Causa Aguada San Roque: el TSJ confirma condenas por la explosión y deja firme la responsabilidad penal de exfuncionarios

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén resolvió ratificar las condenas dictadas en la causa por la explosión ocurrida en la Escuela Albergue N°144 de Aguada San Roque, que en junio de 2021 provocó la muerte de tres personas y expuso graves falencias en la ejecución y control de una obra pública.

A través de resoluciones interlocutorias, la Sala Penal —integrada por las vocales Soledad Gennari y Alfredo Elosú Larumbe— rechazó la totalidad de los recursos extraordinarios presentados tanto por las defensas como por las querellas, dejando firmes las penas y absoluciones establecidas en el juicio oral.

⚖️ Un fallo que consolida la sentencia original

La decisión del máximo tribunal provincial implica la confirmación integral de lo resuelto en febrero de 2025, cuando un tribunal de juicio condenó a cinco personas —en su mayoría exfuncionarios del área de Obras Públicas— por su responsabilidad en los hechos que derivaron en el estallido de gas ocurrido el 29 de junio de 2021.

El fallo también ratifica la absolución del ex subsecretario de Obras Públicas, Roberto Vicente Deza, cuyo sobreseimiento había sido cuestionado por la querella.

Con esta resolución, el TSJ no solo validó las condenas, sino que además descartó la existencia de cuestiones federales suficientes que habiliten la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que en términos procesales marca el cierre del caso en la jurisdicción provincial.

👥 Las condenas confirmadas

Las penas que quedan firmes son las siguientes:

• Sergio Percat (inspector de Obras Públicas): 5 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y 10 años de inhabilitación profesional.

• Diego Bulgheroni (arquitecto): 4 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación por 9 años.

• Carlos Córdoba (director de Obras Públicas): 4 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para cargos públicos.

• Raúl Capdevila (director de Obras Públicas): 4 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.

• Héctor Villanueva (empresario): 3 años de prisión en suspenso.

Pese a la confirmación de las condenas, los imputados permanecen en libertad hasta tanto la sentencia adquiera firmeza definitiva en términos de ejecución.

🔎 Una cadena de responsabilidades

El caso investigó las condiciones en las que se ejecutó la obra de ampliación y mantenimiento del establecimiento educativo. Según lo acreditado en el proceso judicial, existió una sucesión de irregularidades que configuraron un escenario de riesgo extremo.

Entre las principales fallas señaladas por la Justicia se encuentran:

• Certificación de trabajos no finalizados

• Incumplimiento de protocolos de seguridad

• Deficiencias en el control de la instalación de gas

• Habilitación de uso de un edificio en obra

Este conjunto de decisiones fue interpretado por el tribunal como una cadena de responsabilidades que derivó directamente en la explosión.

🕊️ Las víctimas y el impacto social

El hecho provocó la muerte de la docente Mónica Jara (34), del gasista Nicolás Francés (70) y de su sobrino Mariano Spinedi (47), en un episodio que generó una profunda conmoción social y puso bajo cuestionamiento los controles del Estado en materia de obra pública escolar.

El gremio docente ATEN actuó como querellante en la causa, impulsando el proceso judicial.

📊 Un fallo con impacto institucional

La resolución del TSJ consolida un precedente relevante en materia de responsabilidad penal vinculada a la obra pública, al establecer criterios sobre negligencia, control estatal y deber de cuidado en entornos educativos.

Al mismo tiempo, el tribunal sostuvo que no todos los hechos pudieron acreditarse con el grado de certeza requerido en materia penal, lo que explica la ratificación de absoluciones y la decisión de no agravar las penas.

Con el cierre de la instancia provincial, el caso de Aguada San Roque queda inscripto como uno de los más significativos en la historia judicial reciente de Neuquén, tanto por sus consecuencias como por el debate institucional que generó en torno al rol del Estado y la seguridad en las escuelas.