El Gobierno busca eliminar la Ley de Etiquetado Frontal y abre una nueva disputa por el modelo alimentario

El Gobierno nacional formalizó este sábado el envío al Congreso del proyecto de ley que propone derogar completamente la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida públicamente como Ley de Etiquetado Frontal, una de las regulaciones alimentarias más debatidas de los últimos años en la Argentina.

La iniciativa ingresó al Senado con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, y plantea eliminar el sistema de octógonos negros de advertencia implementado sobre alimentos y bebidas industrializadas.

Desde la Casa Rosada sostienen que la normativa vigente presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican su derogación total y reclaman un tratamiento legislativo urgente.

Fin de los octógonos negros y de las restricciones publicitarias

El proyecto oficial establece la derogación íntegra de la ley actualmente vigente, lo que implicaría:

• La eliminación de los octógonos negros en envases.
• El fin de las restricciones publicitarias dirigidas a menores.
• La quita de limitaciones en entornos escolares.
• La autorización nuevamente del uso de personajes infantiles en productos alimenticios.

La medida significaría uno de los cambios regulatorios más profundos dentro de la política alimentaria nacional desde la sanción de la ley original.

El Gobierno cuestionó el sistema “binario”

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo apunta contra el modelo nutricional utilizado actualmente, basado en parámetros definidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Según el texto oficial, el esquema aplica criterios homogéneos sobre productos con características nutricionales diferentes y genera resultados considerados “distorsivos”.

El Gobierno sostiene que alimentos tradicionales o con determinados aportes nutricionales reciben advertencias equivalentes a productos ultraprocesados, provocando “interpretaciones simplificadas o poco precisas” por parte de los consumidores.

La administración libertaria considera que el sistema vigente no contempla adecuadamente:

• Las porciones reales de consumo.
• La densidad nutricional.
• Las diferencias entre categorías alimentarias.
• Los cambios graduales en la composición de los productos.

“No premia las mejoras de la industria”

Otro de los cuestionamientos centrales apunta contra lo que el oficialismo define como una lógica “binaria” del sistema.

Según el proyecto, la normativa actual solo determina si un alimento lleva o no advertencias, sin contemplar mejoras parciales realizadas por las empresas.

La Casa Rosada sostiene que el modelo no incentiva procesos graduales de reducción de azúcar, sodio o grasas, afectando el desarrollo de nuevas formulaciones dentro de la industria alimenticia.

Mercosur, costos y presión sobre las PyMEs

El texto enviado al Senado también advierte sobre supuestos problemas de competitividad regional derivados de la falta de armonización normativa dentro del Mercosur.

El Ejecutivo argumenta que Argentina terminó implementando exigencias de rotulado distintas a las de otros países del bloque, obligando a muchas empresas a producir envases diferenciados exclusivamente para el mercado local.

Según el Gobierno, esa situación impacta especialmente sobre:

• Pequeñas y medianas empresas.
• Productores regionales.
• Industrias con menores escalas de producción.

El oficialismo sostiene que los costos regulatorios podrían favorecer la concentración económica y perjudicar a las PyMEs.

La información nutricional seguirá siendo obligatoria

Pese a la derogación propuesta, el Gobierno aclaró que no desaparecerá la obligación de informar el contenido nutricional de los alimentos envasados.

Seguirán vigentes las disposiciones contempladas en:

• El Código Alimentario Argentino.
• Normativas armonizadas del Mercosur.
• Leyes de defensa del consumidor.
• Régimen de lealtad comercial.

La información sobre:

• Valor energético.
• Azúcares.
• Grasas.
• Sodio.

continuará figurando obligatoriamente en los envases.

Un debate que vuelve a dividir a la política y a la salud pública

La decisión del Ejecutivo reabre uno de los debates más sensibles entre el Gobierno, la industria alimenticia, organismos sanitarios y sectores vinculados a la salud pública.

Mientras el oficialismo sostiene que la normativa actual es técnicamente deficiente y perjudica la competitividad, distintos especialistas y organizaciones habían defendido el etiquetado frontal como una herramienta clave para mejorar la información al consumidor y combatir enfermedades vinculadas a la mala alimentación.

La discusión promete trasladarse ahora al Congreso, donde el oficialismo buscará avanzar con la derogación en medio de un escenario político marcado por fuertes disputas regulatorias y económicas.