La Legislatura de Neuquén aprobó controles toxicológicos: controles aleatorios y riesgo de perder el cargo ante una negativa

La Legislatura de Neuquén avanzó con la implementación de los controles toxicológicos obligatorios para sus integrantes. A través de la Resolución 1248, la Cámara aprobó este miércoles un protocolo específico que establece controles obligatorios, aleatorios, personales y sin aviso previo para los 35 legisladores provinciales.

La iniciativa obtuvo 30 votos a favor y 2 en contra y busca resolver el vacío operativo que hasta ahora impedía aplicar dentro del Poder Legislativo la Ley Provincial 3531, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos.

El nuevo mecanismo fija además una periodicidad superior a la prevista por la normativa general: los legisladores deberán ser sometidos a controles como mínimo una vez cada dos meses, mientras que la ley establece una frecuencia anual para otros funcionarios alcanzados.

🧪 Cómo funcionarán los controles

Los exámenes se realizarán dentro del edificio de la Legislatura, sin necesidad de trasladar a los diputados a centros externos.

La convocatoria será realizada de manera inmediata, individual y reservada, de modo que el legislador seleccionado deberá presentarse para efectuar el procedimiento sin contar previamente con información sobre el momento del control.

La coordinación técnica estará a cargo del área de Medicina Laboral de la Cámara, que deberá actuar con independencia de las autoridades políticas.

Entre sus responsabilidades estarán:

• Coordinar la realización de los controles.
• Articular con un laboratorio habilitado.
• Garantizar la correcta toma de muestras.
• Preservar la confidencialidad de los resultados.
• Mantener la correspondiente cadena de custodia de las muestras.

El protocolo contempla que los controles puedan efectuarse durante sesiones ordinarias y extraordinarias, reuniones preparatorias, comisiones y encuentros de la Comisión Observadora Permanente.

De esta manera, el sistema no quedará circunscripto exclusivamente a las sesiones desarrolladas en el recinto.

⚠️ ¿Qué sucede si un resultado es positivo?

El protocolo establece un mecanismo de confirmación para los casos en que el primer examen arroje un resultado positivo.

En esas situaciones deberá realizarse un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado, antes de determinar las consecuencias correspondientes.

La normativa también incorpora una disposición particularmente relevante: la negativa injustificada del legislador a someterse al examen será considerada equivalente a un resultado positivo y podría derivar en la pérdida del cargo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la legislación vigente.

El objetivo es evitar que la posibilidad de rechazar el procedimiento se transforme en una vía para impedir la aplicación efectiva del sistema de controles.

💰 Cada legislador deberá afrontar el costo

Otro de los aspectos establecidos por el protocolo es que el costo de cada examen será asumido por el legislador que sea seleccionado para realizarlo.

La disposición se incorpora al mecanismo de controles aleatorios que, a partir de ahora, tendrá una aplicación periódica dentro de la Cámara.

📋 Qué sustancias detectan los estudios

La Ley 3531 contempla análisis capaces de detectar metabolitos asociados a diferentes tipos de sustancias, entre ellas:

• Opioides.
• Cannabinoides.
• Cocaína.
• Anfetaminas.
• Benzodiacepinas.
• Barbitúricos.
• Otras sustancias contempladas por el esquema toxicológico.

El procedimiento deberá respetar las condiciones técnicas necesarias para garantizar la confiabilidad del resultado y preservar la trazabilidad de las muestras.

🏛️ Una ley que alcanzará a los tres poderes

La decisión de la Legislatura se inscribe en una normativa provincial de mayor alcance.

La Ley 3531 de Exámenes Toxicológicos Obligatorios para Funcionarios Públicos fue sancionada en septiembre de 2025 con 29 votos a favor y 2 en contra, correspondientes al Frente de Izquierda.

Posteriormente, en febrero, el gobernador Rolando Figueroa reglamentó la norma.

La legislación alcanza a funcionarios de los tres poderes del Estado provincial y comprende, entre otros cargos, a ministros, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales, secretarios, fiscales de Estado y autoridades de organismos autárquicos y empresas estatales.

La reglamentación permitió establecer el marco general, pero en el caso de la Legislatura todavía era necesario desarrollar un procedimiento propio que definiera cómo y cuándo se realizarían los controles.

Ese paso quedó saldado ahora con la aprobación del protocolo.

🗣️ Figueroa fue el primero en someterse al examen

Tras la sanción de la ley, Figueroa decidió someterse públicamente al examen toxicológico y difundió el procedimiento.

“Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo”, sostuvo el gobernador al compartir el resultado negativo del análisis.

En aquella oportunidad también planteó que la medida debía brindar “tranquilidad a la sociedad respecto a nuestra salud” y sostuvo que quienes tienen responsabilidades de gobierno y adoptan “decisiones trascendentes” deben hacerlo con plena conciencia.

La implementación del protocolo legislativo lleva ahora ese principio al funcionamiento interno de la Cámara.

⚖️ Transparencia, control y debate institucional

La aplicación de los controles abre una nueva instancia dentro de la discusión sobre los estándares de conducta exigibles a quienes ocupan cargos públicos.

El desafío estará en lograr un equilibrio entre el derecho a la privacidad y la confidencialidad de los datos personales y el interés público asociado al ejercicio de funciones que implican la toma de decisiones sobre políticas, recursos y servicios que alcanzan a toda la sociedad.

Con el nuevo protocolo, la Legislatura establece un mecanismo concreto para que los controles dejen de depender de procedimientos pendientes y pasen a formar parte de su funcionamiento institucional.

El mensaje político de fondo es claro: quienes ejercen una banca deberán someterse a controles periódicos y aleatorios, sin aviso previo, como condición incorporada al régimen de funcionamiento de la Cámara.