Escándalo Baguales: denuncian que Weretilneck autorizó hidroeléctricas sin pasar por la Legislatura
Regionales
Baguales bajo la lupa: denuncian autorización de hidroeléctricas sin aval legislativo y crece la tensión política en Río Negro
El proyecto hidroeléctrico en la zona de Arroyo Baguales volvió al centro del debate público tras la difusión de documentación oficial que da cuenta de una autorización otorgada por el gobierno de Alberto Weretilneck para la construcción de tres centrales destinadas a generación eléctrica privada.
El punto crítico: la habilitación se habría realizado por vía administrativa, sin tratamiento previo en la Legislatura, lo que abrió cuestionamientos sobre su encuadre legal y constitucional.
La resolución y el eje del conflicto institucional
Según consta en el Boletín Oficial provincial (N° 6357, enero de 2025), el Departamento Provincial de Aguas (DPA) otorgó a la firma Río Villegas S.A.U. el permiso para utilizar caudales del arroyo con fines energéticos.
La autorización, formalizada mediante la Resolución 75/2025, habilita la construcción de tres centrales —CHiBa I, II y III— con un plazo de 30 años de concesión, destinadas al abastecimiento interno de un emprendimiento privado.
El cuestionamiento central radica en que, según el Código de Aguas provincial, todo aprovechamiento hidroeléctrico requiere una ley específica aprobada por la Legislatura, lo que no habría ocurrido en este caso.
La omisión del circuito legislativo es señalada como una posible inconstitucionalidad, al tratarse de la cesión de uso de un recurso estratégico como el agua.
Energía para uso privado y capitales extranjeros
El esquema aprobado prevé que las centrales turbinen caudales de hasta 42, 200 y 350 litros por segundo, generando energía exclusivamente para consumo interno del complejo Baguales, sin inyección al sistema eléctrico público.
Este punto alimenta uno de los ejes más sensibles del debate:
el uso de un bien público con fines estrictamente privados, en un emprendimiento vinculado a capitales extranjeros.
El proyecto se desarrolla en tierras asociadas al empresario qatarí Abdulhadi Mana Al-Hajri, integrante de una familia cercana al emir de Qatar, en una zona de alto valor ambiental próxima al Parque Nacional Nahuel Huapi.
Un entramado empresarial con conexiones políticas
La empresa beneficiaria, Río Villegas S.A.U., está integrada por Baguales Acquisitions S.A., sociedad que reúne a Al-Hajri con el extenista Gastón Gaudio.
En ese contexto, resurgen cuestionamientos sobre los vínculos políticos en torno al proyecto, incluyendo menciones a relaciones previas con el expresidente Mauricio Macri, lo que amplifica la dimensión política del caso.
Cuestionamientos ambientales y falta de participación
Otro de los ejes críticos apunta a los procedimientos ambientales.
Según planteos ingresados en la Legislatura, no se habrían realizado audiencias públicas ni instancias de participación ciudadana, pese a tratarse de un área sensible.
Además, se advierte que:
- El proyecto se ubica en zonas categorizadas como “rojas” dentro del ordenamiento de bosques nativos
- Forma parte de corredores ecológicos protegidos
- Podría haber requerido consulta a comunidades bajo el Convenio 169 de la OIT, lo que no habría sido cumplido
Territorio, inversión extranjera y control estatal
El caso Baguales se inscribe en un debate más amplio sobre la expansión de capitales extranjeros en la región cordillerana.
En la zona conviven grandes extensiones de tierras en manos privadas, incluyendo propiedades vinculadas al empresario británico Joe Lewis en el área de Lago Escondido.
Las denuncias apuntan a un proceso de concentración territorial y acceso a recursos naturales estratégicos, en un contexto donde se cuestiona la capacidad —o voluntad— del Estado para ejercer controles efectivos.
Nuevas revelaciones y derivaciones judiciales posibles
El caso sumó un elemento adicional tras la declaración del ex polista Hugo Barabucci, quien admitió haber recibido fondos del exterior para la compra de tierras, lo que encendió alertas sobre posibles violaciones a la Ley de Tierras Rurales (26.737).
Este componente introduce una dimensión judicial potencial vinculada a:
- Delitos económicos
- Origen de fondos
- Control de inversiones extranjeras en zonas sensibles
Lectura política: recursos estratégicos y tensión institucional
El conflicto expone una tensión estructural en la provincia:
la relación entre desarrollo, inversión extranjera y control democrático de los recursos naturales.
Por un lado, el gobierno provincial impulsa esquemas de inversión privada en territorios estratégicos.
Por otro, sectores políticos y sociales cuestionan:
- La falta de intervención legislativa
- La ausencia de controles ambientales robustos
- La cesión prolongada de recursos públicos
Un caso abierto con impacto político creciente
La controversia por Baguales ya trascendió lo técnico y se convirtió en un tema de alto voltaje político.
No se discute solo un proyecto hidroeléctrico, sino el modelo de gestión del territorio, los límites del poder ejecutivo y el rol del Estado frente a intereses globales.
