Un operativo de fiscalización realizado en Villa Traful derivó en una de las sanciones más contundentes aplicadas recientemente en materia de defensa del consumidor en la provincia de Neuquén.
La Dirección Provincial de Protección al Consumidor, organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, constató que un comercio de la localidad mantenía más de 1.500 productos vencidos exhibidos para su comercialización.
A partir de las actuaciones administrativas y del análisis posterior del caso, el establecimiento fue sancionado con una multa equivalente a doce canastas básicas, cuyo valor total asciende a $19.748.832.
La gravedad de la situación no estuvo determinada únicamente por la cantidad de mercadería vencida encontrada, sino también porque el comercio ya había sido observado anteriormente por infracciones del mismo tipo.
El procedimiento tuvo lugar el 24 de junio, como parte de los controles de oficio que Protección al Consumidor despliega regularmente en diferentes localidades neuquinas.
Estas inspecciones tienen como finalidad verificar el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar que los bienes ofrecidos al público se encuentren en condiciones adecuadas para su comercialización y consumo.
Durante el operativo, los inspectores detectaron una cantidad considerable de artículos de consumo masivo cuya fecha de vencimiento ya había expirado.
Entre la mercadería identificada había alimentos, productos lácteos, embutidos, pastas, productos congelados, fórmulas lácteas y jugos en polvo, además de otros artículos.
En total, más de 1.500 unidades que ya habían superado su fecha de vencimiento permanecían disponibles para ser adquiridas por consumidores.
Tras la inspección, se inició el correspondiente procedimiento administrativo.
El titular del comercio presentó su descargo y las actuaciones fueron posteriormente evaluadas por el organismo provincial.
Luego de analizar los antecedentes, los elementos reunidos durante el procedimiento y la defensa formulada por el responsable del establecimiento, Protección al Consumidor determinó que existía responsabilidad por incumplimiento de las normas destinadas a preservar la seguridad de los compradores.
La infracción fue encuadrada específicamente en los artículos 5° y 6° de la Ley Nacional N°24.240 de Defensa del Consumidor.
Estas disposiciones establecen el denominado deber de seguridad, según el cual los productos y servicios puestos a disposición de la población deben encontrarse en condiciones que, utilizados de manera normal o previsible, no impliquen riesgos para la salud o la integridad física de las personas.
La comercialización de alimentos y otros productos vencidos vulnera precisamente esa obligación de seguridad exigida por la normativa nacional.
Uno de los aspectos determinantes del expediente fue la reincidencia.
Desde el organismo provincial informaron que el establecimiento ya había registrado situaciones similares en controles realizados con anterioridad, cuando también se constató la existencia de productos vencidos.
Ese antecedente fue incorporado al momento de evaluar la sanción.
No se trató, por lo tanto, de una primera irregularidad detectada en el comercio, sino de una conducta que ya había sido advertida previamente por las autoridades de fiscalización.
La multa finalmente impuesta quedó establecida en doce canastas básicas, equivalentes actualmente a $19.748.832.
La intervención adquiere una dimensión particular por las características de Villa Traful, una localidad de menor escala donde la cantidad de establecimientos comerciales destinados al abastecimiento cotidiano es más limitada que en los grandes centros urbanos.
El comercio inspeccionado constituye una de las alternativas disponibles tanto para los vecinos permanentes como para quienes visitan el destino turístico.
Por este motivo, garantizar que los alimentos y productos puestos a disposición del público se encuentren dentro de las condiciones legales de comercialización resulta especialmente relevante para la seguridad de residentes y turistas.
La presencia de mercadería vencida no constituye únicamente una irregularidad administrativa.
En determinadas categorías de alimentos, el incumplimiento de las fechas establecidas para su consumo puede representar un riesgo sanitario, razón por la cual la legislación establece controles y responsabilidades específicas para los comerciantes.
Desde el Gobierno provincial señalaron que este tipo de procedimientos forma parte de una política orientada a reforzar la presencia territorial de los organismos públicos y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de quienes participan en relaciones de consumo.
La Dirección Provincial de Protección al Consumidor mantiene tareas permanentes de inspección en diferentes puntos del territorio neuquino.
El objetivo es verificar precios, condiciones de comercialización, seguridad de los productos, documentación y demás obligaciones previstas por la normativa.
La fiscalización busca no solamente sancionar las irregularidades una vez detectadas, sino también generar condiciones que desalienten prácticas capaces de poner en riesgo a los consumidores.
Protección al Consumidor continuará con los operativos en distintos puntos de la provincia, bajo la premisa de avanzar hacia relaciones comerciales más seguras, transparentes y responsables.
El caso de Villa Traful deja además una advertencia concreta: cuando una irregularidad vinculada con la seguridad de los consumidores se repite, la reincidencia puede transformar una infracción comercial en una sanción económica de fuerte impacto.
