Patrimonio de Adorni: dos mujeres que figuran como acreedoras de una hipoteca negaron conocerlo

Dudas sobre el financiamiento: dos supuestas acreedoras desconocen a Adorni en una operación inmobiliaria bajo análisis

Un nuevo foco de controversia se abrió en torno al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que dos mujeres que figuran como acreedoras de una hipoteca vinculada a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito negaran conocer al funcionario.

Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, cuyos nombres aparecen en el Registro de la Propiedad como prestamistas en una hipoteca no bancaria por 200.000 dólares, constituida en el marco de la operación de compraventa del inmueble.

De acuerdo a la documentación oficial, la adquisición fue formalizada el 18 de noviembre de 2025 por un monto total de 230.000 dólares. En ese mismo acto se estableció la hipoteca, en la que ambas mujeres figuran como acreedoras en partes iguales, lo que implica que habrían financiado cerca del 90% del valor de la propiedad ubicada sobre la calle Miró al 500.

El elemento que tensiona el caso es la declaración pública de ambas personas, quienes afirmaron no tener vínculo alguno con Adorni, lo que abre interrogantes sobre la estructura real del financiamiento registrado.

La situación se inscribe en una discusión más amplia sobre la evolución patrimonial del funcionario, quien recientemente sostuvo que su patrimonio fue construido en el ámbito privado y que no posee irregularidades. Sin embargo, en esa oportunidad evitó brindar detalles específicos sobre adquisiciones recientes o mecanismos de financiamiento, lo que incrementó el nivel de escrutinio público.

En paralelo, distintos reportes periodísticos indican que la Justicia analiza la situación patrimonial del jefe de Gabinete, en un contexto de creciente presión política y mediática. Al cierre de las consultas realizadas por la prensa, el funcionario no había emitido precisiones adicionales respecto a la operación inmobiliaria ni sobre la identidad de las personas consignadas como acreedoras en los registros oficiales.

El caso plantea interrogantes relevantes en materia de transparencia, trazabilidad de fondos y consistencia documental, en un escenario donde la información registral y los testimonios públicos exhiben contradicciones que podrían derivar en nuevas instancias de investigación.