La creciente preocupación por una serie de amenazas de tiroteos en establecimientos educativos de la provincia ingresó formalmente a la agenda legislativa, con un pedido de informes que busca esclarecer el alcance del fenómeno y las acciones desplegadas por el Estado.
El proyecto de resolución fue presentado por el diputado Darío Peralta (UxP), quien solicitó información detallada a los ministerios de Seguridad y de Educación frente a lo que definió como “una ola de intimidaciones vinculadas a un posible reto viral difundido en redes sociales”, que ya impacta en múltiples comunidades educativas.
Según se desprende de los fundamentos del proyecto, la modalidad de las amenazas presenta patrones reiterados: mensajes anónimos escritos en baños escolares o difundidos a través de plataformas digitales, que incluyen fechas específicas y advertencias de violencia armada.
Este esquema genera consecuencias inmediatas. “Provocan pánico en las comunidades educativas y fuerzan la suspensión de actividades”, advierte el texto, reflejando un escenario donde la incertidumbre se traduce en interrupciones del ciclo escolar y en un clima generalizado de temor.
El pedido legislativo apunta a obtener un diagnóstico preciso y oficial sobre la magnitud del problema. En ese sentido, se requiere al Ejecutivo provincial un informe que incluya:
El enfoque no se limita a la dimensión punitiva, sino que incorpora la necesidad de abordar el impacto emocional y social en estudiantes, docentes y familias.
El planteo de Peralta se inscribe en un contexto donde la seguridad en ámbitos educativos adquiere centralidad creciente, no solo por los hechos concretos, sino por el efecto multiplicador de las redes sociales en la propagación de amenazas.
En términos políticos, el proyecto interpela directamente la capacidad de respuesta estatal frente a fenómenos emergentes que combinan virtualidad, anonimato y alto impacto social.
La iniciativa, identificada como proyecto de resolución N° 18260, fue ingresada el 17 de abril de 2026 por Mesa de Entradas y cuenta con el acompañamiento de los diputados Darío Martínez (UxP) y César Gass (JxC-UCR), lo que le otorga un respaldo político transversal.
El tratamiento del proyecto podría abrir un debate más amplio sobre protocolos de actuación, prevención del delito en entornos digitales y estrategias de contención en el sistema educativo.
