El diputado nacional de Provincias Unidas por Santa Fe, Esteban Paulón, presentó un proyecto para regularizar la eutanasia en Argentina. La iniciativa apunta a personas que padezcan enfermedades graves e incurables o sufrimientos considerados intolerables, estableciendo los mecanismos institucionales de evaluación, control y seguimiento.
"Buscamos proteger la libertad de morir de manera voluntaria, regulando los procedimientos, definiendo los principios y salvaguardas, estableciendo los derechos y deberes del personal de salud, y creando los mecanismos institucionales de evaluación, control y seguimiento", expresó Paulón a través de su cuenta de X.
"La asistencia médica para morir queda configurada como una prestación del sistema de salud, sujeta a estándares de calidad, cobertura obligatoria e integración efectiva con los cuidados paliativos y el acompañamiento al final de la vida", señala en los objetos de la iniciativa.
En el artículo 2, el diputado propone que la "autonamía relacional" de las personas, para que puedan ejercer su "voluntad de diálogo con el equipo de salud y sus vínculos significativos, libre de toda presión externa o interna indebida".
Además, señala que toda persona "tiene derecho a no ser obligada a sostener condiciones médicas que considere incompatibles con su dignidad personal" y que la asistencia médica "debe realizarse de modo que no cause sufrimiento innecesario a la persona solicitante".
Entre otros puntos, también establece que la decisión debe ser voluntaria y que se integra "como opción excepcional dentro del proceso de cuidados al final de la vida, garantizando previamente el acceso efectivo a cuidados paliativos integrales".
Cabe destacar que noviembre de 2025, el diputado nacional de la UCR, Lisandro Nieri, ya había presentado un proyecto que tiene como objetivo establecer un marco legal que permita a personas con enfermedades graves e incurables, o padecimientos crónicos y limitantes, solicitar ayuda médica para morir, bajo estrictos requisitos y controles.
La iniciativa establece derechos, procedimientos y garantías para pacientes y profesionales del sistema de salud. A su vez introduce reformas al Código Penal para asegurar el respaldo legal de quienes acompañen esas decisiones.
