Un cambio inédito: las empresas deberán acreditar capacitación en Ley Micaela para contratar con el Estado
Redacción
En un paso inédito dentro de las políticas de contratación pública, el Gobierno de Neuquén incorporó por primera vez una cláusula de género en el pliego de una licitación oficial. La condición fue aplicada al proceso de contratación del servicio de limpieza del Polo Integral de Mujeres y Diversidades, donde las empresas interesadas debieron acreditar que el personal destinado a cumplir funciones recibió capacitación en el marco de la Ley Micaela.
La iniciativa representa un nuevo enfoque en las compras y contrataciones estatales, al incorporar criterios vinculados con los derechos humanos, la igualdad de género y la prevención de las violencias, además de los tradicionales requisitos técnicos y económicos.
La capacitación en Ley Micaela, un requisito para prestar servicios
La cláusula establece que todo el personal asignado al servicio deberá haber completado los talleres de formación sobre Ley Micaela, con el propósito de garantizar que quienes desarrollen tareas dentro del Polo Integral cuenten con herramientas para promover un ambiente basado en el respeto, la igualdad, la empatía y el trato adecuado hacia las personas que concurren al espacio.
Desde el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos informaron que 24 trabajadores pertenecientes a las tres empresas que participaron de la licitación completaron dos jornadas intensivas de capacitación, desarrolladas en dos turnos y dictadas por el equipo técnico de la Secretaría de Mujeres y Diversidad.
La formación abordó contenidos vinculados con la perspectiva de género, prevención de las violencias y construcción de ámbitos laborales respetuosos e inclusivos.
Una política que busca elevar los estándares de las contrataciones públicas
La secretaria de Mujeres y Diversidad, Lorena Barabini, destacó el alcance institucional de la medida y afirmó que el Estado tiene un rol clave en la promoción de prácticas más inclusivas también dentro del sector privado.
"El Estado provincial tiene la capacidad y la responsabilidad de traccionar al sector privado hacia estándares más altos de derechos humanos. Al incorporar cláusulas de género en las licitaciones públicas, impulsamos a las empresas locales a modernizar sus prácticas, revisar sus sesgos y comprometerse activamente con la igualdad de oportunidades", expresó Lorena Barabini.
La funcionaria sostuvo además que la aplicación de este criterio trasciende el cumplimiento administrativo y busca consolidar una cultura institucional basada en la igualdad.
"La Ley Micaela no puede ser un requisito administrativo exclusivo de quienes firman decretos; debe ser una práctica viva que alcance a cada rincón donde el Estado interactúa con la ciudadanía. Con esta medida, el Polo Integral de Neuquén no solo será un edificio seguro por el trabajo de sus profesionales, sino por la cultura institucional de toda la comunidad que lo sostiene día a día", remarcó Barabini.
Una nueva mirada sobre las políticas públicas de género
La incorporación de esta cláusula representa un antecedente para futuras licitaciones provinciales, al integrar la perspectiva de género como un criterio de calidad institucional dentro de los procesos de contratación del Estado.
La iniciativa se enmarca en las políticas que impulsa el Gobierno provincial para fortalecer la protección integral de las mujeres, prevenir las violencias por motivos de género y promover espacios públicos más seguros e inclusivos.
Además de garantizar la prestación de un servicio, la medida apunta a que quienes interactúan diariamente con personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad cuenten con herramientas que favorezcan un trato respetuoso, libre de discriminación y con perspectiva de derechos.
La decisión posiciona a Neuquén como una de las primeras provincias en incorporar criterios de género dentro de los procesos licitatorios, ampliando el alcance de las políticas públicas más allá de la administración estatal y promoviendo un compromiso compartido entre el Estado y el sector privado.
