Las universidades públicas de todo el país volverán a movilizarse este martes en el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, una nueva jornada nacional de protesta convocada contra el ajuste presupuestario aplicado por el gobierno de Javier Milei sobre el sistema de educación superior.
La convocatoria se produce luego de que el Ejecutivo nacional oficializara un nuevo recorte de 78.768 millones de pesos destinados a infraestructura y programas universitarios, en medio de una creciente tensión con docentes, no docentes, estudiantes y autoridades académicas.
El conflicto escaló además al plano judicial, ya que la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso permanece actualmente suspendida mientras la Corte Suprema analiza distintos planteos vinculados a su implementación.
Los gremios universitarios y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que el sistema atraviesa una de las crisis presupuestarias más profundas de las últimas décadas.
Según los datos difundidos por las organizaciones académicas, los salarios docentes y no docentes cayeron a niveles históricamente bajos y gran parte del sector universitario se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
El sistema universitario denuncia una caída real de las transferencias nacionales del 45,6% en los últimos dos años.
La situación se agravó tras una decisión administrativa firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, mediante la cual el Gobierno reasignó partidas destinadas a obras y programas educativos.
El impacto no solo afecta el funcionamiento académico sino también áreas sanitarias vinculadas a las universidades nacionales.
Hospitales universitarios dependientes de la UBA alertaron que cuentan con insumos para apenas 45 días, mientras que el Instituto Roffo advirtió problemas presupuestarios que ya afectan tratamientos oncológicos y equipamiento médico.
El conflicto también quedó atravesado por una fuerte disputa judicial.
La Cámara Federal concedió un recurso extraordinario solicitado por el Estado Nacional, lo que dejó en suspenso la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario hasta que se expida la Corte Suprema.
Mientras tanto, el Gobierno nacional sostiene que la norma pone en riesgo el equilibrio fiscal y asegura que su implementación obligaría a reasignar gran parte de los recursos destinados a gastos primarios del Estado.
En paralelo, sectores universitarios recusaron a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, argumentando posibles conflictos de interés debido a sus vínculos académicos con universidades públicas.
La movilización tendrá fuerte presencia en ciudades de Neuquén y Río Negro, donde universidades, sindicatos y agrupaciones estudiantiles convocaron a marchas y actividades públicas.
La concentración comenzará a las 17:30 en el playón de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
Desde allí, la marcha avanzará a las 18:00 por Avenida Argentina hasta Mosconi y regresará hacia el Monumento al General San Martín, donde se realizará el acto central.
En la ciudad rionegrina las actividades comenzarán desde las 16:00 en Plaza San Martín con intervenciones artísticas y espacios culturales.
La movilización principal está prevista para las 18:00.
La convocatoria será a las 17:30 en el Centro Cívico.
Participarán estudiantes y trabajadores de la UNCo, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la UTN y el Instituto Balseiro.
La sede Atlántica de la UNRN iniciará la concentración a las 15:30.
La movilización partirá a las 16:00 desde CURZAS hacia Plaza San Martín.
La nueva Marcha Federal Universitaria vuelve a instalar a la educación pública como uno de los principales focos de conflicto político y social para el gobierno de Javier Milei.
Mientras el Ejecutivo sostiene el ajuste fiscal como eje central de su programa económico, el sistema universitario denuncia un proceso de desfinanciamiento que —según advierten rectores y gremios— compromete el funcionamiento académico, científico y sanitario de las universidades nacionales.
Con salarios deteriorados, obras paralizadas y fondos judicializados, las universidades vuelven a las calles en defensa del financiamiento público.
