Redacción
La salida se produce luego de que el proyecto presupuestario enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso dejara expuestas nuevas previsiones de ajuste para el área. La propuesta generó críticas de sectores de la oposición y también malestar dentro del oficialismo, donde hubo cuestionamientos por la falta de información previa sobre algunas de las medidas contempladas.
Entre las voces que expresaron reparos estuvo la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado. Frente a las críticas, el Gobierno reconoció la posibilidad de revisar las previsiones presupuestarias destinadas a Discapacidad para 2027.
En paralelo, el oficialismo en la Cámara de Diputados trabaja en una iniciativa destinada a reemplazar la actual ley de emergencia en discapacidad, aprobada durante el período vigente. La salida de Vilches ocurre, precisamente, mientras se discuten esas modificaciones y el esquema de financiamiento que regirá el próximo año.
La política de discapacidad tiene un alcance transversal y comprende cuestiones vinculadas con salud, educación, transporte, accesibilidad, empleo, protección social, autonomía y participación comunitaria.
Por esa razón, la definición de políticas públicas en la materia requiere coordinación entre distintas áreas del Estado. Las decisiones presupuestarias y legislativas impactan sobre organismos y prestaciones que no dependen exclusivamente de la estructura sanitaria.
El organismo rector de discapacidad tampoco nació originalmente dentro del Ministerio de Salud. Su funcionamiento conserva una dinámica de articulación con distintos organismos públicos y actores sociales vinculados con la temática. La cartera sanitaria interviene dentro de sus competencias y aporta criterios técnicos cuando corresponde, mientras que la definición integral de la política requiere una coordinación interministerial.
Vilches asumió responsabilidades en el área de discapacidad después de la salida de Diego Spagnuolo, quien dejó el organismo luego de la difusión de audios en los que presuntamente se refería a maniobras irregulares relacionadas con la adquisición de medicamentos y servicios.
Médico graduado en la Universidad del Salvador, Vilches cuenta con formación en administración de sistemas de salud públicos y privados. También se desempeña como secretario de Gestión Sanitaria y desarrolló una extensa trayectoria en gestión, auditoría y control de prestaciones.
Entre sus antecedentes figuran funciones como asesor de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, subgerente de Administración de Prestadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) y responsabilidades en la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada Argentina.
También fue director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y asesor de comisiones de salud de la Legislatura porteña y de la Cámara de Diputados de la Nación.
En el ámbito de las obras sociales ocupó cargos de dirección médica en entidades de distintos sectores sindicales y se desempeñó como asesor médico y responsable de prestaciones durante la intervención federal de la obra social del personal de las comunicaciones.
Su actividad profesional se extendió además al ámbito académico. En la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) dictó cursos de auditoría médica, fue docente de la maestría en Gestión de Salud y participó como profesor de la Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad.
En los últimos meses, Vilches adquirió mayor exposición pública por su participación en el examen unificado de ingreso a residencias médicas.
Luego de detectarse un incremento estadísticamente inusual en las calificaciones más elevadas, el Ministerio de Salud dispuso una nueva evaluación para más de 200 postulantes que habían respondido correctamente 86 preguntas o más.
Vilches encabezó la organización de esa instancia, que incorporó auditorías reforzadas, veedores y personal de seguridad. El funcionario había señalado que el procedimiento buscaba preservar el anonimato de los aspirantes y garantizar condiciones uniformes de evaluación.
También había anticipado que la cartera sanitaria analizaba modificaciones al sistema para que las provincias pudieran definir con mayor precisión los perfiles profesionales de salud que necesitan.
La designación de Vilches en el área de discapacidad se produjo en un contexto de movilizaciones de familias y organizaciones vinculadas con personas con discapacidad, que cuestionaron el impacto de las políticas de ajuste y las previsiones presupuestarias para el sector.
En los últimos días, la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, manifestó su preocupación por las consecuencias que podría tener el Presupuesto 2027 sobre el régimen de emergencia aprobado en 2025.
En declaraciones a Radio con Vos, Bassi cuestionó particularmente una eventual modificación del nomenclador de prestaciones.
“Es letal la desregulación del nomenclador”, afirmó Valentina Bassi.
La actriz sostuvo que el sistema actual permite que las personas con discapacidad accedan a terapias y escuelas especiales independientemente de su nivel de ingresos o del tipo de cobertura médica.
“Una persona que no tiene un mango tiene el mismo derecho de acceder a las terapias, o a las escuelas especiales que el que tiene una prepaga premium”, señaló.
Como ejemplo, relató la situación de la institución a la que concurre su hijo y explicó que allí asisten personas con distintos tipos de cobertura, bajo un esquema en el que las entidades deben reconocer los valores establecidos por un nomenclador común.
“Eso es lo que básicamente te garantiza: igualdad, equidad de posibilidades y derechos para todas las personas con discapacidad”, remarcó.
La renuncia de Alejandro Vilches abre ahora una nueva instancia dentro de la Secretaría Nacional de Discapacidad. La definición de su reemplazo quedará en manos del Gobierno, mientras continúan en paralelo la discusión del Presupuesto 2027 y el debate legislativo sobre el nuevo marco para las políticas de discapacidad.
