Neuquén muestra una fuerte baja del delito y Figueroa consolida su política de seguridad

Las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, muestran una baja marcada de los delitos contra la propiedad en Neuquén durante 2025. Los datos difundidos por el Gobierno provincial ubican a la provincia por encima del promedio nacional en la reducción de robos y otros hechos patrimoniales, un indicador que la gestión de Rolando Figueroa presenta como respaldo a su estrategia de seguridad.

Uno de los registros más significativos corresponde a los denominados “otros delitos contra la propiedad”, categoría que incluye estafas, defraudaciones, extorsiones, usurpaciones y usura. En ese rubro, Neuquén pasó de 5.818 hechos en 2024 a 3.942 en 2025, lo que representa una baja interanual del 32,7%.

La misma tendencia aparece en los robos y tentativas de robo. Según el informe, los hechos descendieron de 10.491 en 2024 a 7.462 en 2025, una caída del 29,3%. Esa reducción supera tanto el promedio nacional informado para esa categoría como el registro de otras provincias patagónicas, como Río Negro, donde la baja fue del 21,2%.

El Gobierno provincial vincula estos indicadores con una política de seguridad basada en tres ejes: más presencia policial, inversión en infraestructura y nuevas herramientas legales para reducir la reincidencia delictiva. En ese marco, la administración de Figueroa insiste en una definición política que se transformó en consigna de gestión: “el que las hace, las paga”.

La Provincia profundizó en los últimos dos años y medio una estrategia orientada a fortalecer a la Policía del Neuquén, modernizar dependencias, ampliar la capacidad de alojamiento de detenidos y avanzar en el combate contra el narcomenudeo. El objetivo declarado es aumentar la presencia del Estado en los barrios y atacar delitos que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos.

Entre las obras destacadas aparece la nueva Comisaría Cuarta de Alta Barda, que ya supera el 35% de ejecución y demandó una inversión superior a los $2.399 millones. El edificio reemplazará una dependencia con casi cuatro décadas de antigüedad y permitirá ampliar la capacidad operativa y de alojamiento de personas detenidas.

También se anunció una inversión para que Plottier cuente con una tercera comisaría en el oeste de la ciudad, una zona marcada por el crecimiento demográfico y urbano. La medida busca adaptar la infraestructura policial a las nuevas demandas territoriales y mejorar la capacidad de respuesta preventiva.

Otro de los pilares de la política oficial es la lucha contra el microtráfico de drogas, una competencia que la Provincia asumió tras la desfederalización. Según los datos difundidos, durante el primer año de aplicación se realizaron 246 allanamientos, se secuestraron más de 45 kilos de cannabis, 28 kilos de cocaína, además de dinero, armas y vehículos. También se informó la detención de 323 personas y alrededor de 100 condenas.

La gestión provincial sostiene que esa línea de intervención comienza a tener impacto directo en los barrios, no solo por el secuestro de droga, sino por el desarme de puntos de venta, la reducción de economías ilegales y la articulación con la Justicia para sostener causas penales.

En paralelo, Figueroa impulsó una serie de reformas aprobadas por la Legislatura del Neuquén. Entre ellas se destacan la incorporación de la reiterancia delictiva como causal de prisión preventiva, la actualización de la Ley Orgánica de la Policía y nuevas herramientas para investigar el microtráfico, como allanamientos nocturnos y la recepción de denuncias anónimas.

También se incorporó la creación de los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana, pensados como espacios de articulación territorial entre Estado, instituciones y comunidades para trabajar sobre diagnósticos locales y respuestas preventivas.

La estrategia oficial se completa con la ampliación de infraestructura penitenciaria y nuevos espacios de alojamiento para detenidos. Para el Gobierno, ese punto resulta clave para sostener el discurso del “fin de la puerta giratoria” y evitar que las detenciones se frustren por falta de cupo o por limitaciones del sistema.

En distintas oportunidades, el gobernador defendió la decisión de invertir recursos propios para fortalecer a la Policía, incorporar tecnología, construir nuevas dependencias y coordinar acciones con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. La línea política que atraviesa ese esquema es clara: quien delinque debe enfrentar consecuencias efectivas por sus actos.

Esa coordinación institucional volvió a quedar expuesta durante la jornada sobre los desafíos del sistema penal frente al microtráfico, con participación de la vocal del Tribunal Superior de Justicia, María Soledad Gennari; el ministro Matías Nicolini; representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Allí se ratificó la necesidad de sostener una política provincial articulada contra el narcotráfico y el delito.

El dato estadístico, sin embargo, exige una lectura completa. La baja de hechos delictivos es un indicador relevante, pero la seguridad no se mide solo en números: también se mide en percepción ciudadana, prevención sostenida, capacidad investigativa, presencia territorial, respuesta judicial y confianza pública. El desafío para la Provincia será consolidar la tendencia y evitar que los resultados se limiten a un período estadístico.

En esa línea, el Gobierno apuesta a mostrar que la reducción de robos, estafas y delitos patrimoniales no responde a un hecho aislado, sino a una política integral. Más infraestructura, leyes más duras, combate al microtráfico y presencia estatal en los barrios forman parte del modelo que Figueroa busca instalar como marca de gestión en seguridad.