RedacciónLa agenda que el oficialismo había acordado para las próximas semanas quedó relegada. El tratamiento del Presupuesto 2027, la denominada “Ley Malvinas”, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otros proyectos de interés para el Ejecutivo deberán esperar mientras La Libertad Avanza busca reunir apoyos para evitar que la oposición avance contra el denominado “megadecreto” desregulador.
El escenario se volvió todavía más complejo después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que restableció la derogación de la Ley de Tierras prevista originalmente en el DNU. La resolución fue favorable a la posición del Gobierno en ese punto, pero al mismo tiempo complicó las negociaciones con sectores aliados dentro del Congreso.
Con el período ordinario a poco más de dos meses de finalizar, el oficialismo mantiene abiertos distintos frentes legislativos y enfrenta dificultades para avanzar simultáneamente con todos ellos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había acordado con bloques aliados un cronograma que contemplaba llevar al recinto la “Ley Malvinas” el 21 de octubre y tratar el Presupuesto 2027 el 4 de noviembre.
La intención era avanzar con ese esquema antes de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
Sin embargo, el nuevo escenario legislativo alteró esos planes. Durante las próximas dos semanas, el oficialismo deberá concentrarse en las negociaciones vinculadas con la agenda opositora.
Otro proyecto que quedó desplazado es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El Senado devolvió la iniciativa con modificaciones hace una semana, pero en Diputados todavía no se había comenzado a discutir.
Tampoco se registraron avances en la reforma electoral, otro de los objetivos legislativos relevantes para el Gobierno.
La fecha que concentra ahora la atención del oficialismo es el 15 de octubre. Para esa jornada, la oposición buscará avanzar con el rechazo integral del DNU 70, que ya había sido rechazado por el Senado hace dos años.
Ante ese escenario, sectores del Gobierno comenzaron a evaluar alternativas para negociar con los gobernadores y conseguir que los diputados de sus respectivas provincias no faciliten el quórum.
Entre los mandatarios que deberán ser incluidos en esas conversaciones aparecen Martín Llaryora, de Córdoba, quien hasta ahora se mantuvo distante de la discusión, y los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Salta, Neuquén, Misiones y Chubut.
Uno de los puntos más difíciles de resolver es el futuro de la normativa sobre tierras rurales.
Entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de redactar y tratar nuevamente una Ley de Tierras o incorporar el capítulo que había sido rechazado en el Senado dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El oficialismo no contaría con los votos necesarios para habilitar sin restricciones la venta de tierras a extranjeros. Por ese motivo, en el Senado había acordado como alternativa elevar el límite vigente del 15% al 25% de la superficie territorial.
Otra posibilidad consiste en derogar el artículo 154 del DNU, que fue restablecido por la Corte, para que vuelva a regir la normativa anterior.
También está sobre la mesa la emisión de un nuevo DNU “ordenador” del 70, en un contexto en el que el decreto original no se encuentra vigente en forma plena: algunas de sus disposiciones están judicializadas y otras fueron reemplazadas o convertidas en leyes, entre ellas la Ley Bases y la reforma laboral.
En paralelo, los diputados Nicolás Massot y Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, solicitaron una medida cautelar para frenar la venta indiscriminada de tierras.
Pichetto explicó el objetivo de la presentación:
“Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros”.
La eventual anulación del DNU 70 tendría consecuencias sobre distintas desregulaciones implementadas durante el gobierno de Milei.
Uno de los cambios más significativos alcanzaría a la Ley de Alquileres, que volvería a tener vigencia. Esto modificaría el esquema actual respecto del plazo de los contratos, que hoy es de dos años para viviendas y tres para comercios, además de las condiciones para establecer el pago del canon en moneda extranjera y determinar los mecanismos de actualización.
También se modificaría el régimen de las empresas de medicina prepaga.
Antes del DNU, los aumentos de las cuotas estaban sujetos a un régimen de autorización de la autoridad de aplicación. El decreto eliminó ese requisito y permitió que las entidades establezcan libremente los precios de sus planes.
Además, el trabajador dejaría de poder derivar directamente sus aportes y contribuciones hacia la obra social o prepaga de su elección.
El DNU también limitó la intervención del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en ese mercado y modificó el marco regulatorio de las comunicaciones satelitales, una reforma que facilitó el ingreso y funcionamiento en Argentina de Starlink, empresa aeroespacial fundada por Elon Musk.
La oposición no limitará la sesión del 15 de octubre al DNU 70.
También buscará aprobar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y una iniciativa de alivio para familias endeudadas, dos cuestiones de fuerte impacto social y que generan tensiones dentro del oficialismo.
El debate sobre discapacidad adquirió especial relevancia por la intención original del Poder Ejecutivo de incorporar la cuestión dentro del Presupuesto 2027, con el objetivo de reorganizar el sistema.
El bloque oficialista todavía debe acordar algunos aspectos con el Ministerio de Economía. La diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, responsable del dictamen, espera que durante la próxima semana el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, precise algunos de los cambios que tendrá la propuesta oficialista.
Uno de los puntos que deben definirse es cuáles serán las partidas específicas del Presupuesto destinadas a financiar la iniciativa libertaria, que reproduce los lineamientos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza en diciembre.
La definición de esos recursos podría contribuir a despejar las dudas de algunos bloques aliados, entre ellos sectores del MID, Argentina Federal y el PRO larretista, que advirtieron que podrían retirar su respaldo en el recinto si no son atendidos sus planteos.
Ese espacio, que tiene como referente al exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, también aguarda precisiones sobre el impacto fiscal de la nueva propuesta oficialista.
El proyecto mantiene el sistema de pensiones, la universalidad y la actualización mensual de las prestaciones. En paralelo, la Oficina de Presupuesto del Congreso recibió el viernes un pedido formal para determinar cuál sería el costo de la iniciativa.
Durante la semana pasada, representantes de organizaciones vinculadas con la discapacidad, entre ellas las actrices Valentina Bassi y Lola Berthet, recorrieron distintos despachos del Congreso en busca de garantías para el sector.
La movilización prevista para el 15 de octubre reunirá a distintos grupos frente al Congreso.
Además de las organizaciones de discapacidad, participarán familias endeudadas, sectores que rechazan la extranjerización de tierras y la comunidad universitaria, en una jornada que promete concentrar buena parte de la disputa política y legislativa del Gobierno en el tramo final del período ordinario.
