Nacionales

Denuncian vuelos ilegales de una firma británica a Punta Arenas y refuerzan el reclamo por la soberanía hidrocarburífera

En una fuerte ofensiva diplomática y judicial en defensa de los recursos soberanos, el Gobierno nacional anunció este lunes que iniciará un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la administración de Javier Milei le otorgó un plazo máximo de dos semanas al país europeo para frenar la explotación hidrocarburífera unilateral en el archipiélago.

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"Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", advirtió el presidente Javier Milei desde su cuenta oficial de X, reafirmando que el país utilizará todas las herramientas del derecho internacional para frenar el avance sobre los recursos argentinos.

Acciones legales contra el proyecto "Sea Lion"

Mediante las instrucciones giradas a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales, el Ejecutivo nacional activó el mecanismo previsto en el Anexo VII de la Convemar. El objetivo central de la medida es detener de forma inmediata la explotación ilegítima en la Cuenca Malvinas Norte —enfocada especialmente en el polémico proyecto petrolero “Sea Lion”—, así como la concesión de nuevos permisos de exploración de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina por parte de diversas compañías extranjeras.

En el texto oficial, el Gobierno fundamentó su reclamo recordando que la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU reconoce formalmente la existencia de una disputa de soberanía e insta a ambas naciones a negociar, mientras que la Resolución 31/49 prohíbe de manera expresa la adopción de decisiones unilaterales que modifiquen la situación de los archipiélagos. En esa línea, el documento advierte que la negativa a cumplir con el ultimazo activará de inmediato la solicitud de medidas provisionales ante el tribunal internacional.

Vuelos ilegales y rechazo a la respuesta británica

En paralelo al frente hidrocarburífero, el Ejecutivo nacional avanzó en el plano administrativo y penal tras detectar operaciones aéreas no autorizadas realizadas por la empresa Thales UK Limited.

Según fuentes oficiales, la firma británica desarrolló vuelos ilegales desde las Islas Malvinas hacia la ciudad chilena de Punta Arenas utilizando una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin la debida autorización de las autoridades aeronáuticas argentinas. Ante esta situación, la Cancillería instruyó gestiones diplomáticas urgentes y denuncias para exigir las sanciones correspondientes.

Finalmente, la Casa Rosada manifestó su “rechazo categórico” a la respuesta emitida por el Reino Unido tras el discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU. El Ejecutivo ratificó que denominaciones tales como “Territorio Británico de Ultramar” o la realización de referéndums unilaterales —como el celebrado en 2013— carecen de reconocimiento internacional y no alteran la controversia de soberanía.

"La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza", concluyó el comunicado oficial.

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