El presidente Javier Milei habilitó a su mesa política a trabajar en una flexibilización integral del régimen de tenencia y portación de armas de fuego, con el objetivo de ampliar el universo de civiles autorizados a portar armamento en la vía pública. La iniciativa, inspirada en el modelo de Estados Unidos, reabre un debate sensible sobre seguridad, control estatal y derechos individuales.
Según fuentes oficiales, el Ejecutivo evalúa avanzar tanto por vía legislativa como mediante decretos, mientras analiza experiencias regulatorias de cinco países: Estados Unidos, Suiza, República Checa, Italia y Uruguay. En paralelo, el Gobierno impulsa la sanción de un proyecto ya aprobado en la Cámara de Diputados, con aval político de Patricia Bullrich, que aguarda tratamiento en el Senado.
Radiografía actual del sistema de armas en Argentina
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Armas (RENAR) —ex ANMAC—, en el país existen 919.347 personas con Credencial de Legítimo Usuario (CLU), requisito obligatorio para acceder legalmente a un arma de fuego. Sin embargo, más del 65% de esas credenciales se encuentran vencidas, y solo el 11% de los usuarios cuenta con permiso de portación.
El plan oficial contempla:
- regularizar credenciales vencidas,
- agilizar trámites administrativos,
y ampliar el acceso a permisos de portación, actualmente restringidos a fuerzas armadas, de seguridad y casos excepcionales de “uso civil condicional”.
El argumento libertario: menos privilegios, más derechos
En a cúpula del Gobierno sostienen que el sistema vigente reproduce asimetrías y privilegios. Funcionarios con acceso a despachos clave admiten que el objetivo es “reducir el sesgo elitista” que permite a jueces, fiscales, legisladores o altos funcionarios acceder con mayor facilidad a la portación, mientras se limita al resto de la ciudadanía.
En ese marco, figuras relevantes del oficialismo cuentan con permisos activos, como el asesor presidencial Santiago Caputo, quien porta habitualmente una Glock 43X, o el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, usuario de una pistola Bersa TPR9 de fabricación nacional.
“Lo que buscamos es un sistema menos restrictivo y más equitativo”, explican en Balcarce 50.
Bullrich y sus contradicciones públicas
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ocupa un rol central en la estrategia, aunque su posición histórica sobre el tema muestra giros notorios.
En 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que la decisión de portar armas correspondía a la esfera individual. Sin embargo, en plena campaña presidencial de 2023, criticó duramente la propuesta de Milei, advirtiendo que una liberalización podía facilitar el acceso del crimen organizado y derivar en episodios de violencia extrema.
Hoy, ya integrada al esquema libertario, Bullrich acompaña el proceso de desregulación y respalda los cambios en la estructura del RENAR.
Los modelos internacionales en análisis
El Ejecutivo estudia distintos esquemas comparados:
Estados Unidos: la portación está protegida por la Segunda Enmienda. Hay más armas que habitantes (1,2 por persona). En estados como Texas o Florida, la portación oculta se autoriza automáticamente con licencia válida.
Suiza: permite portación con armas registradas y sin antecedentes, con renovaciones cada cinco años.
República Checa: unifica tenencia y portación bajo una misma licencia para defensa personal.
Italia: sistema restrictivo y discrecional, con permisos excepcionales.
Uruguay: régimen de legítimos usuarios regulado por la ley 19.247.
El rol clave del RENAR y la agenda 2026
El Gobierno reconoce que cualquier avance requerirá fortalecer el rol del RENAR, que en los últimos meses:
- Habilitó la compra de fusiles semiautomáticos para civiles,
digitalizó trámites, y redujo de 21 a 18 años la edad mínima para el uso legal de armas. - También se prevén cambios en su conducción, con la eventual designación de Pablo Walter como director ejecutivo, una decisión que se definirá en una mesa política integrada por Bullrich, Alejandra Monteoliva, Santiago Caputo y Karina Milei.
