Bullrich desafía una decisión de Milei y expone diferencias internas por una designación judicial
Una nueva diferencia política quedó expuesta dentro del oficialismo luego de que la senadora nacional Patricia Bullrich confirmara públicamente que no comparte la decisión del presidente Javier Milei de retirar la postulación de Verónica Michelli para ocupar un cargo en la Justicia Federal.
La dirigente libertaria reveló que mantuvo una conversación directa con el mandatario para transmitirle su posición y anunció que ejercerá una "objeción de conciencia" respecto de la medida adoptada por el Poder Ejecutivo.
El episodio representa una de las manifestaciones de disenso más visibles dentro del espacio gobernante en las últimas semanas y vuelve a mostrar matices entre sectores de la administración nacional en temas institucionales y judiciales.
Una objeción pública a una decisión presidencial
A través de una publicación en la red social X, Patricia Bullrich confirmó que trasladó personalmente su postura al jefe de Estado.
"Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal", expresó.
No obstante, la legisladora aclaró que reconoce plenamente las facultades constitucionales del Presidente para impulsar o retirar candidaturas judiciales.
La controversia se originó luego de que el Gobierno decidiera retirar la candidatura de Verónica Michelli, quien aspiraba a integrar un tribunal oral federal en La Plata y cuya postulación había quedado envuelta en cuestionamientos políticos debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon.
Respaldo al Gobierno, pero con diferencias
Pese a marcar distancia en este tema puntual, Patricia Bullrich buscó dejar en claro que su posición no implica un alejamiento del proyecto político que lidera Javier Milei.
"Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei", sostuvo.
La senadora destacó además los avances que, según su visión, viene registrando la actual administración y relativizó el impacto político de la diferencia.
"En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece", afirmó.
Asimismo, reivindicó la posibilidad de debatir posiciones dentro de una misma fuerza política.
"El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio", agregó.
Un nuevo capítulo en las tensiones internas
La postura de Patricia Bullrich se suma a otros episodios recientes en los que la dirigente expresó diferencias con sectores del oficialismo.
Semanas atrás había reclamado públicamente que el jefe de Gabinete Manuel Adorni presentara su declaración jurada patrimonial para despejar cuestionamientos surgidos en torno a su situación económica.
Aquella intervención generó incomodidad dentro de la estructura de gobierno y habría provocado tensiones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una de las principales figuras del círculo de confianza presidencial.
Posteriormente, la propia Patricia Bullrich difundió su declaración jurada y volvió a insistir en la necesidad de fortalecer los estándares de transparencia institucional.
Un debate que trasciende la candidatura de Michelli
Más allá del caso puntual de Verónica Michelli, el episodio vuelve a poner en discusión los mecanismos de selección de magistrados, la independencia judicial y el equilibrio entre disciplina política y libertad de conciencia dentro de las fuerzas gobernantes.
Mientras el Gobierno sostiene su potestad constitucional para definir candidaturas judiciales, la posición adoptada por Patricia Bullrich abre un nuevo foco de debate interno sobre los límites de la conducción política y el espacio para las disidencias dentro del oficialismo.
La controversia por el pliego de Michelli deja una señal política clara: aunque el oficialismo mantiene cohesión en los temas centrales de gestión, comienzan a emerger diferencias públicas sobre cuestiones institucionales sensibles, en un contexto donde la transparencia y la independencia judicial ocupan un lugar cada vez más relevante en la agenda política nacional.
