Tras la detención de Soiza, se entregaron los dos buscados

Estafa con planes sociales: piden prisión preventiva
Tras la detención de Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales de la Provincia de Neuquén, este miércoles por la mañana el fiscal del caso Juan Narváez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli confirmaron que pedirán la prisión preventiva por el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Mientras transcurrió la jornada, se entregaron voluntariamente los dos imputados que tenían orden de detención en relación a la causa por estafas con planes sociales. Los imputados, Marcos Osuna y Néstor Pablo Sanz, fueron buscados en sus domicilios durante los allanamientos de esta mañana y no fueron encontrados. Sin embargo, decidirá entregarse posteriormente.

En cuanto a la audiencia de Control de Detención de Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales de Desarrollo Social, que estaba programada para esta tarde, se pospuso hasta el próximo lunes. Esta medida se debe a que el abogado de Soiza también está implicado en la causa, por lo que se designará un defensor oficial para representarlo en la audiencia.

Los tres acusados, Soiza, Osuna y Sanz, enfrentan cargos por Asociación Ilícita en calidad de organizadores en el marco de la investigación por estafa con planes sociales. Se ha determinado que durante el curso de la investigación, estas personas emitieron órdenes para borrar información y eliminar de dispositivos electrónicos, además de presionar y acosar a personas que tenían conocimiento sobre el caso y que no pudieron proporcionar testimonio a la fiscalía debido a esta intimidación .

En los allanamientos realizados esta mañana, se detuvo a Soiza en su domicilio y se encontraron elementos relevantes para la causa. En su vivienda, se confiscaron 750 mil pesos y 2500 dólares, mientras que en su comercio se incautaron más de un millón y medio de pesos y dos computadoras ocultas en un entretecho.

El fiscal Vignaroli ha detallado que se han recopilado pruebas que demuestran la participación de estas personas en la destrucción de evidencia y el hostigamiento de posibles testigos en relación al caso de estafa con planes sociales.