Redacción
La tensión entre el Kremlin y las plataformas digitales sumó un nuevo capítulo. Las autoridades rusas anunciaron la emisión de una orden de búsqueda y captura internacional contra Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de Telegram, en el marco de una causa penal en la que se lo acusa de "complicidad en terrorismo".
La medida fue impulsada por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), organismo que sostiene que la aplicación de mensajería habría sido utilizada por los servicios de inteligencia de Ucrania para captar ciudadanos rusos y promover acciones de sabotaje dentro del territorio ruso.
El caso profundiza el enfrentamiento entre Moscú y las plataformas tecnológicas en un contexto marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania y por el creciente control que el Kremlin ejerce sobre el ecosistema digital.
Según informó el FSB, la investigación se centra en la supuesta utilización de un bot de citas denominado "Leo Match", una herramienta que ya se encontraba prohibida en Rusia y que, de acuerdo con la acusación oficial, habría permanecido operativa dentro de Telegram.
Las autoridades sostienen que agentes vinculados a la inteligencia ucraniana se hacían pasar por mujeres jóvenes para establecer contacto con hombres rusos, generar vínculos de confianza y posteriormente extorsionarlos.
De acuerdo con la versión difundida por los organismos de seguridad rusos, el objetivo final era presionar a las víctimas para que participaran en actividades calificadas por Moscú como terroristas o de sabotaje.
Hasta el momento, Telegram no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones.
El FSB aseguró que la presunta operatoria ya derivó en la detención de 46 ciudadanos rusos, de entre 12 y 22 años, arrestados desde julio de 2025 en distintas regiones del país.
Según la investigación oficial, los detenidos están acusados de participar en ataques contra integrantes de las fuerzas de seguridad y de ejecutar acciones de sabotaje sobre infraestructuras consideradas estratégicas, entre ellas instalaciones energéticas y redes de transporte.
Las autoridades rusas no difundieron pruebas públicas que respalden estas acusaciones en el anuncio de la orden de captura.
Si bien Moscú confirmó la emisión de una orden de búsqueda internacional contra Durov, el Kremlin no precisó cuáles serán los mecanismos para solicitar la colaboración de otros países ni explicó el alcance jurídico del requerimiento.
Por su parte, los abogados del empresario en Francia optaron por no realizar declaraciones tras conocerse la decisión de las autoridades rusas.
Durov, de 41 años, ya enfrenta un proceso judicial en territorio francés y recientemente fijó residencia en Georgia, situación que vuelve aún más complejo cualquier eventual procedimiento internacional.
La decisión también expone una situación paradójica dentro de Rusia.
Aunque el Gobierno acusa a Telegram de representar una amenaza para la seguridad nacional, la plataforma continúa siendo uno de los principales canales de comunicación utilizados por organismos estatales, ministerios, fuerzas de seguridad e incluso por el propio Kremlin, además de millones de ciudadanos.
Esta dependencia convive con una política cada vez más restrictiva sobre el uso de plataformas digitales desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.
En ese marco, Moscú también incrementó las limitaciones sobre otras aplicaciones occidentales, entre ellas WhatsApp, argumentando razones vinculadas con la seguridad nacional.
Las diferencias entre Pavel Durov y el Gobierno ruso no son recientes.
En 2018, las autoridades intentaron bloquear masivamente el funcionamiento de Telegram en todo el país, luego de que la empresa se negara a entregar claves de cifrado solicitadas por los organismos de seguridad.
Sin embargo, la medida resultó técnicamente ineficaz y terminó siendo revertida, permitiendo que la aplicación continuara operando en Rusia.
La nueva ofensiva judicial marca un nuevo escalón en la disputa entre el Kremlin y uno de los empresarios tecnológicos más influyentes del mundo, en un escenario donde la seguridad, la privacidad digital y el control de las plataformas se han convertido en un frente más del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. (Las acusaciones corresponden a la versión presentada por las autoridades rusas y no constituyen hechos judicialmente probados.)
