La agenda de seguridad impulsada por el presidente Javier Milei encuentra, en el inicio de 2026, un respaldo social contundente, muy por encima del apoyo que concitan otras reformas estructurales del Gobierno. Así lo revela un reciente sondeo nacional que muestra un consenso mayoritario a favor de endurecer la Ley Penal Juvenil como respuesta al delito.
Según el Informe Público de la consultora Giacobbe, más del 73% de los argentinos se manifiesta a favor de bajar la edad de imputabilidad, una de las principales banderas del discurso oficial en materia de seguridad. El dato refleja una fuerte demanda social de respuestas más severas frente a la delincuencia juvenil, un tema que atraviesa transversalmente a la opinión pública.
El relevamiento detalla que un 63,6% de los encuestados considera que la imputabilidad debería reducirse hasta los 13 años, mientras que un 9,5% avala establecerla en los 14 años. En contraposición, apenas un 20,1% sostiene que debe mantenerse el límite actual de 16 años, vigente en la legislación argentina.
Los números confirman que la estrategia de “mano dura” no solo tiene visibilidad política, sino que también se apoya en un consenso social amplio, en un contexto marcado por la preocupación ciudadana frente al delito y la inseguridad.
Apoyo dispar a las reformas económicas
El escenario cambia al analizar el respaldo a las reformas económicas estructurales promovidas por el Gobierno nacional. Allí, el apoyo aparece fragmentado, con niveles más bajos de adhesión y un porcentaje significativo de indecisos o falta de información.
La Reforma Laboral es la iniciativa con mejor desempeño relativo: un 45,6% de los consultados se manifestó a favor, frente a un 42,7% que expresó su rechazo, configurando un escenario de paridad y debate abierto.
En el caso de la Reforma Tributaria, el apoyo desciende al 36,4%, mientras que un 27,2% se pronuncia en contra y un segmento amplio reconoce no contar con información suficiente para tomar posición, lo que evidencia dificultades del Gobierno para instalar el tema en la agenda pública.
El punto más sensible para la administración Milei es la Reforma Previsional. Solo el 32,1% acompaña los cambios propuestos en el sistema jubilatorio, mientras que un 35,6% los rechaza abiertamente, y el resto manifiesta desconocimiento o indefinición.
Una señal política clara
La encuesta fue realizada a través de dispositivos móviles sobre una muestra de 2.500 casos en todo el país, con un margen de error del +/- 2%, lo que refuerza la consistencia de los resultados.
En conjunto, los datos configuran una señal política nítida: la seguridad aparece como el principal activo del Gobierno en términos de consenso social, mientras que las reformas económicas estructurales enfrentan mayores resistencias, dudas y demandas de explicación.
El desafío para el oficialismo será convertir ese respaldo inicial en políticas sostenibles, sin perder legitimidad en áreas sensibles donde el acompañamiento social es más frágil.
