Un jueves clave para los estatales: ATE y el Gobierno vuelven a la mesa con una discusión que alcanza a 68 mil estatales

La negociación salarial entre el Gobierno de Neuquén y la Asociación Trabajadores del Estado —ATE— ingresará este jueves 30 de julio en una instancia determinante. Tras el cuarto intermedio dispuesto durante la reunión del martes, las partes volverán a encontrarse al mediodía con la expectativa puesta en la presentación de una propuesta económica concreta para el segundo semestre de 2026.

Será el tercer encuentro formal de una discusión que hasta ahora permitió exponer reclamos generales, demandas sectoriales y problemas de funcionamiento dentro de distintos organismos, pero que todavía no logró resolver la cuestión central: qué aumento está dispuesto a financiar el Estado provincial y bajo qué mecanismo se actualizarán los salarios durante el resto del año.

ATE rechaza una propuesta limitada al IPC

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, dejó establecido que la continuidad de la actualización salarial mediante el Índice de Precios al Consumidor —IPC— no resultará suficiente para alcanzar un acuerdo.

“Eso ni está en discusión, aunque lo traigan a la mesa”, afirmó Carlos Quintriqueo al referirse a una eventual propuesta basada únicamente en la inflación.

La organización sindical sostiene que el IPC debe conservarse como mecanismo básico de actualización, pero acompañado por una cláusula de recuperación que permita recomponer el poder adquisitivo perdido. Ese reclamo fue formalizado desde la apertura de la paritaria, cuando ATE planteó que el aumento por inflación debía constituir el punto de partida y no el resultado definitivo de la negociación.

La conducción gremial argumenta que los indicadores oficiales no siempre reflejan con precisión el impacto cotidiano de los precios de los alimentos, los servicios esenciales, los alquileres y otros componentes del costo de vida en Neuquén.

La disputa, por lo tanto, no pasa solamente por mantener una fórmula de actualización, sino por determinar si el Gobierno reconocerá una diferencia adicional destinada a recuperar ingresos reales.

El cálculo que deberá atravesar la decisión política

La elaboración de una eventual oferta se encuentra bajo análisis del equipo gubernamental conducido en la mesa por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, junto con el subsecretario Juan “Joni” Grandi y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano.

Los cálculos fiscales deberán ser evaluados por el ministro Guillermo Koenig y, finalmente, por el gobernador Rolando Figueroa, quien tendrá la responsabilidad política de determinar cuántos recursos puede comprometer la Provincia sin afectar el equilibrio de las cuentas públicas.

“Falta poner el número”, es la definición que resume el momento de la negociación.

El Gobierno ya manifestó cautela frente a los pedidos de recomposición y señaló que cualquier acuerdo deberá ser compatible con la capacidad financiera provincial. Esa posición coloca la discusión en una zona de tensión entre dos objetivos: proteger los salarios estatales y sostener el orden fiscal de la administración neuquina.

La dimensión del compromiso no es menor. La Provincia debe proyectar el impacto de cada punto de aumento sobre una estructura integrada por cerca de 68 mil empleados públicos, contemplando no solamente el salario mensual, sino también adicionales, cargas patronales, aguinaldos y futuras actualizaciones.

Una cifra que puede ordenar toda la estructura estatal

El eventual acuerdo con ATE no tendrá efectos exclusivamente sobre los trabajadores representados por ese sindicato. La cifra que se convalide puede convertirse en un piso o un techo político para el conjunto de la administración pública provincial.

El impacto se extendería desde los agentes de carrera hasta los distintos niveles jerárquicos del Estado, incluidos directores, coordinadores, subsecretarios y ministros, cuyas remuneraciones se encuentran vinculadas directa o indirectamente con la evolución de la pauta general.

En términos presupuestarios, la negociación definirá cuánto deberá destinar la Provincia a su masa salarial durante el segundo semestre. En términos políticos, establecerá qué valor le asigna el Gobierno al funcionamiento cotidiano del aparato estatal y cómo distribuye los recursos disponibles entre salarios, servicios y obra pública.

Los estatales cobrarán este viernes 31 de julio sus haberes con una mejora del 7,25%, correspondiente a la actualización por inflación del segundo trimestre. Sin embargo, ese incremento forma parte del mecanismo acordado para el período anterior y no resuelve la discusión sobre la pauta que regirá hacia fin de año.

Los reclamos que acompañan la discusión salarial

Durante las reuniones anteriores, ATE también incorporó una serie de planteos sectoriales vinculados con el funcionamiento de organismos públicos.

Entre ellos se encuentran los problemas edilicios y de personal en distintas dependencias, los concursos y mecanismos de ingreso, el aumento del valor de las guardias del sistema público de salud, la situación de los trabajadores del Ente Provincial de Agua y Saneamiento —EPAS—, las dificultades en la Dirección Provincial del Registro Civil y la firma de expedientes administrativos pendientes.

Aunque esos temas quedaron asentados en las actas, la resolución salarial continúa siendo el punto capaz de destrabar o profundizar el conflicto.

UPCN y Viales siguen con atención el resultado

La expectativa excede la relación bilateral entre el Ejecutivo y ATE. La Unión del Personal Civil de la Nación —UPCN— y la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales —Unavp— también mantienen abiertas sus respectivas negociaciones y observan la evolución de esta mesa.

UPCN reclamó que las actualizaciones se calculen tomando el índice de inflación más elevado entre la medición provincial y la nacional, además de incorporar una recomposición adicional. El sindicato vial, en tanto, propuso que los aumentos por IPC tengan una frecuencia mensual para reducir el retraso entre la evolución de los precios y su impacto en los haberes.

Una eventual oferta a ATE funcionará inevitablemente como antecedente para esos sectores. El Gobierno tendrá dificultades para presentar esquemas profundamente diferentes entre organizaciones que representan a trabajadores de una misma estructura estatal.

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén —ATEN—, que acordó previamente una pauta de extensión anual, también seguirá el resultado por el efecto político y económico que pueda tener una recomposición adicional para otros empleados provinciales.

Una negociación económica con consecuencias políticas

El encuentro de este jueves no resolverá únicamente la pauta salarial de un sindicato. Lo que está en discusión es la arquitectura de ingresos del Estado neuquino para los próximos meses, el nivel de recomposición que recibirán los trabajadores y el costo que la Provincia está dispuesta a asumir.

Si el Gobierno presenta una cifra, ATE deberá analizarla y eventualmente trasladarla a sus instancias orgánicas para que los trabajadores decidan si la aceptan o la rechazan. Si no existe una propuesta concreta, la negociación podría ingresar en una etapa de mayor presión gremial.

Neuquén llega así a una mesa en la que los diagnósticos ya fueron expuestos, los reclamos quedaron registrados y las posiciones políticas están definidas. Lo que falta es la decisión capaz de convertir los discursos en una propuesta salarial verificable.