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“El aumento histórico nunca llegó”: reclamo policial contra el Gobierno

Economía en NeuquénRedacciónRedacción

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La situación interna de la Policía de Neuquén volvió a quedar en el centro del debate público tras las declaraciones del policía retirado Sergio Alvear, referente de la agrupación Retirados por la Vida, quien expuso un diagnóstico crítico sobre el presente salarial, estructural y operativo de la fuerza.

En una entrevista radial emitida en un medio zapalino, Alvear describió un escenario de deterioro progresivo que, según sostuvo, no ha sido revertido por la actual gestión provincial, pese a compromisos asumidos durante la campaña electoral. “Se prometió un aumento histórico que nunca se materializó”, afirmó, al tiempo que cuestionó la falta de cumplimiento de anuncios que generaron expectativas dentro de la institución.

Salarios en caída frente al costo de vida

El eje más contundente del reclamo radica en el nivel de ingresos de los efectivos. Según detalló, el salario básico de un agente ronda los 190 mil pesos, una cifra que —remarcó— se encuentra muy por debajo de la canasta básica.

El planteo no se limita a la coyuntura actual, sino que apunta a un atraso estructural: “Desde 2013 no hay una recomposición real del básico. Solo se aplicaron ajustes por inflación, como en el resto del sector público”, explicó. En ese contexto, el sector exige una recomposición de al menos el 200% para comenzar a revertir la pérdida acumulada.

Alvear también introdujo una comparación interjurisdiccional que expone la brecha salarial: en distritos como la Ciudad de Buenos Aires o Córdoba, los ingresos policiales superan ampliamente los registrados en Neuquén, pese a que —según indicó— el costo de vida en la provincia patagónica es significativamente más alto.

“En la Ciudad de Buenos Aires un agente gana más de 3 millones, en Córdoba cerca de 2,8 millones. Neuquén es más caro y cobramos muchísimo menos".

Falta de diálogo institucional

Otro de los puntos señalados fue la ausencia de canales sostenidos de negociación con el Ejecutivo. El referente indicó que solo se concretó una reunión con el ministro de Seguridad el pasado 9 de marzo, sin continuidad posterior pese a nuevos pedidos de audiencia.

La falta de respuestas oficiales comienza a tensar el vínculo entre el Gobierno y un sector que advierte sobre el agravamiento de las condiciones laborales.

Condiciones precarias y dificultades cotidianas

Más allá de lo salarial, Alvear describió situaciones que reflejan un deterioro en las condiciones de trabajo. Entre ellas, mencionó casos de efectivos que deben trasladarse entre localidades sin contar con medios propios, llegando incluso a hacer dedo para cumplir con sus funciones.

“Es terrible. Hay policías que tienen que hacer dedo para ir a trabajar”.

El problema, explicó, está vinculado a la falta de cobertura de traslados y desarraigo. En ese sentido, planteó la necesidad de retomar convenios con empresas de transporte o implementar compensaciones específicas.

También denunció falencias en materia habitacional: aspirantes provenientes del interior sin alojamiento, situaciones de precariedad extrema y dificultades de acceso a la tierra incluso para personal con discapacidad.

“Hay aspirantes que vienen del interior y no tienen dónde dormir. Algunos terminan en estaciones de servicio”.

Limitaciones operativas y cambios normativos

En el plano funcional, Alvear advirtió sobre una merma en las herramientas legales y operativas disponibles para el personal en la vía pública. Según indicó, modificaciones en el código contravencional redujeron facultades clave, lo que impacta directamente en la capacidad de intervención policial.

A esto se suma —según su visión— una “jerarquización mal entendida”, centrada en la ampliación de rangos sin correlato en mejoras salariales ni en condiciones de trabajo.

Reconocimiento al personal y advertencia de fondo

Pese al tono crítico, el referente destacó el nivel profesional de la fuerza, a la que consideró entre las más calificadas del país. Sin embargo, advirtió que ese capital humano no encuentra correlato en la retribución ni en el respaldo institucional.

“El sistema necesita ser replanteado en su conjunto”, sostuvo, al describir una situación que definió como insostenible para muchos efectivos y sus familias.