El Concejo cerró el paso al juicio político contra Saloniti: la apertura cayó por 7 votos a 4

El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes rechazó este jueves avanzar con el procedimiento de juicio político contra el intendente Carlos Saloniti, después de una extensa sesión especial en la que el jefe comunal respondió uno por uno los cuestionamientos formulados contra su gestión.

La votación terminó con siete votos en contra y cuatro a favor de abrir el procedimiento. La Carta Orgánica exigía ocho voluntades afirmativas, por lo que la presentación quedó desestimada y Saloniti continuará al frente del Ejecutivo municipal sin que se abra la investigación política solicitada.

Fue el cierre de una jornada de fuerte tensión institucional en una de las principales ciudades turísticas de Neuquén. Saloniti compareció acompañado por integrantes de su gabinete y desarrolló una defensa que se extendió durante más de tres horas —otras crónicas locales la ubicaron cerca de las cuatro—, obligando incluso a disponer un cuarto intermedio antes de que los concejales debatieran y votaran.

El pedido había sido presentado por la vecina Valeria López Oronoz, quien atribuyó al intendente presuntos hechos de mal desempeño e incumplimiento de deberes. La denuncia planteaba seis núcleos de cuestionamientos relacionados con la situación ambiental y sanitaria del lago Lácar y el sistema cloacal, la deuda municipal con el EPEN, actuaciones vinculadas con una medida cautelar, las obras y la nueva concesión de Cerro Chapelco, el funcionamiento de la Contraloría Municipal y el proceso de participación ciudadana dentro del Plan de Ordenamiento Territorial.

Son acusaciones formuladas dentro de una presentación política e institucional y no hechos que hayan sido establecidos judicialmente como responsabilidad personal de Saloniti. Esa distinción es fundamental para entender el resultado de este jueves.

Durante su descargo, el intendente intentó precisamente separar la existencia de problemas administrativos, ambientales o financieros de la atribución directa de responsabilidad personal necesaria para justificar una herramienta excepcional como el juicio político.

Carlos Saloniti: “No les pido que compartan cada decisión de mi gobierno. No les pido que dejen de controlar. Les pido rigor”.

Su argumento central fue que una crítica a la administración municipal no alcanza por sí sola para demostrar mal desempeño susceptible de derivar en un proceso de destitución.

Saloniti defendió particularmente la actuación municipal frente a la problemática del lago Lácar y el sistema cloacal. Expuso información de la cooperativa prestadora del servicio y sostuvo que las plantas funcionan regularmente, mientras atribuyó una parte de los inconvenientes registrados durante episodios de lluvia a conexiones pluviales irregulares que incrementan el caudal que ingresa al sistema sanitario.

Sobre la deuda con el EPEN, el intendente reconoció la existencia del pasivo pero rechazó cualquier supuesto ocultamiento. Explicó que parte de la situación se originó en suministros municipales acumulados durante años que no se encontraban adecuadamente ordenados. En relación con la medida cautelar mencionada en la denuncia, sostuvo que el conflicto continúa bajo discusión y rechazó que pudiera utilizarse automáticamente como prueba de incumplimiento personal.

Respecto de Cerro Chapelco, defendió la intervención municipal y provincial en los controles ambientales vinculados con las obras realizadas dentro del proceso de nueva concesión. También negó haber obstaculizado el funcionamiento de la Contraloría Municipal y sostuvo que existen actuaciones y respuestas administrativas todavía en evaluación.

Uno de los cuestionamientos apuntó además al Plan de Ordenamiento Territorial y a la falta de la audiencia pública reclamada por quienes impulsaron la denuncia. Saloniti respondió que el procedimiento todavía atraviesa una primera etapa y aseguró que la instancia participativa será convocada cuando corresponda dentro del cronograma administrativo.

La sesión tuvo también una fuerte expresión política fuera del recinto. El debate se desarrolló sin presencia de público, mientras en las inmediaciones del Concejo hubo una manifestación con participación mayoritaria de integrantes de ATE, además de vecinos y organizaciones que siguieron el tratamiento desde el exterior.

La presidenta del Deliberante, Natalia Vita, sostuvo antes de votar que las condiciones necesarias para activar un procedimiento institucional de semejante gravedad no habían sido demostradas. Su argumento fue que no correspondía partir de la consecuencia —un eventual juicio político— y luego buscar elementos que permitieran justificarla.

Finalmente, cuatro concejales entendieron que existían razones suficientes para avanzar y siete consideraron que no se había alcanzado el estándar necesario. El resultado dejó al pedido cuatro votos por debajo de los ocho requeridos.

El recorrido institucional del caso había comenzado un mes antes. El 6 de agosto, el Concejo había dispuesto realizar las diligencias previstas por la Carta Orgánica y habilitó por unanimidad una sesión especial para que Saloniti pudiera ejercer su derecho a responder públicamente las observaciones. Aquella decisión no equivalía a haber declarado procedente el juicio político, sino que formaba parte de la instancia previa que desembocó en la votación definitiva de este jueves.

Esa precisión permite entender por qué puede hablarse de un expediente que avanzó administrativamente durante agosto y, al mismo tiempo, de un juicio político que finalmente no llegó a abrirse formalmente.

Políticamente, Saloniti consiguió superar uno de los episodios institucionales más delicados de su gestión. Pero el resultado tampoco elimina automáticamente los temas que originaron la presentación. El saneamiento del Lácar, la deuda con el EPEN, el funcionamiento de los organismos de control, el ordenamiento urbano y la administración de una ciudad sometida a una enorme presión turística y demográfica seguirán formando parte del debate público de San Martín de los Andes.

Ese probablemente sea el punto más importante después de la votación.

El mecanismo extremo del juicio político quedó descartado, pero el deber de control del Concejo continúa, al igual que la responsabilidad del Ejecutivo de responder administrativa y políticamente por cada uno de esos asuntos.

Para el oficialismo municipal, el resultado representa un fuerte alivio: siete de once concejales rechazaron poner en marcha el proceso. Para quienes impulsaron la presentación, en cambio, queda abierta la discusión política sobre problemas que consideran pendientes de resolución.

La decisión de este jueves marca, por lo tanto, un límite institucional pero no necesariamente el final del debate.

Saloniti no deberá enfrentar un juicio político por estas acusaciones. Ahora deberá enfrentar algo mucho más cotidiano y permanente para cualquier intendente: demostrar mediante gestión y resultados que las respuestas que brindó durante casi cuatro horas también pueden sostenerse fuera del recinto.