Vialidad intimó a un empresario por reparar un acceso abandonado de la Rosario-Córdoba

Lo que inicialmente fue presentado en la región como un gesto de colaboración privada frente al deterioro de la infraestructura pública, terminó escalando en un conflicto político y administrativo que expone las contradicciones del actual esquema de gestión vial impulsado por el Gobierno nacional.

El empresario Néstor Rozín, propietario del Hotel Sol de Funes y de otros emprendimientos comerciales, quedó en el centro de una controversia luego de que Vialidad Nacional lo intimara formalmente a deshacer una obra de reparación ejecutada con fondos privados sobre un tramo de la colectora de la Autopista Rosario-Córdoba.

La intervención había sido realizada durante el año pasado con el objetivo de mejorar el acceso vehicular al complejo hotelero ubicado sobre la Ruta 9, un sector que presentaba severos signos de deterioro y complicaciones para el tránsito diario de clientes, proveedores y trabajadores.

Sin embargo, lejos de ser interpretada como una acción de colaboración frente al abandono del corredor vial, la iniciativa fue objetada por las autoridades nacionales, que otorgaron un plazo de diez días para retirar la mejora realizada y restablecer el estado original del sector.

La decisión abrió fuertes cuestionamientos políticos y administrativos, especialmente porque el tramo intervenido permanece sin obras estructurales por parte del Estado nacional mientras se aguarda la futura adjudicación a un concesionario privado.

“Lo que debía ser un ejemplo de iniciativa privada terminó convertido en una sanción estatal”, sostienen sectores vinculados al empresariado local.

En la ciudad de Funes, además, comenzaron a circular versiones sobre un posible trasfondo político detrás de la intimación. Las sospechas apuntan a que la obra se ejecutó en simultáneo con actividades electorales desarrolladas durante la campaña provincial del año pasado.

Según trascendió, el hotel de Rozín fue sede de un encuentro político encabezado por la ex vicegobernadora santafesina Gisela Scaglia, entonces candidata del frente Unidos. La mejora vial habría sido impulsada para ordenar el ingreso y egreso vehicular durante ese acto partidario, aunque posteriormente benefició también a toda la circulación de la zona.

De acuerdo a información difundida por el portal InfoFunes, el arreglo terminó favoreciendo no sólo al establecimiento hotelero sino también a otros emprendimientos comerciales, trabajadores y automovilistas que utilizan diariamente ese acceso sobre la Ruta 9.

La polémica adquiere además otra dimensión por el perfil político de las autoridades de la delegación santafesina de Vialidad Nacional. El organismo está conducido por Gastón Bruno, ex secretario de Obras Públicas durante la gestión del ex intendente del PRO Diego León Barreto.

Bruno había dejado aquel cargo municipal en medio de una controversia vinculada a una licitación adjudicada a una empresa de la que formaba parte, episodio que en Santa Fe aún continúa siendo motivo de cuestionamientos políticos.

El caso expone una tensión creciente entre el discurso oficial de promoción de la iniciativa privada y las decisiones administrativas que terminan restringiendo intervenciones particulares sobre infraestructura pública deteriorada.

Mientras tanto, el tramo vial continúa siendo objeto de disputa burocrática y política, en una escena que para muchos actores locales ya se convirtió en un símbolo de las contradicciones de la gestión libertaria en materia de obra pública.