Milei elimina subsidios a empresas por pasajes gratuitos para personas con discapacidad y niños con cáncer
El gobierno de Javier Milei oficializó este martes la eliminación del régimen de compensaciones económicas que el Estado nacional destinaba a empresas de transporte automotor de larga distancia por la emisión de pasajes gratuitos para personas con discapacidad, personas trasplantadas, pacientes en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y representa un nuevo avance del proceso de reducción del gasto público impulsado por la administración libertaria.
El esquema derogado contemplaba compensaciones parciales para las compañías de transporte interjurisdiccional que debían garantizar boletos sin cargo en cumplimiento de distintas normativas nacionales vinculadas a derechos sanitarios y de inclusión social.
Con la nueva disposición, las empresas deberán continuar otorgando los pasajes gratuitos obligatorios, aunque dejarán de recibir reintegros económicos por parte del Estado nacional.
El texto oficial aclara que:
“La medida no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad”, el cual permanece “plenamente vigente y exigible”.
Sin embargo, la decisión generó preocupación en sectores vinculados a la discapacidad, la salud y el transporte, debido al posible impacto económico sobre las empresas y las eventuales dificultades futuras para garantizar el acceso efectivo a los pasajes gratuitos.
La resolución sostiene que el régimen anterior había sido diseñado en un contexto de fuerte regulación estatal sobre tarifas y servicios, y que su finalidad era “mitigar desequilibrios económicos” derivados de la obligación de otorgar boletos sin costo.
Además, el Gobierno recordó que, tras la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, las compañías de transporte quedaron habilitadas para:
“Determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios”.
La eliminación del fondo se produce en medio de un escenario de fuerte aumento en las tarifas del transporte público y de creciente presión sobre el costo de vida.
En ese contexto, un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina advirtió que el boleto mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires acumuló incrementos de hasta 1.545% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
El estudio también remarcó que las subas tarifarias avanzaron por encima de la inflación y de la evolución del salario mínimo, alterando significativamente la estructura del gasto mensual de los hogares argentinos.
Según el relevamiento de CEPA, mientras en diciembre de 2023 una persona que percibía el salario mínimo destinaba alrededor del 2,6% de sus ingresos al transporte, en abril de 2026 ese porcentaje escaló hasta el 17,3%.
La resolución reabre el debate sobre el alcance del ajuste fiscal en áreas sensibles y el rol del Estado en el sostenimiento de políticas de asistencia vinculadas a derechos esenciales, especialmente en sectores de alta vulnerabilidad sanitaria y social.
