Política | Legislatura
Un nuevo proyecto de ley ingresó a la Legislatura de Neuquén con el objetivo de incorporar sanciones para padres, tutores o responsables legales de menores involucrados en hechos de acoso escolar, en el marco de una estrategia que busca reforzar la prevención de la violencia en ámbitos educativos.
La iniciativa fue presentada por los diputados Darío Peralta y Darío Martínez, integrantes del espacio Unión por la Patria, junto a legisladores de otros bloques, y propone modificar el Código de Faltas de la provincia mediante la incorporación de nuevos artículos que establecen la responsabilidad contravencional de los adultos a cargo.
Responsabilidad parental bajo la lupa
El proyecto parte de un diagnóstico que califica al bullying como una problemática de creciente gravedad dentro del sistema educativo, con consecuencias que —según los autores— impactan de manera directa en la salud física y emocional de las víctimas.
Entre los efectos señalados se incluyen cuadros de ansiedad, retraimiento social, abandono escolar e incluso conductas autolesivas en situaciones extremas. En este contexto, los legisladores sostienen que el Estado tiene la obligación de garantizar entornos escolares seguros, lo que implica también establecer mecanismos de corresponsabilidad.
Sanciones y alcance de la propuesta
La iniciativa contempla la incorporación de los artículos 74 bis, ter y quater al Código de Faltas, definiendo un esquema de sanciones progresivas para los adultos responsables cuando se verifique que el menor incurre en conductas reiteradas de hostigamiento.
Las penalidades previstas incluyen:
- Multas económicas de entre 5 y 10 JUS
- Trabajo comunitario de hasta 30 jornadas
- Arresto de hasta 15 días en casos de mayor gravedad o reincidencia
Según el texto, estas medidas buscan dotar al sistema judicial de herramientas concretas para intervenir ante situaciones donde el acoso escolar se vuelve sistemático y persistente.
Criterios de aplicación y excepciones
El proyecto también introduce criterios de razonabilidad para evitar sanciones injustas. En ese sentido, el artículo 74 quater establece causales de eximición para aquellos adultos que no puedan ejercer efectivamente la responsabilidad parental por decisiones judiciales, como regímenes de cuidado personal, restricciones de contacto o suspensión de derechos.
De este modo, se intenta equilibrar el principio de responsabilidad con las realidades familiares complejas, otorgando al juez la posibilidad de evaluar cada caso en función de sus particularidades.
Intervención judicial y proporcionalidad
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la facultad que se otorga a la Justicia para graduar las sanciones en función de los antecedentes, la reiteración de la conducta y el nivel de gravedad del hecho.
El enfoque apunta a construir respuestas proporcionales, evitando tanto la impunidad como la aplicación automática de penas, en un esquema que combina prevención, sanción y responsabilidad compartida.
Ingreso formal y respaldo político
El proyecto, identificado con el número 18220, ingresó formalmente el 30 de marzo de 2026 y cuenta con el acompañamiento de legisladores de distintos espacios, entre ellos Mónica Guanque, Federico Méndez y Cecilia Papa, del bloque Democracia Neuquén.
Debate abierto: prevención, sanción y rol familiar
La propuesta abre un debate de fondo sobre el rol de las familias en la prevención del acoso escolar y los límites de la intervención estatal en la vida privada.
Mientras avanza su tratamiento legislativo, el proyecto plantea un cambio de enfoque: trasladar parte de la responsabilidad hacia los adultos responsables, en un intento por abordar el bullying no solo como un problema escolar, sino también social y familiar.
