La situación judicial de Manuel Adorni ingresa en una instancia determinante. En los próximos días vencerá el plazo concedido para que el exjefe de Gabinete responda un cuestionario de 20 puntos elaborado por la fiscalía, dentro de la investigación que busca determinar si existió un crecimiento patrimonial incompatible con sus ingresos declarados.
El requerimiento fue firmado el 10 de agosto de 2026 por el fiscal federal Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11. La medida le otorgó a Adorni un plazo de 15 días para aportar explicaciones, respaldos contables y documentación sobre la evolución económica de su grupo familiar.
La investigación se encuentra bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y analiza el período comprendido entre el ingreso de Adorni al Gobierno nacional y su salida de la función pública. El planteo fiscal consta de más de 200 fojas y fue elaborado después de cruzar declaraciones juradas, registros financieros, operaciones inmobiliarias, consumos, viajes y movimientos relacionados con criptoactivos.
La fiscalía sostiene que existen incrementos, adquisiciones y desembolsos que todavía no encuentran una explicación suficiente en los ingresos lícitos comprobados.
Uno de los ejes centrales del expediente es el desbalance detectado entre los recursos declarados y los gastos atribuidos al matrimonio integrado por Manuel Adorni y Bettina Angeletti.
Según los cálculos incorporados al requerimiento, el grupo familiar habría registrado ingresos comprobados por $229.752.283,20, mientras que sus egresos ascenderían a $272.820.832,20. La diferencia negativa alcanzaría los $43.068.549.
La fiscalía también busca determinar el origen de desembolsos por US$402.578,12, vinculados —según las publicaciones que accedieron al expediente— con operaciones inmobiliarias, refacciones, equipamiento, consumos y viajes.
Para los investigadores, esos gastos en moneda extranjera no tendrían hasta el momento una correlación suficientemente documentada con los ingresos legales comprobados.
Las 20 preguntas no se limitan a una sola operación. La fiscalía pretende reconstruir de manera integral cómo se financió el crecimiento patrimonial de Adorni y su familia.
Entre los puntos que deberá justificar se encuentran:
El origen de dólares en efectivo incorporados a sus declaraciones juradas.
Las operaciones de compra, financiación y refacción de inmuebles.
Los supuestos préstamos o aportes recibidos de familiares y terceros.
Los movimientos y rendimientos atribuidos a inversiones en criptomonedas.
Los consumos con tarjetas, viajes y gastos realizados dentro y fuera del país.
Las diferencias surgidas entre declaraciones patrimoniales originales y posteriores rectificaciones.
El requerimiento se apoyó en un informe técnico elaborado por el organismo especializado en análisis económico y financiero que intervino en la causa.
Fuentes judiciales indicaron que la defensa podría solicitar una extensión del plazo para reunir la documentación requerida. Hasta el momento, la posibilidad de una prórroga no modifica el contenido de las explicaciones exigidas por la fiscalía.
Una vez recibida la presentación, Pollicita deberá evaluar si las respuestas resultan suficientes, si corresponde ordenar nuevas medidas de prueba o si existen elementos para solicitar que Adorni sea citado a declaración indagatoria.
La indagatoria no equivale a una condena, sino que constituye la instancia en la que una persona formalmente imputada puede conocer la acusación y ejercer su defensa frente al juez.
El futuro procesal de Adorni dependerá, en buena medida, de la documentación que presente y de la capacidad de su defensa para demostrar el origen lícito de los fondos cuestionados.
La investigación representa un frente judicial delicado para quien fue una de las figuras de mayor exposición pública del Gobierno de Javier Milei.
Adorni construyó buena parte de su identidad política alrededor del discurso de austeridad, transparencia y crítica a los privilegios de la dirigencia tradicional. Por ese motivo, las dudas sobre su evolución patrimonial no solamente generan consecuencias judiciales: también golpean uno de los principales argumentos políticos utilizados por el oficialismo.
Sin embargo, la existencia de inconsistencias señaladas por la fiscalía no determina por sí misma la comisión de un delito. La responsabilidad penal deberá establecerse mediante las pruebas reunidas en el expediente y respetando el principio de inocencia.
La investigación todavía no tiene una definición. Pero las respuestas a las 20 preguntas marcarán un punto de inflexión: podrán aportar claridad sobre las operaciones cuestionadas o profundizar el avance de una causa que ya dejó de ser exclusivamente patrimonial para convertirse en un problema político de primera magnitud.
InfoGo Diario
