Redacción
Hasta el momento, la Casa Rosada no despejó públicamente las principales dudas sobre la operación. En ese contexto, los senadores Martín Soria y Juliana Di Tullio sostienen que existe una diferencia entre la versión expuesta por Bausili y la información que manejan desde la oposición.
Durante su presentación ante el Congreso, Bausili afirmó que las reservas de oro habían sido depositadas en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza, y aseguró además que la operación había sido auditada.
Sin embargo, la Auditoría General de la Nación (AGN) informó que todavía se encuentra analizando la documentación remitida por el Banco Central y que el proceso destinado a determinar la trazabilidad de la operación aún no concluyó. El organismo atribuyó parte de la demora a las dificultades para acceder a la información necesaria.
El punto central de la controversia es dónde se encuentran físicamente los lingotes.
Según la información que manejan Di Tullio y Soria, el oro habría sido trasladado al Banco de Inglaterra, en Londres, aunque permanecería registrado a la orden del BIS suizo.
El documento de la AGN utilizado por la oposición, no obstante, no constituye una confirmación pública del Banco de Inglaterra. Se trata de información manejada bajo reserva y documentación que continúa siendo analizada por el organismo de control.
Soria sostuvo que la operación fue canalizada mediante el BIS, pero afirmó que los lingotes permanecen físicamente en Inglaterra.
“La verdad es que la operación se hizo a través del BIS. Pero los lingotes, los cuatro envíos de oro, están en el Banco de Inglaterra, en Inglaterra, a la orden del BIS”, afirmó Soria en declaraciones a AM750.
El senador también cuestionó el procedimiento de auditoría y aseguró que los funcionarios de la AGN no habrían podido obtener registros fotográficos de la documentación exhibida para acreditar la localización de las reservas.
“El Gobierno no le permitió a los auditores de la AGN tomar fotografías de las planillas”, sostuvo Soria.
La discusión sobre el oro del BCRA no es nueva. En 2024 se difundieron imágenes de camiones de la entidad trasladando lingotes hacia el aeropuerto de Ezeiza, lo que generó pedidos de información y cuestionamientos políticos sobre el destino de las reservas.
Bausili explicó posteriormente que el traslado respondió a una oportunidad relacionada con los costos del mercado internacional del oro. El ministro de Economía, Luis Caputo, había planteado previamente otra justificación: la posibilidad de obtener un rendimiento financiero a partir de esas reservas.
La diferencia entre las explicaciones y la falta de una trazabilidad pública concluyente mantienen abierto el conflicto.
Frente a las dudas, el PJ prepara una ampliación de la denuncia judicial presentada en abril contra Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili.
La oposición pretende que se determine con precisión dónde se encuentran los lingotes, qué operación se realizó con ellos y bajo qué condiciones fueron trasladados al exterior.
Además, Di Tullio y Soria anticiparon que volverán a convocar a Bausili al Senado para que brinde nuevas explicaciones.
La disputa, por lo tanto, ya no se limita al debate político sobre la conveniencia de haber enviado el oro fuera del país: el punto crítico pasa ahora por establecer documentalmente dónde están las reservas, bajo qué custodia y si la operación puede ser auditada con información suficiente y verificable.
