RedacciónNEUQUÉN. A más de 23 años de la desaparición de Sergio Ávalos, la Justicia Federal abrió una nueva instancia para revisar no solamente qué pudo haber ocurrido con el joven, sino también cómo actuaron las instituciones encargadas de investigarlo desde los primeros momentos.
El nuevo expediente, identificado como “Ávalos 2”, apunta a determinar si durante la pesquisa inicial existieron conductas que pudieran constituir delitos por parte de integrantes de la Policía del Neuquén y de la entonces fiscal provincial Sandra González Taboada.
La investigación analiza, entre otras cuestiones, la posible existencia de encubrimiento, desvío de líneas investigativas u otras responsabilidades penales, aunque ninguna de esas hipótesis implica por sí misma que exista una responsabilidad ya acreditada. Será la Justicia la que deberá establecer qué ocurrió y, eventualmente, determinar responsabilidades individuales.
Como primera medida concreta, fueron convocados a declaración indagatoria los exjefes policiales Osvaldo Almendra y Gustavo Javier Delaloye, quienes en 2003 integraban el Departamento de Seguridad Personal de la Policía neuquina.
Las audiencias fueron fijadas para los días 16, 17 y 18 de septiembre.
La investigación alcanza además a otros integrantes de la estructura policial que tuvieron participación en las primeras diligencias y busca reconstruir qué información manejaron, qué decisiones adoptaron y cuáles fueron las medidas que se realizaron o dejaron de realizar durante los primeros años de búsqueda.
La apertura de “Ávalos 2” constituye una línea judicial diferente de la causa central por la desaparición forzada del estudiante.
El expediente principal tuvo un nuevo impulso en julio de 2026, cuando la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de Pedro Raúl Nardanone, propietario del boliche Las Palmas, y mantuvo a 19 imputados en condiciones de avanzar hacia el juicio oral.
La investigación sobre la actuación de funcionarios y policías durante la primera pesquisa busca, de esta manera, avanzar en un expediente independiente sin interferir en el proceso principal.
La decisión de abrir un legajo separado ya había sido anticipada por la Justicia Federal en julio, con el objetivo de determinar si quienes participaron de la investigación original incurrieron en conductas que pudieran tener relevancia penal.
La diferencia es sustancial: mientras el expediente principal procura establecer las responsabilidades relacionadas con la desaparición forzada de Sergio Ávalos, “Ávalos 2” pone el foco en la actuación de quienes debían investigar qué había ocurrido con él.
Uno de los principales puntos que deberán ser reconstruidos es el modo en que se elaboraron las primeras hipótesis sobre el destino de Ávalos y qué elementos fueron utilizados para sostenerlas.
La querella, representada por los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio, cuestionó particularmente una línea investigativa relacionada con una presunta red de trata que habría trasladado al joven hacia la zona de la Triple Frontera.
Según la posición de los representantes de la familia, esa hipótesis habría adquirido un peso significativo pese a contar —según sostienen— con elementos que consideran insuficientes y habría desplazado otras líneas vinculadas con lo que pudo haber sucedido dentro del boliche Las Palmas.
Se trata, precisamente, de uno de los aspectos que deberá determinar la investigación federal: si esas decisiones fueron producto de una interpretación investigativa equivocada o si existieron acciones deliberadas destinadas a desviar la pesquisa.
La diferencia no es menor desde el punto de vista penal y deberá ser establecida a partir de pruebas.
Entre los elementos que la querella considera relevantes aparecen también los registros de las cámaras de seguridad del boliche Las Palmas.
La familia de Ávalos planteó interrogantes sobre la interrupción de las grabaciones durante la madrugada del 14 de junio de 2003, fecha en la que Sergio fue visto por última vez.
También fueron cuestionados determinados registros internos del establecimiento, entre ellos el libro en el que presuntamente se asentaban episodios de violencia ocurridos dentro del local.
El funcionamiento del sistema de cámaras, la existencia de registros y su eventual preservación o pérdida forman parte de los aspectos que deberán ser reconstruidos para establecer qué información estuvo disponible para los investigadores y qué destino tuvo esa evidencia.
La causa no se limita a los exjefes policiales citados a indagatoria.
El expediente alcanza a distintos integrantes de la estructura de la Policía del Neuquén que cumplían funciones de conducción o intervención durante el período inicial de la investigación.
Entre los nombres mencionados aparecen José Rosas Orellana, Walter Néstor Cofré, Julio Alberto Trepat, Claudio Rogero, Marcos Ariel Guzmán, Emilio Díaz, Diego Hugo Piccioli y Rubén Fabián Rebuffo, además de otros efectivos.
La investigación deberá establecer en cada caso qué responsabilidad funcional tenía cada agente, qué información conocía, qué instrucciones recibió y qué acciones u omisiones pueden ser atribuidas individualmente.
Ese aspecto será determinante para evitar una imputación basada exclusivamente en la pertenencia a una determinada estructura policial.
La responsabilidad penal es individual y debe surgir de conductas concretas, una cuestión que deberá ser definida durante el avance del expediente.
La investigación federal también alcanzó a la exfiscal provincial Sandra González Taboada, quien estuvo a cargo de la pesquisa durante sus primeras etapas.
Su defensa cuestionó los fundamentos de la imputación y planteó, entre otros argumentos, la dificultad de evaluar decisiones adoptadas en 2003 a partir de elementos, hipótesis y conocimientos que surgieron muchos años después.
Otro de los puntos señalados por su defensa es que la hipótesis de la desaparición forzada adquirió formalmente una dimensión diferente recién en 2014, once años después de la desaparición.
González Taboada manifestó públicamente que no tiene nada que ocultar y que se encuentra a disposición de la Justicia para responder por su actuación.
Ahora será el expediente federal el que deberá determinar si las decisiones adoptadas durante aquella primera etapa constituyeron errores propios de una investigación compleja o si, por el contrario, existieron conductas que puedan encuadrarse en algún delito.
Otro episodio que aparece bajo análisis es el traslado de Asunción Ávalos, padre de Sergio, durante los primeros años de búsqueda.
La querella sostiene que se utilizaron recursos provinciales para trasladarlo hasta Paraguay, donde debía entrevistarse con una persona privada de su libertad.
Los representantes de la familia consideran que ese episodio podría haber formado parte de una estrategia destinada a sostener o profundizar determinadas hipótesis sobre el paradero del joven.
La Justicia deberá determinar qué recursos fueron utilizados, quién autorizó el traslado, cuál fue su finalidad concreta y si existió alguna irregularidad en la utilización de fondos públicos.
Sergio Daniel Ávalos tenía 18 años cuando desapareció. Era oriundo de Picún Leufú y estudiaba en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
Fue visto por última vez durante la madrugada del 14 de junio de 2003, en el interior del boliche Las Palmas, en Neuquén capital.
Desde entonces, su familia mantiene una búsqueda que atravesó distintos gobiernos, fuerzas de seguridad, instancias judiciales y cambios de fuero.
Durante años, la investigación permaneció en la Justicia provincial. Con posterioridad, el caso fue encuadrado como una desaparición forzada de persona, lo que permitió su continuidad en el ámbito federal.
En julio de 2025, el juez federal Gustavo Villanueva procesó a 20 personas. Distintas decisiones judiciales modificaron posteriormente esa situación y, en julio de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal dejó a 19 imputados en condiciones de avanzar hacia el juicio oral.
Ahora, mientras esa causa se encamina hacia una instancia decisiva, la Justicia Federal abrió otra puerta.
La relevancia de “Ávalos 2” está en que introduce una segunda dimensión en un caso que durante más de dos décadas estuvo marcado por la incertidumbre.
Ya no se trata únicamente de establecer qué ocurrió con Sergio Ávalos, sino también de determinar qué hicieron las instituciones encargadas de buscarlo y esclarecer su desaparición.
La nueva investigación deberá establecer si las decisiones tomadas durante las primeras horas, meses y años fueron parte de una pesquisa condicionada por errores, limitaciones y falta de información o si, como sostiene la querella, existieron acciones capaces de desviar deliberadamente el camino investigativo.
Las indagatorias de septiembre marcarán uno de los primeros movimientos concretos de este nuevo expediente.
Después de más de dos décadas, la Justicia vuelve a mirar hacia atrás para determinar no sólo qué se investigó, sino también qué pudo haberse dejado de investigar.
Y esa diferencia puede resultar decisiva para reconstruir una verdad que la familia de Sergio Ávalos continúa esperando.
