Este sábado entró en vigencia el nuevo régimen penal juvenil tras la aprobación de la Ley 27.801, marcando un cambio contundente en el abordaje de los delitos cometidos por menores. La principal modificación de esta normativa radica en la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, permitiendo que los adolescentes a partir de esa edad sean formalmente juzgados, enfrentando penas de hasta 15 años de prisión.
Además de las sentencias dirigidas a los adolescentes, la nueva legislación establece un cambio sustancial que afecta directamente a las familias: a partir de ahora, los progenitores serán civilmente responsables por los actos ilícitos cometidos por sus hijos. Según la norma, el objetivo fundamental es fomentar la responsabilidad legal, pero priorizando siempre la resocialización, integración y educación del menor imputado.
Para los casos en que los adolescentes deban cumplir penas privativas de libertad, la ley exige que serán alojados en dependencias exclusivas para menores, garantizando que no compartan bajo ninguna circunstancia espacios con adultos. Durante este proceso, tendrán asegurado el acceso obligatorio a programas educativos, deportivos y de capacitación laboral.
El nuevo régimen detalla también una serie de penas alternativas a la prisión, orientadas a delitos de menor gravedad. Entre estas opciones figuran las amonestaciones formales, la prohibición de acercamiento a la víctima, la prestación obligatoria de servicios comunitarios y el uso de monitoreo electrónico con rastreador.
La ley prevé que se puede evitar la cárcel en dos escenarios específicos: cuando la condena sea menor a tres años, o si oscila entre 3 y 10 años, siempre y cuando el hecho no implique la muerte de la víctima ni exista grave violencia física o psíquica. Finalmente, se protege estrictamente la identidad del adolescente, prohibiendo la difusión pública de sus datos personales, fotografías o parentesco.
