Cerrojo judicial y diplomático en la cuenca de Malvinas: las acciones de Rockhopper se desploman 19,7% en Londres por las trabas al proyecto Sea Lion

El paquete de papeles de la compañía británica —poseedora del 35% del activo, en asociación con la operadora israelí Navitas Petroleum (65%)— profundizó así una tendencia negativa tras haber acumulado un retroceso del 18% durante septiembre y una pérdida del 8% en las dos primeras jornadas de octubre. La desinversión responde a la efectividad de las medidas disuasorias dispuestas por el Ejecutivo nacional y el fuero judicial federal contra firmas que operen en la plataforma continental argentina sin la correspondiente habilitación soberana.

Retiro de empresas contratistas e inestabilidad operativa

A través de un comunicado oficial elevado a los inversores de la plaza londinense a partir de los reportes de Navitas, Rockhopper admitió la existencia de severas fricciones operativas. La operadora informó que un contratista estratégico vinculado al proyecto tomó la decisión formal de abstenerse de prestar servicios y participar en actividades de exploración y producción en la zona de las Islas Malvinas.

Frente a esta baja, la operadora israelí comunicó que trabaja para reemplazar a dos firmas contratistas que incumplieron compromisos contractuales y realizar los reajustes de ingeniería requeridos. Aunque la petrolera intentó llevar tranquilidad sosteniendo que no prevé un impacto material adverso inminente, el informe elevado al mercado bursátil reconoció explícitamente los riesgos latentes:

• Demoras o fracaso estructural en la consecución de contratistas sustitutos.

• Nuevas deserciones de empresas de servicios globales ante la exposición a sanciones jurídicas internacionales.

• Escalada de las acciones punitivas adoptadas por el Estado argentino y modificaciones regulatorias o geopolíticas.

Cautelar en Tierra del Fuego y ofensiva ante la CONVEMAR

El frente de presión contra la explotación ilegal del yacimiento Sea Lion —ubicado en la cuenca norte del archipiélago— combinó la vía administrativa con el fuero penal y el derecho internacional. En el plano local, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar dictada en el marco de una causa promovida por excombatientes de Malvinas, ordenando la suspensión inmediata de las actividades operativas de Rockhopper y Navitas y la presentación de documentación detallada.

Paralelamente, la Cancillería argentina ultima la presentación de un arbitraje internacional bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La estrategia jurídica nacional buscará que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) dicte medidas provisionales de tutela preventiva para paralizar cualquier desarrollo en Sea Lion mientras se dirime la controversia de fondo sobre la soberanía de la plataforma continental.

Cronograma en disputa y supervisión del Foreign Office

Pese a la sangría en la cotización de sus títulos y la judicialización de los actores de la cadena de valor, la sociedad Navitas-Rockhopper ratificó su intención de sostener el cronograma de ejecución. La planificación del desarrollo contempla la iniciación de las actividades de perforación para los primeros meses de 2027, proyectando una primera fase de 11 pozos que apunte a iniciar la extracción comercial en el primer trimestre de 2028 con un volumen objetivo de 55.000 barriles diarios de crudo.

En respuesta a la avanzada argentina, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (Foreign Office) comunicó al Parlamento británico que las futuras licencias de exploración y explotación energética en el archipiélago requerirán de forma obligatoria una autorización del gobierno del Reino Unido, revalidando su postura de calificar a las sanciones argentinas de "ilegítimas" ante las normativas internacionales.