La situación judicial de Jorge Salas, histórico referente de la Cooperativa 127 Hectáreas y exdirector provincial de Hábitat y Urbanismo de Neuquén, dio un paso decisivo: la Justicia formuló cargos en su contra por 49 hechos de presunta estafa, en una investigación vinculada con proyectos habitacionales y loteos ofrecidos durante años a familias que buscaban acceder a una vivienda.
También fueron imputadas la secretaria de la cooperativa, Roxana Huincaman, y su tesorera, Beatriz Lebrero. El juez de Garantías Luciano Hermosilla declaró la causa compleja y otorgó a la fiscal Rocío Rivera un plazo de seis meses para profundizar la investigación.
La acusación fiscal sostiene que los responsables de la cooperativa habrían utilizado la necesidad habitacional como mecanismo para captar socios y recaudar dinero, particularmente alrededor del denominado proyecto La Meseta.
Según la hipótesis de la Fiscalía, se habría brindado información incorrecta sobre la situación jurídica de las tierras y asegurado que serían incorporadas al ejido urbano de Neuquén, algo que necesitaba una ley provincial que finalmente no fue sancionada.
Pese a no contar con el dominio del terreno, la acusación señala que se firmaron contratos donde se prometían lotes de 200 metros cuadrados en un plazo de 24 meses, con servicios de agua, energía eléctrica y calles enripiadas. Los interesados debían abonar la cuota social de la cooperativa y sumas adicionales vinculadas al loteo.
La formulación de cargos no implica una condena y Salas mantiene su estado de inocencia mientras avanza el proceso judicial. La causa, sin embargo, coloca bajo revisión judicial un sistema habitacional que acumuló denuncias durante años.
El conflicto excede los 49 hechos actualmente incorporados a la acusación penal. Alrededor de 340 familias denunciaron haber pagado durante años sin recibir las viviendas o terrenos prometidos.
El abogado Ezequiel Otárola Douguett, representante de los denunciantes, aseguró que las demandas alcanzan aproximadamente $1.300 millones, mientras que existirían activos embargados por cerca de $350 millones, además de medidas cautelares sobre cuatro camionetas y alrededor de 80 lotes ubicados en Plottier y Centenario pertenecientes a la cooperativa.
Entre los desarrollos cuestionados aparecen La Sirena I, La Sirena Unificada —II y III— y La Meseta —Sirena IV—.
En La Sirena Unificada, según los denunciantes, existen unas 200 familias reclamantes frente a alrededor de 90 viviendas terminadas. En La Meseta se ofrecieron aproximadamente 400 lotes, y unas 120 familias llevaron sus reclamos ante la Justicia debido, entre otros puntos, a que las tierras se encontrarían fuera del ejido municipal.
Una de ellas es Lorena Lepe, quien relató:
Lorena Lepe: “Me dijo ‘no alquiles que en 15 días tenés tu dúplex’ y acá sigo esperando. Años y años”.
Otra damnificada, Cristina Alonso, de 76 años, aseguró haber pagado durante 19 años.
Cristina Alonso: “Nunca me atrasé. Religiosamente pagaba”.
También Víctor Guerrero, uno de los compradores de La Meseta, describió la frustración de quienes llegaron al lugar esperando una futura urbanización.
Víctor Guerrero: “Nos hicieron creer que esto iba a crecer. Nos robaron los sueños”.
Uno de los puntos que incrementó la repercusión política del caso fue la situación de familiares de Salas que sí accedieron a viviendas. El propio dirigente reconoció públicamente que varios integrantes de su entorno fueron beneficiarios, aunque rechazó que existiera una irregularidad por el vínculo familiar y sostuvo que cumplían con las condiciones correspondientes.
Jorge Salas: “Son familias que hace mucho están inscriptas. No es impedimento”.
Salas aseguró que la Cooperativa 127 Hectáreas llegó a contar con unos 11.000 asociados y responsabilizó también al Estado por el déficit habitacional.
Jorge Salas: “Acá hay un problema. Es el Estado el que no cumplió con las casas”.
Su trayectoria adquirió además una dimensión política por los cargos públicos que ocupó. En febrero de 2022 fue designado director del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat de Neuquén y, tras la llegada de Rolando Figueroa al gobierno provincial, asumió en diciembre de 2023 como director provincial de Hábitat y Urbanismo.
La controversia alrededor de su actividad, sin embargo, venía de años anteriores. En 2019, el entonces intendente Horacio Quiroga lo denunció penalmente por la comercialización de lotes sobre tierras pertenecientes al Ejército Argentino que, según aquella presentación, no integraban el patrimonio de la cooperativa.
A comienzos de 2025, en medio de la multiplicación de reclamos judiciales, Salas dejó su cargo provincial. En ese momento sostuvo públicamente que su salida había sido una decisión personal y negó que el gobernador le hubiese solicitado la renuncia.
Posteriormente, entre mayo de 2025 y los primeros meses de 2026, la investigación penal avanzó con allanamientos en la cooperativa y propiedades vinculadas al exfuncionario.
Un exempleado declaró ante la Justicia que el dinero recaudado en efectivo era retirado personalmente por Salas. El dirigente negó categóricamente esa versión.
Jorge Salas: “Eso es falso. No tiene cómo comprobarlo”.
En paralelo, también surgieron cuestionamientos internos alrededor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). ATE denunció presuntas filtraciones de información reservada sobre tierras fiscales hacia la cooperativa. En mayo de 2025, el Ejecutivo provincial dispuso mediante decreto el desplazamiento de trabajadores del organismo dentro de una reestructuración oficial fundamentada en criterios de eficiencia y eficacia.
La causa entra ahora en una instancia judicial sustancial. Después de décadas de promesas habitacionales, influencia territorial y vínculos con diferentes administraciones políticas, será la Justicia la que deberá determinar si detrás de aquel sistema existieron únicamente proyectos incumplidos o un mecanismo penalmente responsable de estafar a familias que buscaban acceder a su casa propia.
