RedacciónLa propuesta llega después de distintos episodios de elevada tensión registrados en el Congreso, entre ellos el plenario de comisiones del 30 de septiembre, cuando el debate sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas derivó en gritos, insultos y forcejeos entre legisladores.
Llano explicó que su iniciativa no apunta a limitar la crítica política, sino a establecer consecuencias frente a los agravios personales dentro de la Cámara. El texto contempla una sanción sobre los haberes de los diputados y busca evitar que las situaciones de violencia verbal queden sin una respuesta disciplinaria concreta.
La diputada explicó que el mecanismo propuesto no requeriría crear una nueva comisión disciplinaria. Ante una conducta considerada sancionable, el propio cuerpo legislativo debería votar la aplicación de la medida.
“Es una sanción inmediata que no implica la conformación de ningún tipo de comisión que pueda implicar eventualmente la dilación o el no tratamiento de esa sanción”, explicó Mercedes Llano.
De acuerdo con el esquema que describió la legisladora, un diputado que insulte o denigre a otro legislador o a una persona presente en una comisión o en el recinto podría quedar sometido a votación para determinar si corresponde la sanción.
La primera medida prevista sería la suspensión de la dieta durante un mes.
“La quita de la dieta por un mes”, planteó Llano al explicar la consecuencia prevista para un primer episodio.
En caso de reiteración de la conducta, la sanción aumentaría. Llano señaló que podría extenderse a tres meses o aplicarse ante una agresión de carácter físico, según el mecanismo que describió durante una entrevista con Infobae.
Cabe señalar que otras versiones periodísticas sobre el proyecto consignaron una escala de dos meses para reincidencia, amenazas o agresiones físicas, por lo que el alcance exacto deberá determinarse a partir del texto legislativo presentado.
La propuesta apunta específicamente a expresiones que la diputada define como “soeces”, “denigrantes” o insultos. El objetivo es diferenciar esas conductas de las expresiones propias del debate político.
Llano explicó que, ante un episodio producido dentro del recinto, la decisión sobre una eventual sanción quedaría en manos del cuerpo mediante una votación.
El legislador cuestionado tendría además un espacio para responder antes de que se adopte una resolución.
“La persona a quien se cuestiona tiene una cantidad de minutos para defenderse”, señaló la diputada.
Otro de los puntos planteados por Llano es que una retractación posterior no debería eliminar automáticamente la sanción.
“Aunque se retracte, lo mismo hay que aplicar la sanción”, sostuvo.
La iniciativa busca así modificar el esquema de respuesta frente a situaciones que, según la autora del proyecto, actualmente pueden terminar sin consecuencias concretas.
La diputada fundamentó su propuesta a partir de su experiencia como legisladora provincial en Mendoza, donde, según su descripción, el debate parlamentario se desarrolla con mayores niveles de tolerancia y respeto.
“Yo he sido legisladora por la provincia de Mendoza, una provincia donde la solidez institucional, si bien se ha deteriorado, cuenta con otra calidad”, afirmó.
En esa línea, describió el funcionamiento que observó durante su paso por la Legislatura mendocina:
“Tiende a darse en términos de tolerancia, de mucho respeto, y se impone el legislador por la firmeza de sus convicciones y la solidez de sus argumentaciones”.
Llano vinculó su proyecto con una serie de episodios recientes en el Congreso y cuestionó la efectividad de las herramientas disciplinarias actualmente disponibles.
“Ante la seguidilla de insultos, de falta de respeto hacia el resto de los legisladores, hacia las autoridades de la Cámara, la semana pasada hubo una que revistió una enorme gravedad”, sostuvo.
Según la diputada, el reglamento contempla mecanismos como los llamamientos al orden o la prohibición del uso de la palabra, pero considera que su aplicación es excepcional.
“Hoy lo que sucede es que finalmente no se aplica ninguna sanción. Están previstas algunas sanciones, como los llamamientos, la prohibición de la palabra, pero en los hechos son realmente muy remotas”, afirmó.
La discusión sobre las sanciones surgió en un contexto marcado por el enfrentamiento ocurrido el 30 de septiembre durante el plenario de comisiones que analizaba el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas.
La reunión comenzó con la exposición de la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien cuestionaba distintos aspectos de la iniciativa. En ese momento se produjo un intercambio con el diputado de La Libertad Avanza Jairo Guzmán, representante de Santa Cruz.
Según los registros difundidos sobre el episodio, Guzmán permanecía detrás de Bregman y realizaba intervenciones desde su banca mientras la diputada hablaba. Ella respondió en diferentes oportunidades a través del micrófono, pero el intercambio continuó.
La situación escaló cuando Juan Grabois, diputado de Unión por la Patria, atravesó la sala para increpar a Guzmán. El enfrentamiento derivó en gritos, insultos y forcejeos, mientras otros legisladores intentaban contener la situación.
Posteriormente también se produjo un cruce entre Grabois y el diputado libertario Gerardo Huesen, que incrementó la tensión durante el plenario. Legisladores de distintos espacios intervinieron para evitar que la confrontación pasara a mayores.
El episodio se produjo mientras se debatía una iniciativa impulsada por el Gobierno para ampliar las sanciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.
Luego del cruce, Jairo Guzmán utilizó sus redes sociales para cuestionar a Grabois y describió el episodio desde su propia perspectiva.
“A Grabois le agarró un brote psicótico en diputados y me atacó en vivo a los gritos e insultos. Hasta los de su propio espacio intentaron frenarlo. Papelón de los violentos de siempre”, afirmó el diputado libertario.
Grabois, por su parte, respondió públicamente con fuertes cuestionamientos hacia los legisladores oficialistas.
“Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo”, expresó.
El intercambio entre ambos sectores se convirtió así en el antecedente inmediato de un debate que ahora busca trasladarse al plano reglamentario: qué conductas deben quedar comprendidas dentro de la libertad del debate parlamentario y cuáles deberían generar una consecuencia disciplinaria concreta.
El proyecto de Mercedes Llano instala una discusión institucional que excede los episodios puntuales: la posibilidad de vincular la dieta de los legisladores con el cumplimiento de determinadas normas de comportamiento dentro de la Cámara.
La iniciativa sostiene, según lo explicado por su autora, que la crítica y la confrontación política forman parte del debate democrático, mientras que los agravios personales deberían quedar sujetos a mecanismos de sanción.
La propuesta deberá atravesar ahora el procedimiento parlamentario correspondiente antes de determinar si las modificaciones planteadas llegan a incorporarse al régimen disciplinario de la Cámara de Diputados.
En el centro de la discusión queda una cuestión concreta: cómo garantizar un debate político intenso y, al mismo tiempo, establecer límites frente a los insultos, las agresiones y las conductas que alteren el funcionamiento institucional del Congreso.
