Una denuncia de 30 fojas pone a Saloniti ante un posible juicio político

Una presentación ciudadana de 30 fojas ingresó este lunes 3 de agosto por la mesa de entradas del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes y abrió una instancia institucional de fuerte impacto político para el gobierno municipal.

La denuncia fue promovida por la vecina Valeria López Oronoz, quien solicitó que el cuerpo legislativo evalúe el inicio de un juicio político contra el intendente Carlos Saloniti. El escrito reúne señalamientos relacionados con el sistema cloacal, el funcionamiento financiero del municipio, los controles ambientales, el cumplimiento de resoluciones judiciales, la actuación de los órganos de control y el proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial.

La existencia de la denuncia no significa que Saloniti se encuentre sometido formalmente a juicio político, suspendido o declarado responsable. El Concejo deberá revisar la presentación, evaluar la documentación acompañada y determinar, mediante las mayorías previstas en la Carta Orgánica, si corresponde abrir el procedimiento.

Una herramienta contemplada en la Carta Orgánica

La Carta Orgánica de San Martín de los Andes permite que cualquier ciudadano denuncie delitos, transgresiones o incumplimientos funcionales cometidos presuntamente por autoridades y empleados municipales. Cuando la persona denunciada está alcanzada por el régimen de juicio político, las actuaciones deben ser remitidas al Concejo Deliberante.

El intendente se encuentra entre las autoridades que pueden ser destituidas por ese mecanismo. Las causales previstas son una sentencia firme por delitos dolosos; una sentencia firme por delitos culposos con incidencia funcional; el mal desempeño de la función; el incumplimiento de los deberes del cargo; y una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

El reglamento municipal establece, además, que una denuncia debe ser presentada por escrito, identificar al denunciante, exponer los hechos, señalar la causal invocada y acompañar las pruebas disponibles o indicar dónde pueden encontrarse.

La función del Concejo no será validar automáticamente las acusaciones, sino determinar si los hechos denunciados poseen entidad institucional, respaldo documental y encuadre jurídico suficiente para habilitar una investigación política.

“No puedo permanecer indiferente”

Al explicar públicamente su decisión, López Oronoz sostuvo que había recurrido al mecanismo contemplado en la Carta Orgánica luego de considerar agotadas otras instancias administrativas.

“No puedo permanecer indiferente ante la degradación de nuestro entorno natural, el desorden financiero y la falta de respuesta institucional”, expresó la denunciante.

La presentación busca atribuir responsabilidad política al jefe comunal por una serie de situaciones que, según la impulsora del pedido, no habrían recibido respuestas suficientes por parte del Ejecutivo.

Sin embargo, los señalamientos contenidos en el documento deben ser considerados acusaciones pendientes de evaluación. La eventual responsabilidad de Saloniti solo podría establecerse luego del procedimiento, del análisis de las pruebas y del ejercicio pleno de su derecho de defensa.

Primer eje: los vuelcos cloacales y la situación ambiental

Uno de los capítulos principales está relacionado con los episodios de contaminación atribuidos a vuelcos de efluentes cloacales sobre el lago Lácar y los arroyos Pocahullo y Calbuco.

Según el planteo, diferentes organismos habrían advertido sobre las limitaciones operativas y la saturación de las plantas de tratamiento PTE-1 y PTE-3, sin que el Ejecutivo municipal hubiera instrumentado una respuesta considerada suficiente por la denunciante.

El cuestionamiento apunta a determinar si la administración municipal actuó con la diligencia necesaria frente a un problema que involucra la protección de los cursos de agua, el ambiente, la salud pública y uno de los principales activos naturales y turísticos de la ciudad.

La denuncia no deberá probar únicamente que existieron problemas en el sistema cloacal, sino que esos hechos podrían configurar una acción u omisión personalmente atribuible al intendente dentro de las causales previstas para el juicio político.

Segundo eje: el corte de energía en edificios municipales

La presentación también incorpora el corte del suministro eléctrico que afectó al Palacio Municipal y al propio Concejo Deliberante, presuntamente como consecuencia de deudas acumuladas con el Ente Provincial de Energía del Neuquén —EPEN—.

El documento cuestiona la administración de los recursos destinados al pago del servicio y plantea dudas sobre cómo se produjo una interrupción que alcanzó dependencias centrales del gobierno local.

A ese episodio se agrega la preocupación por la planta cloacal PTE-1 y la eventual falta de un sistema energético de respaldo que garantice su funcionamiento frente a cortes del suministro.

La acusación intenta vincular el desorden financiero denunciado con riesgos operativos más amplios: no solo la interrupción de actividades administrativas, sino también la posibilidad de afectar instalaciones vinculadas con el saneamiento de la ciudad.

Tercer eje: las obras ejecutadas en el cerro Chapelco

Otro capítulo refiere a obras realizadas en el cerro Chapelco y a supuestas falencias en los controles ambientales municipales.

La denunciante sostiene que se habrían habilitado o ejecutado intervenciones sin contar previamente con todos los estudios y procedimientos de evaluación ambiental requeridos. También menciona que el propio municipio habría reconocido posteriormente la existencia de irregularidades mediante un decreto.

El Concejo deberá establecer qué competencias correspondían al Ejecutivo, qué autorizaciones fueron emitidas, qué estudios estaban exigidos, cuándo fueron realizados los controles y cuál fue el alcance jurídico del decreto citado.

No toda deficiencia administrativa constituye automáticamente mal desempeño. Para avanzar con el procedimiento será necesario determinar la gravedad de los hechos, la participación de cada área y el nivel de responsabilidad que podría corresponderle al intendente.

Cuarto eje: una presunta desobediencia judicial

El escrito también acusa al Ejecutivo de incumplir o resistirse a ejecutar resoluciones judiciales vinculadas con cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo municipal.

Según la presentación, existiría una medida cautelar dictada en relación con disposiciones consideradas inconstitucionales, cuyo cumplimiento no habría sido instrumentado de manera adecuada por la administración.

Este punto requerirá un examen jurídico específico. Los concejales deberán conocer el contenido de las resoluciones, las obligaciones impuestas, las notificaciones cursadas, las actuaciones realizadas por el municipio y el estado procesal de la controversia.

Una acusación de desobediencia judicial exige probar no solamente la existencia de una decisión, sino también que estaba vigente, que fue correctamente notificada y que la autoridad incumplió deliberadamente una obligación concreta.

Quinto eje: los informes de la Contraloría Municipal

La denuncia incorpora objeciones sobre el tratamiento que el Ejecutivo habría dado a informes y observaciones de la Contraloría Municipal, organismo responsable de controlar aspectos administrativos, financieros y patrimoniales de la gestión local.

El documento sostiene que existieron irregularidades advertidas por el órgano de control que no habrían recibido una respuesta institucional adecuada y cuestiona supuestas descalificaciones públicas hacia su actuación.

En esta instancia deberá determinarse qué informes fueron emitidos, cuáles eran sus recomendaciones, si contenían observaciones administrativas o imputaciones concretas y qué obligaciones generaban para el Departamento Ejecutivo.

La autonomía de los organismos de control constituye una pieza esencial de la administración pública, pero sus observaciones también deben ser analizadas en su contenido, alcance legal y estado de cumplimiento.

Sexto eje: el Plan de Ordenamiento Territorial

El último núcleo del pedido se refiere al proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial —POT—, una herramienta central para definir el crecimiento urbano, los usos del suelo y la planificación futura de San Martín de los Andes.

La presentación cuestiona la realización de la audiencia pública, el cumplimiento de los mecanismos de participación exigidos por la Carta Orgánica y la fidelidad de determinados registros confeccionados durante el proceso.

Los señalamientos deberán ser contrastados con las convocatorias, actas, registros de participantes, exposiciones realizadas, documentación del procedimiento y normas aplicables.

La discusión resulta especialmente sensible en una ciudad sometida a una fuerte expansión urbana, presión inmobiliaria y conflictos recurrentes entre desarrollo, acceso a la tierra y preservación ambiental.

Qué deberá resolver primero el Concejo Deliberante

La Carta Orgánica dispone que, ante una denuncia presentada por un ciudadano o concejal, el cuerpo debe tratarla en la primera sesión posterior a tomar conocimiento de los hechos.

Para declarar abierto el procedimiento inicial se requiere el voto de la mayoría absoluta de los integrantes del Concejo. Si esa mayoría considera que existe mérito, el intendente deberá ser convocado a una sesión especial para realizar su descargo. Entre su notificación y la audiencia deberán transcurrir al menos cinco días hábiles.

Esa primera votación no define la destitución ni declara culpable al jefe comunal. Solo determina si la denuncia merece atravesar la instancia formal de descargo y evaluación.

Luego de escuchar a Saloniti, el Concejo deberá volver a votar. Para continuar con el juicio político serán necesarios los dos tercios de la totalidad de sus miembros. Si no se alcanza esa mayoría, el pedido deberá ser desestimado.

Una eventual continuidad implicaría la suspensión preventiva

La Carta Orgánica establece que, si después del descargo los dos tercios resuelven continuar, la decisión producirá la suspensión preventiva de la autoridad denunciada mientras se tramite el juicio político.

El Concejo se divide anualmente en dos cuerpos: una sala investigadora y una sala juzgadora. La primera debe reunir y analizar los elementos probatorios; la segunda tiene a su cargo la decisión final.

La sala investigadora contará con 30 días hábiles para producir pruebas. Al finalizar deberá resolver, también por una mayoría de dos tercios, si formula una acusación o recomienda desestimar los cargos.

Si existe acusación, el expediente será enviado a la sala juzgadora, que tendrá 15 días hábiles para resolver. La destitución solo podrá aprobarse con el voto favorable de dos tercios de sus integrantes.

Derecho de defensa y un plazo máximo de 90 días

El procedimiento debe garantizar en todas sus etapas el derecho de defensa, la posibilidad de ofrecer pruebas y el debido proceso.

La Carta Orgánica fija un límite máximo de 90 días hábiles para la totalidad del juicio político. Si los plazos se incumplen y la autoridad se encuentra suspendida preventivamente, deberá ser repuesta en el cargo, aunque las actuaciones puedan continuar.

En caso de prosperar, el efecto directo del juicio político es la destitución. Cualquier eventual responsabilidad civil o penal deberá tramitarse por separado ante la Justicia ordinaria.

El juicio político no reemplaza una causa judicial ni tiene como objetivo imponer una condena penal. Es un mecanismo institucional para evaluar la responsabilidad política y funcional de determinadas autoridades municipales.

Un escenario que exige prudencia institucional

La presentación de López Oronoz coloca al Concejo Deliberante ante una decisión de alta sensibilidad. Los concejales deberán evitar tanto el archivo automático por conveniencia política como la apertura irreflexiva de un procedimiento basado únicamente en el impacto público de las acusaciones.

El expediente contiene cuestionamientos graves que involucran al ambiente, los recursos municipales, el cumplimiento de decisiones judiciales y el funcionamiento de los controles. Pero la gravedad de una denuncia no sustituye la necesidad de pruebas, ni el descontento político reemplaza las garantías del debido proceso.

El intendente Carlos Saloniti deberá contar con la posibilidad de conocer cada imputación, presentar su posición, controvertir la documentación y explicar las decisiones adoptadas por su gobierno.

Por su parte, el Concejo tendrá que actuar con transparencia, publicar sus decisiones, fundamentar cada votación y evitar que el procedimiento se convierta en una herramienta de persecución o protección partidaria.

El ingreso del pedido abre una instancia institucional; no anticipa su resultado. Desde ahora, la responsabilidad recae sobre los concejales: investigar sin encubrir, decidir sin prejuzgar y garantizar que la política no esté por encima de las reglas.