La negociación salarial entre el Gobierno de Neuquén y la Asociación Trabajadores del Estado —ATE— ingresó este jueves 30 de julio en su etapa decisiva. Después de tres reuniones y un cuarto intermedio, las partes alcanzaron una propuesta que será sometida de manera inmediata a la consideración de los trabajadores.
El entendimiento construido en la mesa no constituye todavía un acuerdo definitivo. La conducción sindical trasladará las planillas y los términos económicos a las asambleas de las distintas seccionales y organismos públicos, que deberán resolver si aceptan o rechazan el ofrecimiento.
La propuesta combina cinco componentes principales: la continuidad de la actualización trimestral por inflación, un nuevo piso salarial de $1.560.000, aumentos directos sobre el básico, dos sumas extraordinarias que totalizan $890.000 y la actualización de conceptos como ropa de trabajo y asignaciones familiares.
El esquema busca responder simultáneamente a la inflación general y al impacto particular que tienen en Neuquén los alquileres, las tarifas y otros gastos esenciales, reclamo que ATE había instalado desde la apertura formal de la negociación.
Durante la primera reunión, el sindicato había solicitado expresamente que la nueva pauta se construyera sobre la continuidad del IPC y que incorporara una recomposición adicional sobre los salarios.
Uno de los puntos centrales es la fijación de un piso salarial de $1.560.000 para los trabajadores que actualmente perciban haberes inferiores al valor tomado como referencia para cubrir la canasta básica.
La medida está orientada principalmente hacia los escalafones más postergados de la administración pública, donde una actualización exclusivamente porcentual puede resultar insuficiente para reducir las diferencias entre las categorías inferiores y los sectores mejor remunerados.
Un aumento porcentual uniforme no tiene el mismo impacto sobre todos los ingresos. Por esa razón, el piso funciona como una herramienta de corrección para quienes se encuentran en la base de la pirámide salarial.
Sin embargo, será necesario conocer el acta completa y las planillas anexas para establecer con precisión si los $1.560.000 corresponden a un monto bruto, neto o conformado, qué adicionales serán computados y cuáles serán las condiciones particulares de cada convenio colectivo.
Esas definiciones técnicas resultarán determinantes para evaluar cuántos agentes quedarán efectivamente alcanzados y cuál será la mejora real en cada recibo.
La oferta ratifica la continuidad del mecanismo de actualización automática por el Índice de Precios al Consumidor —IPC— durante el segundo semestre.
El esquema utilizado por la Provincia toma como referencia un ponderado entre la inflación acumulada medida en Neuquén y el índice nacional. El convenio del primer semestre ya contemplaba incrementos trimestrales y una suma extraordinaria de $350.000, además de actualizaciones sobre otros componentes salariales.
La preservación de la cláusula representa uno de los principales objetivos de ATE, que desde el inicio aclaró que no estaba dispuesta a reemplazarla por porcentajes fijos sin relación con la evolución de los precios.
El IPC continuará funcionando como una garantía defensiva frente a la inflación, pero no será la única mejora prevista en el nuevo esquema.
La negociación incorporó una recomposición adicional porque el sindicato sostiene que el índice general no refleja en toda su dimensión el incremento de los alquileres, los servicios públicos y otros costos que tienen una incidencia especialmente elevada en la economía neuquina.
Además de la actualización inflacionaria, la propuesta contempla dos incrementos directos sobre el sueldo básico:
Un 4% a partir de noviembre de 2026 y un 3% adicional desde enero de 2027.
La incorporación de porcentajes al básico tiene un efecto diferente al de una suma extraordinaria. Al integrarse a la estructura salarial, puede repercutir sobre adicionales, antigüedad y otros conceptos calculados en relación con ese componente, aunque el alcance definitivo dependerá de las particularidades de cada convenio colectivo.
La mejora al básico representa el componente estructural del entendimiento, ya que no se agota con un único pago y se proyecta sobre los ingresos de 2027.
El primer incremento comenzaría a aplicarse en noviembre, mientras que el segundo entraría en vigencia desde enero del próximo año.
De esta manera, la pauta excede formalmente el segundo semestre de 2026 y establece una base salarial más alta para el inicio del siguiente período de negociación.
La propuesta incluye, además, dos sumas fijas extraordinarias que en conjunto alcanzan los $890.000 por trabajador.
El primer pago será de $410.000 y se abonaría durante octubre de 2026. El segundo será de $480.000, previsto para la segunda quincena de enero de 2027.
El cronograma quedaría conformado de la siguiente manera:
Octubre de 2026: suma extraordinaria de $410.000.
Segunda quincena de enero de 2027: segundo pago extraordinario de $480.000.
A diferencia de los porcentajes incorporados al básico, estos desembolsos tienen carácter excepcional y no necesariamente producen efectos permanentes sobre el resto de los componentes salariales.
Los bonos aportan una mejora inmediata en meses sensibles para el consumo familiar, pero no sustituyen la recomposición estructural del salario. Su impacto deberá evaluarse junto con la continuidad del IPC, el nuevo piso y los incrementos al básico.
El paquete también contempla el pago actualizado por inflación del concepto de ropa de trabajo durante septiembre para los sectores que todavía no lo hayan percibido.
La compensación por indumentaria ya había formado parte del acuerdo firmado para el primer semestre, aunque su alcance depende de las leyes, escalafones y convenios colectivos aplicables a cada grupo de trabajadores.
Asimismo, las asignaciones familiares mantendrán su mecanismo de actualización periódica por IPC.
La continuidad de este sistema busca evitar que los montos pierdan capacidad de cobertura frente a la inflación y que queden congelados durante períodos prolongados.
El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, presentó la propuesta como el resultado de una negociación orientada a sostener el mecanismo inflacionario y, al mismo tiempo, incorporar una recuperación adicional.
“Este es un acuerdo que busca recuperar salario frente a los incrementos de tarifas y alquileres, sin descuidar el aspecto inflacionario que miden los organismos”, afirmó Carlos Quintriqueo.
La declaración sintetiza la posición que el gremio sostuvo durante toda la discusión: el IPC es necesario para evitar nuevas pérdidas, pero no alcanza por sí solo para reparar los desfasajes acumulados en determinados rubros del costo de vida.
ATE había planteado desde la apertura de la mesa que la nueva pauta debía incluir una recomposición salarial y también presentó reclamos relacionados con guardias del sistema público de salud, personal del EPAS, funcionamiento del Registro Civil y expedientes administrativos pendientes.
La finalización de la mesa de negociación no implica que la paritaria se encuentre cerrada.
El Gobierno y la conducción sindical lograron ordenar una propuesta común para que sea evaluada por las bases, pero la aceptación formal dependerá del resultado de las asambleas.
Los trabajadores deberán analizar no solamente los montos generales, sino también las planillas correspondientes a cada sector, el impacto sobre las categorías, los adicionales, la antigüedad y la fecha efectiva de liquidación.
Si las asambleas aprueban la oferta, ATE quedará habilitada para firmar el acta definitiva con el Ejecutivo provincial. En caso de rechazo, el sindicato deberá resolver si solicita una nueva instancia de negociación o avanza con medidas gremiales.
La palabra final no la tendrá exclusivamente la conducción sindical ni el Gobierno: la tendrán los trabajadores al votar en cada organismo y seccional.
El resultado será seguido con atención por el resto de los gremios estatales que mantienen abiertas sus negociaciones con la Provincia.
La ronda del segundo semestre incluyó a ATE, la Unión del Personal Civil de la Nación —UPCN— y la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales —Unavp—, organizaciones que habían firmado acuerdos semestrales y debían volver a discutir su continuidad.
Durante la apertura, UPCN solicitó utilizar mensualmente el índice inflacionario más alto entre Neuquén y Nación, mientras que el gremio vial propuso actualizaciones mensuales para reducir el desfasaje generado entre cada medición y su incorporación a los salarios.
El entendimiento alcanzado con ATE puede convertirse en una referencia política y económica para esas mesas, aun cuando cada sindicato mantenga reclamos y condiciones particulares.
La Provincia deberá administrar el impacto presupuestario de la propuesta y, al mismo tiempo, evitar diferencias que puedan profundizar tensiones entre trabajadores pertenecientes a una misma estructura estatal.
La propuesta surgida este jueves combina protección inflacionaria, corrección de los ingresos más bajos, aumentos estructurales y pagos extraordinarios.
Para el Gobierno, el esquema deberá ser financieramente sostenible. Para ATE, deberá representar una recuperación verificable frente al costo de vida. Para los trabajadores, la evaluación estará centrada en cuánto modifica concretamente sus ingresos mensuales y qué garantías ofrece hacia 2027.
La negociación política terminó de poner los números sobre la mesa. Ahora comienza la instancia que definirá si esos números alcanzan: la votación de las bases estatales.
