El Gobierno busca frenar la ludopatía infantil, pero habilita la publicidad del juego

Mientras el Congreso vuelve a debatir el avance de las apuestas digitales, el oficialismo impulsa una nueva estrategia legislativa que endurece controles sobre menores, aunque flexibiliza uno de los puntos más cuestionados: la promoción de plataformas de juego online.

La discusión por la ludopatía volvió al centro de la agenda parlamentaria y promete convertirse en uno de los debates más sensibles del año. El nuevo proyecto enviado al Senado por el Gobierno nacional establece restricciones para impedir el acceso de menores a plataformas de apuestas online, pero al mismo tiempo habilita la publicidad de casinos virtuales, bingos y casas de apuestas bajo determinadas condiciones regulatorias.

La iniciativa marca una diferencia sustancial respecto del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, donde se impulsaba una prohibición más estricta sobre la difusión y patrocinio de los juegos de azar online. Aquella norma, aún vigente en estado parlamentario, había sido respaldada por una amplia mayoría opositora y rechazaba prácticamente toda forma de promoción comercial vinculada al sector.

En ese momento, el texto obtuvo 139 votos afirmativos, acompañados por el peronismo, Encuentro Federal, la izquierda, Innovación Federal, Democracia para Siempre e Independencia. En contraste, La Libertad Avanza votó en contra, mientras que el PRO, la UCR y el MID optaron mayoritariamente por la abstención.

Ahora, el escenario político cambió. El oficialismo busca imponer una versión alternativa que combina prevención, control y regulación del mercado del juego digital, aunque dejando abierta la posibilidad de publicidad para operadores autorizados.

Una batalla legislativa que nunca terminó

El Senado ya había abordado el tema en comisión durante septiembre de 2025, pero las diferencias internas dentro de los bloques opositores impidieron la firma de un dictamen. A pesar de que el peronismo contaba entonces con 34 integrantes, no logró unificar criterios respecto del texto aprobado en Diputados.

La nueva iniciativa deberá ser tratada en las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales, presididas por las senadoras libertarias Nadia Márquez e Ivanna Arrascaeta, y por Gonzalo Guzmán Coraita.

Uno de los aspectos que anticipa mayor confrontación política es justamente el capítulo referido a la publicidad.

El Gobierno propone permitir campañas de promoción de apuestas online siempre que no estén dirigidas a menores ni asocien el juego con éxito social, económico o personal.

La oposición, en cambio, sostiene que la publicidad constituye el principal mecanismo de captación de adolescentes y jóvenes hacia plataformas de apuestas digitales.

Los puntos centrales del nuevo proyecto

La iniciativa oficial establece una batería de medidas orientadas a prevenir el juego patológico y combatir las plataformas ilegales.

Entre los principales ejes figuran:

• La prohibición del acceso y uso de plataformas de apuestas online para menores de edad.
• La erradicación de juegos de azar digitales no autorizados.
• El desarrollo de campañas de concientización sobre los efectos de la ludopatía.
• La elaboración de estadísticas epidemiológicas para detectar grupos vulnerables y monitorear políticas públicas.
• La coordinación entre Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires para establecer criterios comunes de regulación.

El punto más polémico: la publicidad

El capítulo vinculado a la difusión comercial de apuestas será el núcleo de la confrontación parlamentaria.

El proyecto oficial:

• Prohíbe la publicidad de operadores ilegales.
• Autoriza campañas de plataformas habilitadas bajo normas específicas.
• Impide mensajes dirigidos a menores.
• Prohíbe asociar apuestas con prestigio social, éxito económico o aceptación grupal.
• Restringe contenidos que incentiven consumo de alcohol o tabaco junto al juego.
• Obliga a medios y plataformas digitales a verificar que los anunciantes estén autorizados oficialmente.

En términos políticos, la discusión expone una tensión de fondo entre dos modelos regulatorios: la prohibición casi absoluta impulsada por sectores opositores y el esquema de “regulación controlada” promovido por el oficialismo.

Penas de prisión para apuestas ilegales

El texto también endurece las sanciones penales.

Quienes operen plataformas clandestinas de apuestas online podrían enfrentar penas de prisión de tres a seis años.

Además, recibirán condenas de dos a cuatro años aquellas personas o empresas que faciliten el funcionamiento de sitios ilegales mediante servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales, aun conociendo la falta de autorización oficial.

La incorporación de sanciones para intermediarios tecnológicos amplía el alcance de la responsabilidad penal y apunta directamente a empresas de pagos, proveedores digitales y actores publicitarios que participen del circuito de explotación ilegal.

Un debate que trasciende al juego

El nuevo proyecto no sólo reabre la discusión sobre la ludopatía infantil. También instala un debate más profundo sobre los límites del mercado digital, el rol del Estado en la regulación del entretenimiento online y el alcance de la publicidad en plataformas masivas.

En medio del crecimiento acelerado de las apuestas virtuales en Argentina, el Senado se encamina a discutir una norma donde chocarán intereses económicos multimillonarios, presión empresarial y demandas sociales vinculadas a la salud mental adolescente.

La disputa ya no gira únicamente sobre el juego online: el verdadero debate es hasta dónde debe llegar el Estado para controlar una industria que avanza más rápido que la política.