El Ejecutivo municipal de Neuquén formalizó el envío al Concejo Deliberante de un proyecto de ordenanza que propone la prohibición expresa de la actividad de limpiavidrios en intersecciones semaforizadas y otros puntos de circulación vehicular, en el marco de una política orientada a reforzar la seguridad vial y regular el uso del espacio público.
La iniciativa fue presentada en la Sala de Situación del municipio por la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, acompañada por el ministro de Seguridad provincial, Matías Nicolini, junto a concejales y funcionarios de distintos niveles de gobierno. El proyecto será abordado en comisión legislativa el lunes, con la expectativa oficial de avanzar hacia su tratamiento y eventual aprobación en sesión ordinaria el jueves.
Desde el Ejecutivo local sostienen que la medida responde a la necesidad de garantizar condiciones de circulación seguras y evitar situaciones que, según argumentan, generan incomodidad, presión o incluso episodios de conflictividad entre conductores, peatones y quienes realizan esta actividad informal.
Previo a la elaboración del proyecto, el municipio realizó un relevamiento que identificó aproximadamente a un centenar de personas dedicadas a la limpieza de vidrios en la vía pública, distribuidas en distintos puntos estratégicos de la ciudad y con variaciones según días y franjas horarias.
A partir de ese diagnóstico, se diseñó un esquema de intervención segmentado. Según datos oficiales, el 70% de las personas relevadas no tendría residencia en Neuquén, por lo que se prevé trabajar en procesos de revinculación con sus lugares de origen. En tanto, el 30% restante —identificado como población local— será incluido en programas de capacitación laboral con el objetivo de facilitar su inserción en el mercado formal.
El relevamiento también permitió detectar situaciones de consumo problemático, presencia de menores de edad y personas con discapacidad, casos que serán abordados mediante dispositivos específicos del Estado provincial y municipal. Asimismo, se identificaron situaciones con implicancias judiciales, que serán articuladas con el sistema de justicia.
En paralelo, desde el municipio se señaló que existen registros de denuncias ciudadanas canalizadas a través de la línea 147, vinculadas a episodios de insistencia, intimidación o conflictos en la vía pública asociados a esta práctica.
El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, confirmó el acompañamiento del gobierno provincial para la implementación de la eventual ordenanza, destacando que la problemática presenta aristas tanto en materia de seguridad como de convivencia urbana.
Según indicó, el establecimiento de un marco normativo específico permitirá dotar de respaldo legal a la intervención de inspectores municipales y fuerzas policiales, habilitando acciones concretas para el control y cumplimiento de la medida.
“El objetivo es consolidar un esquema de circulación segura y libre de interferencias, atendiendo tanto a la protección de los ciudadanos como a la integridad de quienes desarrollan esta actividad en condiciones de vulnerabilidad”, sostuvo el funcionario.
Por su parte, desde el ámbito legislativo, la vicepresidenta del Concejo Deliberante, María Victoria Fernández, anticipó que el proyecto será incorporado al temario de la comisión interna, señalando que existe consenso entre distintos bloques respecto a la necesidad de avanzar en una regulación clara sobre la materia.
De aprobarse, la ordenanza configurará un nuevo marco de intervención estatal sobre el uso del espacio público, en un escenario donde confluyen demandas de seguridad, derechos sociales y debates sobre la economía informal.
