Presentaron un proyecto para crear un sistema provincial de denuncias anónimas por corrupción

Un proyecto de ley ingresado en la Legislatura neuquina propone la creación de un sistema provincial de denuncias confidenciales destinado a detectar posibles hechos de corrupción dentro del Estado y garantizar protección a quienes aporten información sensible.

La iniciativa fue impulsada por los particulares Alfredo Cury y Juan Cardozo, y plantea la implementación de múltiples canales oficiales para recepcionar denuncias vinculadas a delitos contra la administración pública, irregularidades en contrataciones estatales y manejo de fondos públicos.

El expediente legislativo —identificado con el número 18329— fue presentado el pasado 8 de mayo a través de Mesa de Entradas.

Un 0800 gratuito, anónimo y operativo las 24 horas

El proyecto contempla la creación de una línea telefónica gratuita tipo 0800, disponible desde cualquier punto de la provincia y con funcionamiento permanente durante las 24 horas.

Según establece la propuesta, durante el horario diurno la atención será personalizada, mientras que durante la noche el sistema funcionará mediante grabaciones automatizadas destinadas a recepcionar datos, testimonios y documentación aportada por denunciantes.

Además del canal telefónico, la iniciativa incorpora otros mecanismos digitales y presenciales para realizar presentaciones:

• Correo electrónico oficial.
• Formularios digitales mediante página web.
• Aplicación móvil.
• Entrega presencial de documentación.
• Envío de información por correo postal.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la garantía de confidencialidad tanto sobre la información suministrada como respecto de la identidad del denunciante.

Qué delitos podrían denunciarse

La iniciativa establece que las denuncias deberán encuadrarse dentro de los delitos previstos en el Título XI del Libro Segundo del Código Penal, referido a delitos contra la administración pública.

Entre ellos se incluyen:

• Cohecho.
• Malversación de fondos.
• Enriquecimiento ilícito.
• Fraude contra la administración pública.
• Negociaciones incompatibles con la función pública.
• Exacciones ilegales.
• Encubrimiento agravado.
• Prevaricato.

A su vez, el proyecto amplía el alcance de las denuncias a posibles irregularidades administrativas vinculadas a:

• Contrataciones públicas.
• Ejecución de obras públicas.
• Prestación de servicios públicos.
• Programas sociales.
• Subsidios estatales.
• Violaciones a la ética pública.
• Incompatibilidades funcionales.

Evaluación preliminar en 72 horas

La propuesta establece que la autoridad de aplicación tendrá un plazo máximo de 72 horas para analizar la información presentada y determinar si la denuncia reúne elementos suficientes para ser considerada admisible.

En caso de avanzar, el expediente deberá ser derivado a los organismos competentes, entre ellos:

• Ministerio Público Fiscal.
• Fiscalía de Estado.
• Tribunal de Cuentas.
• Municipios u organismos locales correspondientes.

El objetivo es que cada organismo continúe el procedimiento administrativo o judicial que corresponda según la naturaleza de los hechos denunciados.

“Falta de canales seguros para denunciar”

En los fundamentos del proyecto, sus impulsores sostienen que uno de los principales problemas para detectar hechos de corrupción es la ausencia de herramientas institucionales confiables y protegidas para quienes deciden denunciar.

“Uno de los principales obstáculos para la detección temprana de hechos de corrupción es la ausencia de canales institucionales seguros, accesibles y confiables”, señala el texto.

Asimismo, advierten que muchas personas evitan realizar denuncias por temor a posibles represalias laborales, políticas o personales.

La propuesta busca instalar un sistema de protección y anonimato que incentive la participación ciudadana y fortalezca los mecanismos de control sobre el manejo de recursos públicos.

Un debate sensible en medio de crecientes denuncias públicas

La presentación del proyecto se produce en un contexto de creciente tensión política e institucional en distintas localidades neuquinas, atravesadas por denuncias sobre manejo de fondos públicos, contrataciones y ejecución de obra pública.

En ese escenario, la iniciativa podría abrir un nuevo debate sobre los mecanismos de transparencia, control estatal y protección de denunciantes dentro de la administración pública provincial y municipal.