Propiedad privada: Diputados aprobó cambios en desalojos, expropiaciones y compra de tierras rurales

La votación se realizó este miércoles 21 de octubre y modificó la versión que la Cámara alta había aprobado el pasado 6 de agosto. Por ese motivo, el proyecto deberá ser revisado nuevamente por los senadores antes de completar su trámite legislativo.

La iniciativa introduce cambios en distintos aspectos del régimen de propiedad privada. Entre sus principales objetivos se encuentra agilizar la recuperación judicial de inmuebles urbanos y rurales, mediante procedimientos abreviados, y establecer nuevas reglas para las situaciones de incumplimiento contractual y ocupación de propiedades.

El restablecimiento de restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros también forma parte del texto. Esa incorporación fue una concesión del oficialismo a sus aliados parlamentarios para facilitar el tratamiento de la reforma.

Desalojos: procedimientos judiciales más rápidos

Uno de los principales ejes del proyecto es la modificación de los procesos de desalojo. La propuesta establece que estas acciones tramiten mediante un juicio sumarísimo, una modalidad judicial más abreviada que el procedimiento ordinario.

El objetivo es reducir los tiempos para recuperar inmuebles urbanos y rurales, aunque la aplicación de las medidas deberá ajustarse a las condiciones y controles previstos en la propia iniciativa.

En los casos de falta de pago de alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino para que regularice la deuda. La notificación tendrá que conceder un plazo no inferior a 10 días corridos, contados desde su recepción, y especificar el lugar donde debe realizarse el pago.

Si el incumplimiento continúa una vez vencido ese período, el locador podrá iniciar la acción judicial de desalojo.

El proyecto contempla, además, un procedimiento para la restitución del inmueble en un plazo de 10 días hábiles y habilita la posibilidad de solicitar la desocupación inmediata cuando exista falta de pago o haya vencido el contrato de alquiler. Esta medida podrá requerirse bajo caución juratoria.

Qué implica la desocupación inmediata

La caución juratoria es una declaración formal mediante la cual quien solicita una medida asume la responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar si la decisión resultara indebida. Bajo esta figura, no necesariamente debe constituirse una garantía patrimonial.

La iniciativa también incorpora mecanismos de control judicial para determinados supuestos de desalojo. Cuando se invoquen motivos como el cambio de destino del inmueble, su deterioro, la realización de obras nocivas o un uso abusivo o deshonesto, el juez deberá efectuar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia.

Esa diligencia deberá realizarse con asistencia del defensor oficial y tendrá como finalidad identificar a las personas que ocupan la propiedad.

Protección de personas en situación de vulnerabilidad

El texto contempla una intervención específica cuando en el inmueble haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.

En esas circunstancias, el magistrado deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional. Sin embargo, esa actuación no implicará la suspensión del proceso judicial de desalojo.

De esta manera, el proyecto combina la búsqueda de procedimientos más rápidos para recuperar propiedades con disposiciones que prevén la intervención institucional ante situaciones de vulnerabilidad.

Expropiaciones y tierras rurales: otros ejes de la reforma

Además de los cambios procesales, la propuesta modifica las condiciones bajo las cuales el Estado puede avanzar con la expropiación de bienes y restablece restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Estos puntos forman parte de una reforma más amplia sobre la protección de la propiedad privada y las reglas que rigen la recuperación y disposición de inmuebles.

La restitución de las restricciones a la compra de tierras rurales fue incorporada durante la negociación parlamentaria y permitió al oficialismo reunir apoyos para avanzar con el proyecto.

El proyecto vuelve al Senado

La Cámara baja aprobó la iniciativa con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. No obstante, el trámite legislativo todavía no concluyó: las modificaciones introducidas por Diputados obligan a que el proyecto regrese al Senado, que deberá analizar la nueva versión.

La definición de la Cámara alta será necesaria para determinar si el texto queda sancionado en los términos aprobados por Diputados o si se requieren nuevas decisiones legislativas.

Hasta entonces, los cambios incluidos en la iniciativa forman parte de un proyecto en trámite y no deben confundirse con una reforma definitivamente sancionada.