Neuquén acelera la inversión en seguridad: 45 obras, más cámaras y un plan para renovar comisarías

El Gobierno de Neuquén avanza con un amplio programa de infraestructura y equipamiento para el sistema de seguridad provincial, que contempla 45 obras distribuidas en distintos puntos del territorio y más de 46.500 metros cuadrados de construcción e intervención.

Durante un informe de gestión realizado en el Espacio Duam, el gobernador Rolando Figueroa colocó entre las prioridades la recuperación de las comisarías y aseguró que el objetivo es intervenir progresivamente la totalidad de las dependencias provinciales.

“Es una prioridad mejorar absolutamente todas las comisarías de la provincia. Hemos arrancado con diez, pero queremos llegar a todas”, sostuvo Figueroa.

El mandatario afirmó que al asumir en diciembre de 2023 encontró un importante deterioro en la infraestructura policial. Como parte del programa mencionó la comisaría de Centenario, ya inaugurada después de su intervención, y la obra que actualmente se ejecuta en Alta Barda.

Los trabajos previstos en las distintas dependencias incluyen refacciones integrales, ampliaciones, renovación de oficinas, sanitarios y vestuarios, mejoras en alojamientos transitorios y modernización de las instalaciones eléctricas, de gas, agua y cloacas. También se contemplan intervenciones en espacios operativos y playones destinados a los móviles policiales.

La política de seguridad provincial incorpora además una fuerte expansión tecnológica. Según los datos presentados oficialmente, Neuquén contaba con 622 cámaras de videoseguridad en 2023 y alcanzó 2.040 dispositivos operativos en 2025. La meta anunciada por el Ejecutivo es llegar a 4.200 cámaras durante 2027.

El objetivo es ampliar la capacidad de prevención, monitoreo e investigación mediante una red tecnológica cada vez más extendida, aunque su efectividad dependerá también de la integración de los sistemas, el personal disponible y los protocolos de utilización.

Otro componente del plan es la renovación del parque automotor policial. El Gobierno informó que en 2023 había 690 móviles y que durante 2026 prevé alcanzar los 950 vehículos, dentro de un proceso de incorporación desarrollado durante los últimos tres años.

A esa estructura se suma una inversión superior a 5.500 millones de pesos en dispositivos menos letales. La Provincia adquirió 100 Taser, 1.000 dispositivos cortos Byrna, 100 rifles Byrna y 200 cámaras corporales, equipamiento cuya utilización está vinculada a capacitación específica y protocolos de intervención policial.

Las bodycams forman parte de un esquema que busca registrar procedimientos y mejorar la trazabilidad de las intervenciones, mientras la incorporación de Taser y Byrna apunta a disponer de alternativas previas al uso de armas de fuego en situaciones que así lo permitan. Durante agosto, la Provincia informó además la certificación de 103 nuevos operadores de Taser 10.

El otro frente: ampliar el sistema penitenciario

La inversión en seguridad también alcanza a la infraestructura carcelaria.

Figueroa señaló que al comienzo de su gestión existían 492 plazas penitenciarias y que actualmente se encuentran en ejecución más de 910 nuevas plazas, dentro de un programa que suma más de 38.000 metros cuadrados de infraestructura carcelaria.

La ampliación busca reducir uno de los problemas que históricamente impactó sobre las dependencias policiales: la permanencia de personas privadas de su libertad en comisarías que no fueron diseñadas para funcionar como unidades penitenciarias.

“Esto va a alivianar mucho el trabajo de las comisarías, que están sumamente sobrecargadas de trabajo que no tendrían que estar haciendo”, afirmó el gobernador.

Esta semana, además, Figueroa supervisó la ampliación de la Unidad de Detención N°11, donde está prevista para octubre la apertura de una nueva etapa de máxima seguridad.

El esquema presentado por Provincia muestra así una política que busca intervenir varios frentes al mismo tiempo: edificios policiales, tecnología, vehículos, equipamiento operativo y capacidad penitenciaria.

El desafío será que ese volumen de inversión pueda traducirse en algo más complejo que sumar infraestructura y equipamiento: mejorar la capacidad preventiva, la respuesta policial y las condiciones de seguridad cotidianas en cada localidad de Neuquén.