RedacciónEl Gobierno nacional formalizó ante el Congreso una iniciativa que busca modificar de manera amplia el marco legal relacionado con la defensa de la soberanía argentina, con eje inicial en las actividades de explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y otros territorios y espacios marítimos del Atlántico Sur.
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional ingresó a la Cámara de Diputados y propone reemplazar el régimen vigente desde 2011, que estaba concentrado principalmente en las actividades hidrocarburíferas no autorizadas, por un esquema que abarque el aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables.
El texto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo, y forma parte del paquete de medidas anunciado por el Ejecutivo a comienzos de septiembre en el marco de la disputa por la explotación petrolera en las islas.
Uno de los principales cambios propuestos consiste en extender las sanciones más allá de las empresas que realizan directamente la explotación.
El nuevo régimen alcanzaría actividades relacionadas con recursos naturales en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes, además de involucrar a determinados actores que participen de manera esencial en las operaciones.
Las sanciones administrativas previstas incluyen multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, junto con la posibilidad de suspender o cancelar permisos y habilitaciones.
También se contempla la inhabilitación por períodos de entre cinco y 20 años, con consecuencias que pueden extenderse a la actividad económica de las empresas sancionadas dentro del territorio argentino.
En los casos vinculados con la exploración o explotación de recursos naturales no renovables, el proyecto eleva la respuesta penal y establece condenas de 12 a 20 años de prisión.
Para las actividades de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina, las penas previstas serían de entre 15 y 20 años de prisión.
El esquema también contempla multas que podrían llegar al equivalente de tres millones de barriles de petróleo y extiende determinadas responsabilidades a proveedores que suministren bienes o servicios esenciales con conocimiento del destino de esas operaciones.
La iniciativa establece que los proveedores que participen de las actividades alcanzadas podrían enfrentar penas de entre cinco y siete años de prisión.
En paralelo, las sociedades involucradas podrían quedar sujetas a restricciones para desarrollar actividades económicas o contratar con el Estado.
Entre las medidas previstas aparecen la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años y, en determinados supuestos, la disolución o liquidación de las compañías responsables.
Una empresa alcanzada por una inhabilitación tampoco podría desarrollar actividades económicas en el país durante el período correspondiente y podría perder permisos y determinados beneficios de carácter impositivo o previsional.
El proyecto incorpora además un Régimen de Desistimiento y Regularización, destinado a quienes hayan participado de actividades prohibidas y decidan abandonarlas bajo determinadas condiciones.
La propuesta contempla mecanismos económicos o de reconversión de inversiones hacia actividades lícitas dentro de la Argentina. Según el esquema difundido sobre el proyecto, el cumplimiento de esas condiciones podría tener efectos sobre la acción penal.
El proyecto excede el capítulo específico de Malvinas y plantea una modificación más amplia de la arquitectura estatal en materia de seguridad.
Para ello crea un Sistema de Seguridad Nacional, que integrará áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, cibernéticas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica.
El órgano rector será el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente de la Nación e integrado, entre otros funcionarios, por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía.
La iniciativa busca así establecer una estructura de coordinación transversal entre distintas áreas del Estado frente a amenazas externas.
Otro capítulo del proyecto incorpora procedimientos específicos para responder ante aeronaves consideradas irregulares u hostiles y establece un marco para las intervenciones sobre embarcaciones en espacios marítimos, fluviales y lacustres.
En el caso de los buques, el esquema contempla una secuencia que puede incluir advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia y medidas para inutilizar una embarcación, una vez agotadas alternativas menos lesivas.
El hundimiento queda reservado como una medida militar excepcional frente a un buque considerado hostil y requiere autorización presidencial. A su vez, el proyecto establece que esa herramienta no podrá utilizarse contra embarcaciones civiles como mecanismo policial o sancionatorio.
El proyecto también incorpora un marco para la protección de infraestructura crítica y amplía el concepto de Seguridad Nacional hacia ámbitos que incluyen la economía, la tecnología, el ciberespacio y otros intereses estratégicos del Estado.
Con el ingreso formal de la iniciativa a la Cámara de Diputados, se abre ahora una etapa parlamentaria que deberá determinar el recorrido del proyecto, las comisiones que intervendrán y el cronograma de discusión.
El Ejecutivo busca que la legislación amplíe las herramientas disponibles frente a la explotación no autorizada de recursos en los territorios y espacios marítimos que la Argentina reivindica como propios, pero el texto incorpora además modificaciones de alcance general sobre seguridad, defensa, inteligencia, infraestructura crítica y protección aeroespacial y marítima.
De esta manera, el proyecto que llegó al Congreso no se limita a endurecer las sanciones vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas: propone un nuevo marco integral de Seguridad Nacional cuya discusión quedará ahora en manos del Poder Legislativo.
