienza a ocupar un lugar estratégico dentro de la agenda política provincial.
