Financiamiento universitario: el CIN respondió a Torrendell y exigió que el Gobierno cumpla la ley

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) respondió a las declaraciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien acusó a los rectores de sostener un “acuerdo de casta” para reclamar mayores recursos. La entidad rechazó esos cuestionamientos y ubicó el centro de la controversia en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial.

En su pronunciamiento, las autoridades universitarias cuestionaron los intentos de deslegitimar las demandas del sistema público y plantearon una definición contundente sobre el conflicto institucional: “No se trata de un conflicto del CIN con el Gobierno, es un conflicto del Gobierno con la ley y el Estado de derecho”.

La respuesta se produjo luego de la exposición de Torrendell ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde el funcionario defendió la política educativa de la administración de Javier Milei. Allí sostuvo que las universidades incrementaron su participación dentro del gasto nacional y puso en discusión distintos indicadores del sistema, entre ellos los niveles de graduación, la evolución de las plantas docentes y la falta de transformaciones académicas.

El secretario también cuestionó a los rectores por integrar, según su caracterización, una dirigencia que “sólo acuerda para pedir más recursos” y que no asumiría un compromiso suficiente con los cambios que requiere el sistema universitario.

Frente a esos planteos, el CIN negó que la demanda de financiamiento implique una resistencia a las reformas. Por el contrario, sostuvo que las condiciones presupuestarias son determinantes para garantizar la continuidad de las actividades académicas y el acceso de los estudiantes a la educación superior.

“Los salarios permiten sostener las clases; las becas, continuar los estudios; los recursos de funcionamiento, abrir aulas, bibliotecas y laboratorios”, expresó la entidad. En esa línea, advirtió que ninguna política educativa puede sostenerse con salarios deteriorados, equipos sobrecargados e infraestructura insuficiente.

Presupuesto 2027: una diferencia de $3,3 billones

La discusión también quedó planteada en torno al proyecto de Presupuesto 2027. De acuerdo con las cifras consignadas en el debate, el Gobierno prevé transferencias por $7,7 billones, mientras que las universidades reclaman $11 billones para atender sus necesidades de financiamiento.

Ante el argumento oficial de que el sector universitario ganó participación dentro del gasto nacional, el CIN puso en cuestión la utilización de ese indicador como medida suficiente para evaluar la situación presupuestaria.

“Una proporción puede crecer porque disminuye el conjunto sobre el que se calcula”, señalaron los rectores. Por ese motivo, reclamaron que el análisis contemple también la evolución del poder adquisitivo de las partidas, los salarios y los costos necesarios para mantener en funcionamiento las instituciones.

La posición universitaria apunta a que la participación porcentual dentro del gasto total no refleja, por sí sola, la capacidad efectiva de los recursos para cubrir las obligaciones del sistema. En ese marco, el reclamo se concentra tanto en el monto asignado como en su capacidad de responder a los gastos cotidianos y sostener las actividades académicas.

Graduación, docentes y reformas: los puntos de desacuerdo

Otro de los ejes de la respuesta estuvo relacionado con las estadísticas de graduación utilizadas por Torrendell para comparar el desempeño de las universidades públicas y privadas.

El CIN objetó que las trayectorias estudiantiles se evalúen únicamente a partir del tiempo previsto para completar una carrera. “Quienes completan sus estudios después del plazo previsto también se gradúan. Demorar una trayectoria no equivale a abandonarla”, sostuvo.

La entidad pidió incorporar al análisis las condiciones laborales de los estudiantes, sus responsabilidades de cuidado y las desigualdades educativas que pueden incidir en los tiempos de cursado y finalización de los estudios.

Respecto del crecimiento de las plantas docentes, los rectores rechazaron que ese dato permita concluir, por sí mismo, que existe ineficiencia. Al mismo tiempo, manifestaron su disposición a discutir modificaciones en los planes de estudio y mecanismos de evaluación.

Sin embargo, establecieron un límite a esa discusión: “El cumplimiento del financiamiento no puede quedar condicionado a la adhesión de las universidades a las preferencias del gobierno”. De ese modo, el CIN diferenció la posibilidad de debatir transformaciones académicas de la obligación estatal de cumplir con la normativa vigente.

El CIN cuestionó la gestión de Torrendell y pidió derecho a réplica

El comunicado también incluyó críticas directas al desempeño del secretario de Educación. “En tres años, no dijo ni hizo nada por la educación superior. No respondió notas cursadas formalmente ni advertencias efectuadas a tiempo”, afirmó el organismo, que además cuestionó la ausencia de propuestas concretas “más allá del ajuste y la descalificación”.

En relación con las obligaciones del Poder Ejecutivo, las autoridades universitarias recordaron que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario y rechazó el veto presidencial. Sobre esa base, señalaron que el Gobierno puede manifestar desacuerdos, presentar iniciativas y recurrir a los mecanismos constitucionales correspondientes, pero debe cumplir las obligaciones que resulten exigibles.

“Debe, al mismo tiempo, cumplir las obligaciones exigibles”, remarcaron.

En ese contexto, el CIN solicitó ser convocado a la próxima reunión de la Comisión de Presupuesto de Diputados, antes de que se emita dictamen sobre el proyecto presupuestario. El objetivo es responder a las declaraciones del funcionario y exponer la posición de las universidades en el ámbito legislativo.

Los rectores reclamaron que se les garantice el derecho a réplica y cerraron su pronunciamiento con una exigencia dirigida a Torrendell: “Responda con información, dialogue con respeto con las instituciones, asuma su responsabilidad y cumpla con la Ley”.

La disputa reúne así dos discusiones vinculadas: la orientación de las reformas que el Gobierno plantea para el sistema universitario y la disponibilidad de los recursos necesarios para sostenerlo. Mientras la administración nacional defiende su política educativa y cuestiona indicadores de funcionamiento, las universidades reclaman que el debate presupuestario contemple las condiciones materiales del sistema y el cumplimiento de la ley.