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Nación avanza con la concesión de rutas por peaje: la Ruta 237 de Neuquén entra en el nuevo esquema privado

La medida incluye corredores estratégicos de la Patagonia y establece un plazo de doce meses para convocar a licitaciones. 

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INFOGO DIARIO | POLÍTICA Y ECONOMÍA

INFRAESTRUCTURA VIAL | CONCESIONES Y PEAJES

El Gobierno de Javier Milei oficializó una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones, que contempla transferir la administración y el mantenimiento de tramos de rutas nacionales a operadores privados. La medida incluye corredores estratégicos de la Patagonia y establece un plazo de doce meses para convocar a licitaciones. Los tramos definitivos y las condiciones tarifarias todavía deberán establecerse.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de su política de concesiones viales al incorporar más rutas nacionales al esquema de administración privada mediante el cobro de peajes, una decisión que también alcanza a corredores estratégicos de la provincia del Neuquén.

La medida fue oficializada este viernes 13 de noviembre de 2026, a través del Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forma parte del programa denominado Red Federal de Concesiones.

La normativa dispone que el Ministerio de Economía, mediante la Secretaría de Transporte, deberá convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales dentro de un plazo de doce meses desde la entrada en vigencia del decreto.

El objetivo declarado por el Ejecutivo es ampliar la participación del sector privado en la infraestructura vial, reducir la necesidad de financiamiento estatal y promover inversiones en mantenimiento, conservación, rehabilitación y seguridad de las rutas. 

Neuquén y la Patagonia, dentro del nuevo esquema

Uno de los aspectos de mayor relevancia regional es la incorporación de la Ruta Nacional 237, un corredor fundamental para la conectividad entre el Alto Valle, la zona centro y la región cordillerana de Neuquén.

La ruta constituye una vía estratégica para el transporte de pasajeros, el turismo, el abastecimiento y la circulación de cargas hacia distintos destinos patagónicos.

También figuran dentro del listado nacional tramos de la Ruta 3, que atraviesa Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz; las rutas 25 y 26, en Chubut; y la Ruta 22, en sectores de Buenos Aires y La Pampa, entre otros corredores.

En el caso de la Ruta 237, el decreto incorpora la traza al universo de rutas susceptibles de concesión, pero no determina todavía qué kilómetros serán licitados ni dónde podrían instalarse estaciones de peaje.

Esas definiciones quedarán sujetas a estudios técnicos, económicos y tarifarios posteriores.

Qué rutas nacionales están incluidas

La nueva etapa comprende las siguientes trazas nacionales, total o parcialmente, según la delimitación que se establezca:

Rutas nacionales

Provincias mencionadas

3

Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz

9

Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy

11

Santa Fe, Chaco y Formosa

12 y 14

Entre Ríos, Corrientes y Misiones

16

Santiago del Estero, Chaco y Salta

22

Buenos Aires y La Pampa

25 y 26

Chubut

33, 35 y 38

Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y La Rioja, según la ruta

34, 50 y 60

Jujuy, Salta y Córdoba, según la ruta

81, 86 y 89

Formosa, Chaco y Santiago del Estero, según la ruta

120, 121 y 122

Corrientes

151 y 152

La Pampa, según el listado difundido

158

Córdoba

228 y A0017

Buenos Aires

237

Neuquén

La enumeración identifica rutas contempladas en el proceso, no necesariamente la totalidad de sus recorridos.

El sector privado asumirá obras, mantenimiento y servicios

El nuevo régimen permitirá otorgar concesiones para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación y mantenimiento de infraestructura vial, además de la prestación de servicios a los usuarios.

El Gobierno sostiene que el modelo se financiará mediante inversión privada y que las empresas adjudicatarias asumirán las obligaciones previstas en los contratos.

Entre los fundamentos del decreto, el Ejecutivo señala que la política pretende:

“Rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad”.

La medida también se vincula con el objetivo nacional de reducir el déficit fiscal y sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

La Dirección Nacional de Vialidad continuará desempeñándose como autoridad de aplicación, supervisión y control de los futuros contratos. 

Un año para licitar y definir las condiciones de los peajes

El decreto establece que la Secretaría de Transporte deberá avanzar con la convocatoria a licitación pública nacional e internacional dentro de los doce meses posteriores a la entrada en vigencia de la norma.

Antes de ese procedimiento se realizarán audiencias públicas, en las que podrán participar usuarios, gobiernos provinciales, municipios y otros sectores interesados. 

La autoridad nacional tendrá que definir los corredores específicos, aprobar los pliegos de condiciones, evaluar ofertas y adjudicar los contratos.

Por el momento, no se anunciaron montos de peaje, ubicaciones de cabinas, empresas adjudicatarias ni fechas de inicio de cobro para la Ruta Nacional 237.

El debate por el financiamiento y el estado de las rutas

La ampliación de las concesiones introduce una discusión sobre el modelo de financiamiento de la infraestructura vial argentina.

Desde la perspectiva del Gobierno nacional, la participación privada permitiría movilizar inversiones y sostener tareas de mantenimiento sin recurrir al mismo esquema de aportes presupuestarios del Estado.

Sin embargo, el sistema también plantea interrogantes sobre el costo que deberán afrontar los usuarios, las obligaciones de inversión de las concesionarias y los mecanismos efectivos de fiscalización.

Para Neuquén, la discusión adquiere particular importancia por el papel que cumplen las rutas nacionales en la integración territorial, el turismo y el transporte productivo.

La incorporación de una ruta al régimen de concesión no garantiza por sí sola una mejora de su infraestructura: los resultados dependerán de las obras exigidas, el cumplimiento de los contratos y la capacidad de control del Estado.

El desafío será establecer un equilibrio entre inversiones privadas, condiciones de transitabilidad y tarifas razonables para quienes utilizan diariamente la red vial nacional.

Fuente oficial: Decreto 1358/2026 — Boletín Oficial de la República Argentina.

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