La polémica surgió luego de que Reina asegurara que la normativa es aplicable y que los diputados tienen la responsabilidad de realizarse los análisis en un plazo de 24 horas, concurriendo a hospitales públicos o privados, debido a que actualmente no están dadas las condiciones técnicas para efectuar los controles dentro de la Legislatura.
Frente a esa postura, Domínguez respondió con ironía y sostuvo que, si ese fuera el criterio, habría que modificar la ley y asignarle presupuesto para construir un laboratorio dentro del recinto legislativo.
“El problema no es que los diputados quieran o no hacerse el examen. La ley es clara: el narcotest debe ser sorpresivo y obligatorio”, señaló el legislador.
Además, remarcó que la norma no establece que la responsabilidad recaiga en cada diputado para gestionar por cuenta propia el análisis, sino que el deber de los funcionarios es someterse a la prueba cada vez que la autoridad competente lo requiera.
Domínguez insistió en que la discusión no pasa por la voluntad de los legisladores, sino por la correcta implementación del mecanismo previsto en la ley, garantizando que los controles se realicen bajo las condiciones establecidas por la normativa.
"Lo bueno es que encendieron las alarmas y nos dimos cuenta que no la estamos aplicando y espero que muy pronto arranquemos con el narcotest, sorpresivo y obligatorio, y si un diputado se niega se le dé como un positivo"
La controversia reavivó el debate sobre la puesta en marcha efectiva de los narcotests en la Legislatura neuquina y sobre quién debe asumir la responsabilidad operativa para garantizar su cumplimiento.
