En un contexto de creciente preocupación por la seguridad en ámbitos sensibles, un grupo transversal de legisladores provinciales impulsa en Neuquén la creación de un Sistema Provincial de Videovigilancia Preventiva, orientado a instituciones educativas y de salud, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito sin vulnerar derechos fundamentales.
La iniciativa, ingresada formalmente en la Legislatura bajo el expediente N° 18281, propone la incorporación de dispositivos de monitoreo en espacios públicos de circulación dentro de escuelas y hospitales, en el marco de una política que busca incrementar la capacidad de respuesta estatal ante situaciones de riesgo y conflictividad social.
En los fundamentos del proyecto, sus autores sostienen que “se trata de una herramienta concreta y moderna orientada a la prevención del delito, la disuasión de conductas violentas y la mejora en la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, priorizando siempre la protección de las personas por sobre cualquier otro fin”.
El texto establece un esquema diferenciado entre los sectores público y privado. En el ámbito estatal, la implementación del sistema será de carácter obligatorio, mientras que para instituciones privadas se prevé un régimen de adhesión voluntaria acompañado de incentivos específicos. Entre ellos, se contemplan beneficios fiscales, asistencia ante alertas de seguridad y bonificaciones en servicios de conectividad para transmisión de datos.
Las cámaras estarán habilitadas únicamente en espacios comunes —como pasillos, patios, salas de espera y áreas de atención al público—, excluyendo de manera expresa aquellos sectores donde pueda verse comprometida la privacidad. En ese sentido, el proyecto prohíbe su instalación en baños, vestuarios, consultorios médicos y aulas durante el dictado de clases, estableciendo un límite operativo clave para resguardar derechos individuales.
Asimismo, se incorpora una restricción tecnológica relevante: queda expresamente excluido el uso de sistemas biométricos, como el reconocimiento facial, con especial énfasis en la protección de menores de edad.
El sistema propuesto funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad provincial, con conexión directa a un centro de monitoreo. El acceso a las imágenes estará estrictamente limitado a autoridades competentes, incluyendo al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, únicamente en el marco de investigaciones formales.
En materia de protección de datos, se establece un plazo máximo de conservación de las grabaciones de 30 días, tras el cual deberán ser eliminadas automáticamente, salvo requerimiento judicial específico. Este punto busca garantizar un equilibrio entre la utilización de tecnología de vigilancia y el resguardo de la intimidad de las personas.
El proyecto se inscribe en una línea de políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia institucional y la protección de trabajadores, en consonancia con la ley provincial N° 3522. Desde esta perspectiva, se plantea que la videovigilancia puede actuar como herramienta disuasiva frente a hechos de violencia, vandalismo y delitos contra la propiedad, además de contribuir al esclarecimiento de hechos en instancias judiciales y administrativas.
No obstante, el trasfondo político del debate se centra en la tensión estructural entre seguridad y derechos civiles. En ese marco, la iniciativa intenta establecer límites normativos claros, protocolos de acceso a la información y mecanismos de resguardo de datos personales, en un intento por evitar abusos o desvíos en el uso de la tecnología.
El proyecto cuenta con las firmas de Gerardo Gutiérrez (MPN), Brenda Buchiniz (Cumplir), Cecilia Papa (Democracia Neuquén) y César Gass (JxC-UCR), además de la adhesión de Mercedes Tulián, consolidando un respaldo político plural que anticipa un debate legislativo de alto impacto.
