El Ministerio Público Fiscal y la Municipalidad de Neuquén articularon una suspensión de juicio a prueba por 18 meses. El imputado deberá pagar $5 millones, cumplir reglas de conducta, realizar tareas comunitarias y mantener prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la víctima.

Un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal de Neuquén y la subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén incorporó una nueva herramienta de reparación económica dentro de una causa por violencia de género y, al mismo tiempo, destinó recursos a un programa municipal que asiste a mujeres en situación de vulnerabilidad.

En el marco de un proceso judicial por violencia contra su expareja, un hombre imputado accedió a una suspensión de juicio a prueba por 18 meses, una medida alternativa que quedó sujeta al cumplimiento de una serie de obligaciones.

La condición económica central establece el pago de $5 millones dentro de los próximos 30 días. De ese monto, $4 millones serán entregados directamente a la víctima en concepto de reparación económica, mientras que $1 millón será destinado al programa municipal “Las Mujeres Hacemos”.

Además, durante el período fijado por la Justicia, el imputado deberá cumplir reglas de conducta, realizar trabajos comunitarios y respetar una prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la víctima.

El acuerdo busca combinar una respuesta concreta hacia la mujer afectada con el fortalecimiento de herramientas destinadas a otras víctimas de violencia que necesitan alcanzar autonomía económica.

El aporte de $1 millón será incorporado al fondo de “Las Mujeres Hacemos”, programa regulado por la Ordenanza Municipal N° 14.981 y orientado a mujeres que atraviesan situaciones de violencia y vulnerabilidad social junto a sus hijos e hijas.

Los recursos se destinan a la adquisición de insumos, herramientas y capital de trabajo, con el objetivo de impulsar microemprendimientos, oficios y proyectos productivos que permitan construir una mayor independencia económica.

La autonomía financiera constituye uno de los factores centrales para reducir la dependencia dentro de contextos de violencia, especialmente cuando existen hijos, dificultades laborales o falta de recursos propios.

Desde el municipio destacaron que la articulación con el Ministerio Público Fiscal permite que una medida procesal tenga también un efecto reparador y social, aunque su cumplimiento deberá mantenerse durante todo el plazo de 18 meses establecido judicialmente.

El caso incorpora una dimensión relevante dentro del abordaje de la violencia de género: además de las restricciones y obligaciones impuestas al imputado, parte del acuerdo se convierte en reparación directa y en recursos destinados a fortalecer la autonomía de otras mujeres.