El gobierno de la provincia del Neuquén avanzó con una licitación pública para la compra de equipamiento de seguridad destinado a la Policía provincial, una inversión que no estaba prevista en el presupuesto 2026 y que demandará un desembolso cercano a los 2.000 millones de pesos.
La medida fue formalizada mediante el decreto N° 1678/2025, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, que autoriza la adquisición de chalecos antibalas, cascos de protección, escudos balísticos y máscaras para gas, orientados al personal que se desempeña en áreas operativas, de seguridad e investigaciones.
De acuerdo al texto oficial, la inversión total asciende a 1.917.480.000 pesos y se ejecutará a través de un procedimiento de licitación pública, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
El equipamiento autorizado contempla la compra de 80 chalecos antibalas con nivel de protección RB4, 300 chalecos antibalas femeninos RB2, 600 chalecos antibalas masculinos RB2, 30 cascos policiales antibalas RB3, 15 escudos de protección balística RB4 y 100 máscaras para gas tipo MSA, destinadas a reforzar las capacidades operativas frente a situaciones de alto riesgo.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo provincial fundamentó la decisión en la necesidad de dotar a la fuerza de seguridad de equipamiento adecuado, con el objetivo de garantizar la correcta prestación del servicio, mejorar las condiciones de trabajo del personal policial y optimizar la capacidad de respuesta ante escenarios complejos vinculados al delito y la investigación criminal.
El decreto también faculta a la Dirección Provincial de Administración del Ministerio de Seguridad a establecer la fecha, hora y lugar del acto de apertura de sobres, mientras que la Dirección General de Compras y Contrataciones será la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio. La norma fue refrendada, además, por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.
Desde el Ejecutivo remarcaron que esta iniciativa se enmarca en el programa de inversión y jerarquización de la Policía del Neuquén impulsado desde el inicio de la actual gestión, una política que apunta a fortalecer el combate contra el delito en general y el narcotráfico en particular, en un contexto de creciente demanda social por mayor presencia y eficacia del Estado en materia de seguridad.
